Katherine Escalona M.

Por segunda vez el Juzgado de Garantía de Viña del Mar accedió a la solicitud presentada por las respectivas defensas de los imputados por el homicidio del empresario Alejandro Correa (60), perpetrado el año pasado en el frontis de la casa de la víctima, ubicada en Bosques de Montemar, en Concón, y reprogramó la audiencia de preparación del juicio oral que se iba a llevar a cabo ayer. La nueva fecha fue fijada para el 13 de mayo.

La solicitud de los representantes de los implicados -Melissa Palma, pareja del hombre sindicado como autor material del asesinato de Correa; Renato López, autor intelectual del hecho, quien habría pagado para matar a la víctima, y Víctor Gutiérrez, quien disparó al empresario por encargo afuera de su domicilio- estuvo centrada en que no hubo acceso total a la carpeta investigativa, antecedentes que tenía que dar cuenta la Fiscalía.

"Se solicitó la reprogramación de los defensores de todos los imputados y el tribunal accedió a la misma, no habiendo oposición de los demás intervinientes. El fundamento principal dice relación con que no se tenían los antecedentes de la carpeta investigativa por parte de los defensores para poder realizar de manera efectiva la audiencia", afirmó el juez Felipe Contreras Bianchi.

Falta de información

En la audiencia, que duró 45 minutos, el defensor de Melissa Palma, Andrés Roldán, fue quien puso en discusión la falta de antecedentes por parte del Ministerio Público a la defensa. El abogado precisó que "esta defensa va a solicitar la suspensión de esta audiencia, toda vez que como se indicó con fecha 18 de marzo, que se suspendió por el mismo hecho, en orden a que las copias de las carpetas investigativas estaban incompletas".

El jurista explicó que si bien después del 18 de marzo se canalizó la información con el fiscal de la causa, Stefan Kramar, quien habría solicitado pendrive y CD para la entrega de información, esta no se pudo concretar ya que "por falta de personal de la Fiscalía lo tenía que hacer de forma personal", situación que aún no se ha hecho efectiva.

Ante esto, la defensa de Gutiérrez, abogado Cristofher Veas, argumentó que el 4 de abril se comunicó de la situación y "el 8 abril recepcionamos cinco archivos de un total de 1.848 páginas", pero "además nos falta parte de la carpeta investigativa". Mientras, el abogado de López, Héctor Petit, precisó que se encontraron cinco archivos en formato PDF, pero la investigación tenía registros de audios, antecedentes que no estaban. "Fue parte de la investigación, pero no entregado a la defensa", esgrimió Petit, por lo que solicitó la entrega de los audios de manera completa.

El fiscal Kramar reconoció que en el caso de Palma, sí ingresó un escrito de solicitud la semana pasada y, por ello, "está pendiente la entrega de soportes de CD con información específica que él solicitó en un escrito", lo que se entregaría de manera personal.

Pero el fiscal precisó que en el caso de Gutiérrez la defensa no habría manifestado la falta de antecedentes; y respecto a López, "también le fueron enviados los antecedentes que ya se habían entregado con los soportes respectivos". Por esto pidió informar sobre los antecedentes faltantes, que serían entregados, y no se negó a la solicitud de las defensas.

Cuestionan querellas

Además, en la audiencia el abogado Ernesto Ardiles, defensor del imputado Claudio Riveros -quien trasladó a Gutiérrez hasta Concón y tenía en su poder el arma del crimen-, solicitó la exclusión del caso de las querellas de la Municipalidad de Concón y la Intendencia por "falta de cuerpo normativo que le permita al interviniente llevar querella en este tipo de casos".

Esto no fue aceptado por el juez Contreras, quien informó que ambas fueron declaradas admisibles y sí eran parte del proceso. Al respecto, el abogado municipal, Gonzalo Galdames, precisó que "ellos argumentaban que no teníamos legitimación activa, que no éramos titulares de la acción penal para poder querellarnos, pero mi argumentación fue que era una petición extemporánea, que había prescrito la posibilidad para solicitar la exclusión y que la ley sí nos faculta para poder accionar, puesto que hay un interés relevante de la comunidad en ese sentido".

Sobre el proceso y suspensión de audiencias, Valentina Correa, hija de la víctima, manifestó que "los tiempos de la justicia no siempre coinciden con los procesos de duelos y reparación de las familias. Pese a ello, nosotros confiamos y respetamos el proceso penal. Confiamos y esperamos que la audiencia no sea pospuesta nuevamente".

"No se tenían los antecedentes de la carpeta investigativa por parte de los defensores".

Felipe Contreras, Magistrado del Juzgado Garantía de Viña del Mar

Ayer hubo barricadas en la entrada de la Refinería Aconcagua, en Concón, pero no de los trabajadores directos de la empresa estatal, sino que de operadores de una empresa contratista, quienes no llegaron a un acuerdo con su empleador por mantenimiento en la planta, que se suspendió por la pandemia.

El presidente del sindicado Sinami (Sindicato Interempresa Nacional de Trabajadores de Montaje Industrial), Robert Saldía, explicó que "nosotros estábamos en un proceso de negociación con Einex, que es un contratista de la refinería, por el trabajo de un paro de planta que iba a haber en Concón, el que se suspendió por la pandemia. Como se suspendió, la empresa desconoció los avances que teníamos".

Agregó que "solicitamos, más allá de los acuerdos alcanzados, que producto del paro de planta la empresa compensara en algo a los trabajadores que iban a estar en el proceso, que se traduce en una indemnización de un mes de sueldo, y la empresa se ha negado, no así otra empresa que sí canceló, pese a que nosotros con ellos no habíamos llegado a negociación". La situación afecta a un total de más de 150 trabajadores.

Empresa

Desde Einex informaron que "hemos cumplido todas nuestras obligaciones legales con los colaboradores que desempeñaban funciones en esta obra, cuyo contrato de ejecución fue suspendido por la empresa mandante, ante lo cual estamos impedidos de continuar faenas hasta nuevo aviso".

Precisaron que por esto "nos vimos obligados a poner término a los vínculos laborales con los trabajadores que contratamos exclusivamente para el desarrollo de esta obra" y aclararon que hubo negociaciones por 15 días, en las cuales ofrecieron diversos beneficios, pero "todo esto fue rechazado por los trabajadores". Además, afirmaron que los manifestantes corresponden a un "grupo minoritario".

"Solicitamos (...) que producto del paro de planta la empresa compensara en algo a los trabajadores que iban a estar en el proceso".

Robert Saldía, Pdte. Sindicato Sinami

Como "Un paso más". Así calificaron el diputado Andrés Longton (RN); la gobernadora de Marga Marga, Carolina Corti, y la seremi del Medio Ambiente, Victoria Gazmuri, la reunión sostenida con miras a la instalación de una nueva estación de monitoreo de calidad del aire para la zona de Marga Marga.

El parlamentario sostuvo que "nos reunimos para efectos de revisar los avances que han existido en atención a reponer de la Estación de Monitoreo de Calidad del Aire de la comuna de Quilpué, que dejó de operar el año 2016. Se están haciendo intensas gestiones para que vuelva a operar en esta zona, tanto por parte de la Gobernación como desde el Ministerio del Medio Ambiente".

En tanto, la seremi Gazmuri apuntó que "ya hemos levantado un informe de sitios potenciales para el emplazamiento de una estación de monitoreo de calidad del aire en la comuna de Quilpué. Nuestro equipo técnico trabaja en la selección de este sector, el cual debe reunir todas las condiciones y características necesarias para ser clasificada como una estación de monitoreo con representatividad poblacional".

Sobre la ubicación de la estación, Longton afirmó que las labores están avanzadas, por lo que se espera tenerla en un corto plazo operativa, y así un control certero respecto a si las normas de calidad del aire se están cumpliendo en una provincia que ha tenido un gran crecimiento demográfico.