Más de un millón 500 mil solicitudes para acceder al Bono Clase Media han sido aprobadas, pero otras 130.000 personas han decidido apelar, tras no haber sido calificadas por el sistema para obtener el beneficio estatal. Así, la buena noticia para quienes han sido aceptados es matizada por el desencanto de quienes les ha sido rechazado.

En una columna periodística la economista Andrea Repetto sostiene que "la forma de entregar apoyo a las familias ha sido confusa y llena de requisitos. Por cierto, ello se ha ido reparando en la medida que pasan los meses y progresa la crisis. Pero desde el punto de vista de las familias, los apoyos siguen siendo de difícil comprensión". Y agrega que "a las propias autoridades les cuesta describirlos (los apoyos) cuando se les pregunta por ellos en los medios". Parece ironía, pero es una realidad.

La economista recoge, además, una información del Banco Mundial que cifra en dos millones los integrantes de la clase media que han retrocedido a la vulnerabilidad.

Sin quedarse en las causas de esta caída y de quienes están al borde del abismo de la pobreza, hay que insistir en la urgencia de apoyar a ese sector que conforma el motor social y también económico del país.

Por lo anterior es bienvenido el bono, pero hay que tener cuidado con la tacañería, los requisitos con letra chica e incluso con el muchas veces desconocido medio digital para postular. La alfabetización digital es compleja y no es obligatoria.

Ante los rechazos existe la posibilidad de una apelación, en tanto la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, sostuvo que "estamos sumando 1.300.000 personas jubiladas, pensionadas de diferentes sistemas, que también van a recibir un bono de $100.000 de forma automática y no es necesario que accedan a la plataforma". Promete la ministra que en los próximos días llegarán beneficios para el sector transporte y que se estudia una nueva herramienta para quienes no califican en el bono clase media.

Paralelamente está dando vueltas el polémico proyecto del tercer retiro de fondos previsionales. Ante el recurso de ir al Tribunal Constitucional que anuncia La Moneda, el diputado Jorge Duran (RN), oficialista por consiguiente, proyecta una iniciativa de un cuarto retiro.

El problema económico que golpea a la gente es una realidad, una realidad creciente en que los apoyos, que son múltiples, no logran una solución efectiva a las diarias carencias que extienden la vulnerabilidad a sectores medios que, más allá de los problemas propios de la contingencia de la vida diaria, están afectados por la pérdida de empleos o caída en los ingresos, llegando hasta la amenaza del hambre.

El cuidado de las cuentas fiscales es necesario, pero el cuidado en la entrega de ayudas a las familias no puede significar lentitud ni exigencias más allá de lo razonable. El viejo dicho advierte que "los cuidados del sacristán mataron el señor cura". Sabiduría pura.

Una de las preguntas fundamentales que sigue pendiente en torno al proceso constituyente es cómo vamos a llevar a cabo dicho proceso y qué modalidades de participación de la gente considerará en su desarrollo. Me parece que el modo como redactaremos la nueva Constitución es fundamental, tanto como los contenidos que quedarán definitivamente consagrados en ella. Si una Constitución define los modos cómo se distribuye el poder en una sociedad, la manera cómo se organiza su redacción no es neutral para ello, porque expresa en la práctica cómo se estructura dicho poder en esta sociedad; y por lo tanto, a mi juicio, debe ser la primera disputa del proceso constituyente.

La definición del poder nos plantea el problema de la relación entre representantes y representados durante el proceso constituyente y el debate sobre la legitimidad de la nueva Constitución. Desde mi perspectiva, el desafío de este proceso es cómo los representantes de la Convención Constitucional establecerán un vínculo efectivo con los representados de modo que la fuerza social que le dio origen al proceso constituyente no se disipe y se pierda. Estoy pensando concretamente en cómo se va articular el trabajo de la Convención con los cabildos y asambleas territoriales, con las organizaciones sociales, instituciones académicas y actores de la sociedad civil. Cómo se va integrar la visión de los y las jóvenes, probablemente los principales protagonistas de la revuelta social que posibilitó el proceso constituyente, pero también cómo se va dialogar con niños, niñas y adolescentes, con adultos mayores, etc.

Lo que planteo es la necesidad de que el proceso constituyente sea capaz de insertarse en las múltiples articulaciones y agenciamientos que existen autónomamente por los distintos ámbitos de lo social y que vienen dinamizando la realidad política chilena desde mucho antes del llamado "estallido social". Para ello, sin embargo, el proceso constituyente debe invertir la relación tradicional entre "táctica" y "estrategia", de modo que "la estrategia" -es decir, las definiciones políticas de largo plazo- se defina a partir del diálogo con el movimiento, la colectividad, la comunidad; mientras que "la táctica" -es decir, la operacionalización específica de aquello que define la estrategia- la asuman quienes nos representen en la Convención y los equipos técnicos que los asesoren.

Es obvio que no es posible asegurar que la nueva Constitución refleje íntegramente todo lo que pensamos sobre el futuro de nuestro país, pero el proceso constituyente sí debe asegurar que todos y todas nos reconozcamos en la deliberación política de ese proyecto de país. Los y las constituyentes que sean electos en la próxima elección deben asumir que la construcción de este nuevo Chile ya comenzó en octubre del 2019 y que ellos tienen el desafío de generar los mecanismos institucionales para que esa experiencia colectiva se exprese en la discusión constitucional. No hacerlo supondría que muchos y muchas no se reconocieran en el proceso y que, por lo tanto, la nueva Constitución no logre transformarse en el marco de convivencia legítimo que requerimos para un nuevo ciclo histórico en nuestro país.