"El público ignora que el sistema penal chileno es bastante severo"
Con un 88% de los votos válidamente emitidos, el profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, José Luis Guzmán, fue electo como presidente del Instituto de Ciencias Penales de Chile, del cual es parte desde 1993, mientras que hace siete años es parte de su directorio.
El docente de la casa de estudios porteña -quien también preside el departamento de Derecho Penal de la Escuela de Derecho,entre otras varias actividades-, asegura que su elección es "un reconocimiento al trabajo desinteresado, constante y tenaz por la corporación y el penalismo chileno en general".
"Pero lo que me emociona realmente es que soy el primer presidente venido de regiones, y nada menos que del querido y viejo puerto de Valparaíso. Como crecí y trabajo en la UV, lo siento también como un reconocimiento a mi Escuela y Facultad de Derecho", reconoce el abogado.
Entre los principales retos que tiene en su nuevo cargo está el "recuperar la sede institucional o adquirir otra más moderna", así como "ampliar y diversificar nuestras actividades de investigación y divulgación científica".
"Afortunadamente, tenemos cada vez más asociados, y en creciente número, criminalistas mujeres. Este interés debiera continuar si seguimos trabajando como lo hemos hecho", sostiene.
- ¿Cuáles son los principales desafíos del derecho penal en Chile actualmente?
- El principal desafío del derecho penal chileno consiste en darse un nuevo Código Penal, una vez que sea aprobada la nueva Constitución. No antes, porque tanto el sistema de penas como los delitos en particular suponen ciertas definiciones valorativas básicas, que provienen de la Constitución.
ANálisis de actualidad
- ¿Cómo evaluaría a la gran reforma penal que vivió el país, que ya tiene 21 años? Lo pregunto a propósito de que mucha gente la encuentra garantista con los imputados.
- La reforma penal propiamente dicha ha carecido de un hilo conductor; se ha realizado a trompicones y, en general, bajo la equivocada creencia de que más penas significa menos delitos. Por lo demás, el público ignora que el sistema penal chileno es bastante severo. Tampoco es efectivo que exista algo así como una "puerta giratoria". Al contrario, tenemos un número inmenso de personas privadas de su libertad, que satisfacen además penas larguísimas. Por su parte, la reforma procesal penal, al principio bien orientada (con el Código procesal penal de 2000), ha sufrido después la misma suerte de la reforma penal propiamente dicha.
- ¿Cree que falta una mejor asesoría penal hacia las víctimas de delitos? Hay una iniciativa legal en ese ámbito, ¿cómo cree que debería abordarse este tema?
- Las víctimas de los delitos no carecen de asistencia. El Ministerio Público posee una unidad de atención de víctimas que, dentro de la limitación de los recursos, hace todo lo que puede por protegerlas. En todo caso, la asistencia que puede prestarles el sistema penal es muy limitada, porque aquí está en juego el proceso penal, nada más. Su asistencia psicológica, social, etc., debe ser tarea de otros órganos del Estado y otros sectores del ordenamiento jurídico.
- Cada cierto tiempo, según los casos contingentes, surgen peticiones de aumentar sanciones penales, por ejemplo, para violadores. ¿Cómo observan esos procesos? ¿Sirve el aumento de penas de forma específica? ¿Está de acuerdo cómo el Congreso enfrenta esos temas?
-El aumento de las penas carece de poder preventivo de los delitos, especialmente los más graves, que son producto de pasiones y otras situaciones en que no operan los cálculos de la razón. La prevención de los delitos convencionales (hurtos, robos, lesiones, daños, tráfico de drogas, etc.) es tarea de la policía; la de los delitos económicos, incumbe a reglas y autoridades administrativas operantes y eficaces. En lo penal, sólo podemos ofrecer para el efecto procedimientos rápidos y sanciones que, aun siendo prudentes y compatibles con el sentido de humanidad, se apliquen efectivamente.
- Relacionado con lo mismo, cada cierto tiempo surge el debate sobre la pena de muerte. ¿Está de acuerdo con su reposición?
- La pena de muerte está prohibida en la mayoría de los países del mundo, y en los de América por el Pacto de San José de Costa Rica desde 1969. No es jurídicamente posible reintroducirla sin exponernos al riesgo de quedar marginados del sistema interamericano de derechos humanos. Es una pena inhumana, la más inhumana de todas.
"El aumento de las penas carece de poder preventivo de los delitos, especialmente los más graves, que son producto de pasiones y otras situaciones en que no operan los cálculos de la razón".