Criminal explotación de crisis habitacional
El brutal homicidio de un empresario propietario de un predio tomado, revela la acción de siniestros promotores inmobiliarios. Pero si la justicia es lenta, la ocupación de los terrenos en Quilpué del propietario asesinado ha avanzado con rapidez, buscando la meta de toda toma, que es convertirse en un hecho consumado sin vuelta atrás ante la indiferencia de la autoridad.
El dramático caso de la creciente falta de viviendas se cruza con las tomas de terrenos y la delincuencia que explota una necesidad real. El caso del brutal homicidio por encargo cometido en Concón, en que la víctima fue el empresario Alejandro Correa, propietario de un terreno en Quilpué ocupado ilegalmente, revela la gravedad de esta situación y la impunidad con que operan quienes sacan dividendos de esa carencia. En el plano judicial la audiencia del caso en que se presentarán cargos contra los implicados en el crimen, el sicario colombiano y el autor intelectual del homicidio, se ha postergado para el 13 de mayo. Se cumple así justamente un año de la muerte de Alejandro Correa y la investigación sigue dando vueltas sin una sentencia, contundente según se espera dada la gravedad de los hechos. Pero si la justicia es lenta, la ocupación de los terrenos del empresario ha avanzado con rapidez, buscando la meta de toda ocupación, que es convertirse en un hecho consumado sin vuelta atrás.
El director de obras de la Municipalidad de Quilpué, Joan Saavedra, sostiene que denunció a la seremi de Vivienda, Evelyn Mancilla, las edificaciones ilegales levantadas en el predio de Correa. Sostiene el funcionario que el Ministerio está facultado para ordenar la demolición de las construcciones levantadas ilegalmente con el auxilio de Carabineros. Sin embargo, la mencionada funcionaria desestima ese procedimiento, afirmando que "los dueños del inmueble deben ejercer una acción civil, a través de un proceso sumario a fin de que un tribunal ordene el lanzamiento de los ocupantes". Es decir, los deudos deben iniciar un procedimiento legal de alto riesgo, pues tiene como antecedente, precisamente, un brutal asesinato. Profundizando en la gravedad del tema, Iván Poduje, arquitecto, integrante del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, cita en artículo periodístico un reciente reportaje televisivo, en el que se da cuenta de la ocupación ilegal ocurrida en Quilpué. Afirma que ya son 100 las viviendas allí instaladas, en sitios de 450 metros cuadrados, con casas de dos pisos, paneles solares y estacionamientos para autos. "Es decir, nada parecido a los campamentos vulnerables que abundan en Valparaíso y Viña del Mar", advierte.
Agrega que "la familia Correa ha sido abandonada a su suerte y debe mirar con indignación como siguen entrando autos y camiones a su propiedad". Indica además que hechos similares se han registrado en Isla Negra y San Antonio. Así, se sigue maltratando el estado de derecho y, a la vez, con actitudes delictuales mediando la actuación de sicarios, se afecta la causa justa de quienes demandan una solución para su problema habitacional, mientras la indiferencia oficial favorece la acción de siniestros promotores inmobiliarios.