Katherine Escalona M.

Tras una discusión entre el presidente del Concejo Municipal y la administración, finalmente ayer, atendidas las consultas del área jurídica del municipio de Valparaíso, se accedió al ingreso a la sesión del encargado de Inspectoría Urbana, Claudio Sepúlveda, funcionario que fue invitado por el edil Iván Vuskovic (Ind.) para aclarar su traslado dentro de la casa consistorial porteña y cómo se encuentra la Inspectoría Urbana.

Las declaraciones vertidas por Sepúlveda -de quien informó la administración había un sumario en curso, pero que no se ha notificado al funcionario, según éste afirmó- son graves y revelan una precaria situación laboral dentro de la entidad municipal que cuenta, para toda la ciudad, con solo ocho funcionarios en terreno.

Sepúlveda evidenció que en su departamento, donde se encuentra actualmente tras presentar un recurso de reposición por el traslado al rodoviario de Valparaíso, hay sobrecarga laboral, se han detectado contagios de covid y han existido presiones y situaciones irregulares en fiscalización.

"No tengo idea de qué traten esos sumarios y si estoy en sumario. Por eso, las cosas que dé cuenta acá están totalmente ajustadas a la realidad, no quiero interferir en ningún tipo de sumario. Pero sí me parece bien justo que me pueda expresar, porque estos días han sido realmente de injusticia, he recibido hasta amenazas por WhatsApp de números desconocidos", afirmó el encargado de Inspectoría Urbana.

Ocho inspectores

Frente a la duda de los ediles de cómo opera esa unidad, Sepúlveda detalló que nunca han dejado de trabajar pese a la pandemia. El total de funcionarios son aproximadamente 25, pero en noviembre del año pasado, explicó, se confirmó que hasta octubre quedaban cinco operativos, porque los demás trabajadores estaban con decreto por pandemia.

Puntualizó que los inspectores en terreno a esa fecha estaban sometidos a presión por el covid y fricción interna, situación que se denunció en noviembre del año pasado a gestión de personal y la administración. Se pidió PCR periódico y evaluación de la salud mental de los trabajadores, "cuestión que no ha sido abordada hasta ahora", precisó.

Después de ese hecho, Sepúlveda manifestó que se fue de vacaciones y al llegar, el 12 de abril, se enteró de denuncias. Entre ellas, dijo, "tomó conocimiento formal de que una funcionaria, estando con decreto, fue a trabajar en el periodo de mis vacaciones. En ese periodo se contagió con covid y contagió a su madre. Su madre falleció".

Reconoció, además, que "es complejo el trabajo que está desarrollando Inspectoría, sobre todo después del estallido social y de la pandemia, porque la gente está muy reacia a recibir cualquier tipo de fiscalización" y aseveró que "hay hoy día en Inspectoría ocho inspectores haciendo el trabajo de fiscalización, cuatro que se encuentran en terreno (...) y cuatro funcionarios que están hoy día en las calles, en el plan de Valparaíso". Recalcó que de los inspectores en terreno, tres son nuevos. Entraron a fines del año pasado.

Además, Sepúlveda añadió que el 13 de abril se iba a realizar una clausura de un local que "estaba funcionando sin patente comercial y abastecía al comercio ilegal" en pleno centro porteño, pero recibió diversos llamados para evitar la situación, a lo que no accedió. Cree que eso fue uno de los motivos de su traslado.

Agregó que por un tiempo los trabajadores tuvieron que cubrir turnos en el aparcadero municipal porque no había guardias e incluso prestar apoyo en el Mercado Cardonal por reestructuración, lo que ha generado -entre otras funciones- una sobrecarga laboral. Aseveró que los audios del alcalde por fiscalizaciones en la subida Ecuador, donde informaba que iba a tomar medidas en el departamento, "causó molestia".

Concejales

Ante lo expuesto, la reacción de los concejales fue crítica y acordaron revisar la situación en la Comisión de Régimen Interno. La edil Ruth Cáceres (RN) consignó que "han pasado como cinco meses y no se ha hecho absolutamente nada. (…) Era demasiado importante que esto se tomara con rapidez y con emergencia".

Pedro Solís (Ind.) expresó que "me llama mucho lo atención lo que informó, no podría estar pasando en nuestro municipio". Mientras, Daniel Morales (MVC) dio cuenta que en un programa por redes sociales se informó que "en Viña del Mar había 113 inspectores y en Valparaíso contábamos con 13", cifra que hoy es menor.

La concejala Marina Huerta (DC) destacó que "lo que más me preocupa es la inestabilidad y la insuficiente cantidad de inspectores. (...) Como presidenta de la Comisión de Régimen Interno, no me cabe otra alternativa, y de carácter urgente, que tratar este tema en comisión".

"Hay hoy día en Inspectoría ocho inspectores haciendo el trabajo de fiscalización".

Claudio Sepúlveda, Encargado de, Inspectoría Urbana

"Lo que más me preocupa es la inestabilidad y la insuficiente cantidad de inspectores".

Marina Huerta, Concejala (DC)

El fin de semana pasado la Intendencia Regional informó que, por motivos de seguridad, Latam había suspendido los vuelos a Rapa Nui, situación que actualmente tiene complicada a la población insular, porque la medida tomada por el privado agudiza -afirman- el desabastecimiento de productos en el territorio.

Por esto, el presidente del Consejo de Ancianos, Carlos Edmunds, confirmó que hoy se llevará a cabo una reunión con la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) para analizar el complejo escenario. "Tenemos desabastecimiento e incluso la DGAC mandó un comunicado a la Gobernación de que no viene ningún avión , ni el que está llevando enfermos ni de carga, mientras esté esa gente en el aeropuerto, por lo que mañana (hoy) tendremos una reunión".

Edmunds aseguró que "ayer (martes) hubo una marcha de la gente que no está de acuerdo con esta medida de estar en el aeropuerto, participó gente del Consejo de Ancianos, porque ellos no saben lo que quieren. Se ha dado todo lo que han estado pidiendo, pero no salen de ese lugar".

Recalcó que lo que falta es que "el Estado actúe, porque es un grupo minoritario y se deben tomar acciones. Acá se daña a todos con este tipo de medidas, se está bloqueando toda la isla y hay gente que necesita remedios u otros insumos porque están con tratamiento crónico. El Consejo de Ancianos no está de acuerdo con este grupo de personas". La situación es preocupante, dijo Edmunds, agregando que "tememos que se sume el desabastecimiento por mar, porque los puertos están en manifestación".

En tanto, el consejero nacional indígena, Rafael Tuki, puntualizó que existe preocupación: "Esto agrava el abastecimiento de productos básicos, como harina o azúcar. La situación es compleja, pero debemos seguir viviendo, los vuelos se tendrían que reanudar en algún momento. Acá hay amenazas sin sentido".

Joyce Pakomio, habitante de la isla, destacó que "en pandemia la situación fue más compleja porque hubo reducción de vuelos y hoy se agravó. Hoy hay escasez de productos, pero la situación viene de siempre. Tener que pagar por un pollo $18 mil pesos es abrumador, los empresarios se han dedicado a comprar menos y todo es más caro".

"La DGAC mandó un comunicado a la Gobernación de que no viene ningún avión".

Carlos Edmunds, Presidente del Consejo, de Ancianos

Un paro nacional y huelga sanitaria en conmemoración del Día del Trabajador anunciaron la CUT, la ANEF y gremios de la salud y la educación en la Región de Valparaíso, movilizaciones que se realizarán mañana, previo al 1 de mayo.

Con respecto al carácter sanitario de la huelga, la presidenta regional de la Federación de Funcionarios de la Salud Municipalizad (Ferfusam), Paola Muñoz, explicó que "esta vez no vamos a paralizar en una jornada completa, pero sí vamos a tener actividades de denuncia".

En tanto, la dirigenta de la Confederación Fenats V Región, Patricia Sepúlveda, advirtió que "vamos a seguir en estado de alerta hasta que el Gobierno se ponga la mano en el corazón y pueda escuchar a la gente de los hospitales, pero quiero darle la tranquilidad a la comunidad de que los hospitales no van a paralizar, va a ser una movilización para visualizarla en los frontis de cada hospital".

Por su parte, la presidenta regional de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Mabel Zúñiga, señaló que lo que harán será "manifestar el descontento. No obstante, en esta oportunidad no va a haber paralizaciones en aquellos lugares donde haya una atención específica al público", sino "en aquellos servicios que son estratégicos para el Gobierno, por ejemplo, Aduanas, que tiene que ver con puertos y frontera. Pero otros, como Registro Civil, Dirección del Trabajo, Tesorería, Impuestos Internos, van a tener turnos y manifestaciones de otro carácter".