Pocos días después que el Presidente Sebastián Piñera recibiera en el Congreso un portazo de su propia coalición al intento de oponerse al retiro del 10% de los fondos previsionales, el intendente de Valparaíso, Jorge Martínez, tiene que enfrentar las críticas de su sector en el seno del Consejo Regional. Aunque ambos fenómenos son diferentes en varios niveles, sí responden al mismo distanciamiento y quiebre que hoy es evidente entre el Ejecutivo -o sus representantes regionales- y los dirigentes de Chile Vamos que ostentan cargos de elección popular.

La consejera regional por Valparaíso y jefa de bancada de la UDI, María Fernanda González, abrió los fuegos: emplazó al Gobierno Central a tener mayor sintonía con las demandas de la ciudanía y criticó la priorización hecha por el Ejecutivo -a cargo del intendente Martínez- para los proyectos que finalmente debe aprobar el Core. "Somos nosotros, los consejeros regionales, y seguramente los alcaldes y concejales de la zona, quienes reciben todas las quejas y consultas sobre por qué los beneficios no llegan a los más afectados o cuáles son los reales proyectos que se están generando en la Región de Valparaíso para reactivar la economía, recuperar el empleo. (…) Y la verdad, muchas veces no sabemos qué responder, porque no sabemos o no comprendemos cuáles son las estrategias y qué énfasis tienen tanto el Gobierno Central como el Gobierno Regional", espetó González.

Aunque a dicha petición se sumaron representantes de otras bancadas, los dardos principales vienen desde el propio Chile Vamos. La crítica a un Ejecutivo debilitado por los efectos de la pandemia no representa un riesgo para quienes las emiten, pero del mismo modo surge la duda razonable sobre la estrategia que usan los consejeros, quienes en siete meses más deben poner su nombre en una papeleta y competir por su reelección o, si lo ambicionan, elevar sus expectativas para alcanzar un cupo en la elección de diputados. Es cierto que crispar el ambiente político regional ha sido una herramienta eficaz en esta pugna eterna entre cores e intendente por la asignación de los recursos regionales; sin embargo, vivimos un ambiente distinto, particularmente tenso a nivel nacional, ad portas de elecciones inéditas -constituyentes y gobernador regional-, y con necesidades crecientes debido a la pandemia. No le sirvió al argumento de la consejera UDI que el mismo presidente de la instancia, el PPD Manuel Murillo, descartara la falta de participación en decisiones sobre la inversión regional ("el diálogo ha sido completamente directo", expuso). Lo que queda, por tanto, es una tarea al interior de Chile Vamos, cuyos dirigentes se han enfrascado con demasiada frecuencia en disputas internas y rencillas pequeñas, sin atender a los efectos que dichas pugnas pueden generar en el trabajo que requiere el manejo del Poder Ejecutivo. Desde el lado de la Intendencia, Martínez debe comprender que el ejercicio de un cargo tan importante requiere del esfuerzo colectivo más amplio posible.

Chile se caracteriza por la exportación de materias primas y productos semielaborados, lo que hace que nuestra economía dependa del precio mundial de estos productos y no de la calidad e innovación de las mercancías y productos exportados. A esto, se suman las grandes brechas y desigualdades de nuestra sociedad.

Una de las oportunidades para cerrar estas brechas es convertirnos en una sociedad del conocimiento, es decir, en una sociedad con altos niveles de educación, la cual se basa en el conocimiento de sus ciudadanos para impulsar la innovación, el desarrollo y el progreso. Debemos partir por reconocer ese conocimiento como pilar fundamental para la toma de decisiones, para la creación de estrategias y para apuntar hacia un desarrollo sostenible e integral. El proceso constituyente en el que nuestro país se encuentra es una alternativa para darle cabida a ese conocimiento y con él construir las bases que nos definirán como sociedad en los próximos años.

El conocimiento, generado por la investigación científica tiene dos formas de aportar a este proceso constituyente. La primera de ellas es que las ciencias aportan como evidencia para poder entender y comprender la realidad sobre la cual esta nueva Constitución se construye. Por ejemplo, la evidencia histórica del momento donde estamos, el impacto de diferentes sistemas económicos en el desarrollo socioeconómico, los beneficios de realizar trabajos multidisciplinarios, el cómo funcionan y se articulan las sociedades, y la comprensión de que no es posible disociar al humano del entorno en que vivimos, relevando así la protección de la biodiversidad.

La segunda forma en que el conocimiento puede contribuir es incluyendo a las ciencias de manera explícita en la nueva Constitución. En este caso, se invita a pensar en cómo hacemos que la práctica científica, sus hallazgos, promuevan el desarrollo integral de nuestra sociedad. Alternativas para este proceso son diversas, partiendo con la posibilidad de establecer como derecho la libertad de la investigación científica, el disfrute de los beneficios del conocimiento que acá se generen, la protección contra los efectos adversos de la ciencia, o el de fomentar el progreso científico tecnológico. Cada uno de ellos tiene ventajas y desventajas y es labor de los constituyentes establecer cuáles de ellos deben ser parte de la nueva Carta Magna.

Como país tenemos la oportunidad de redactar una nueva Constitución con el conocimiento que como humanidad hemos construido al día de hoy. Permitamos que este conocimiento sea el pilar sobre el cual se instale el debate que nos lleve a una nueva Carta Magna para nuestro país y, al mismo tiempo, que la ciencia y el conocimiento se transformen en la hoja de ruta para Chile.