Cristián Rojas M.

Una nueva estrategia jurídica, que se traduce en querellas enmarcadas en la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), adoptó el Gobierno Regional, ante la proliferación de tomas en diversas comunas de la región, ya que el ilícito de usurpación contemplado en el Código Penal tiene castigos más leves. Con ello buscan arremeter firmemente en contra de los loteos irregulares que en el último tiempo han ido en aumento y de manera cada vez más descarada, utilizando incluso maquinaria pesada para arrasar con árboles, despejar y aplanar los terrenos, para luego lucrar vendiéndolos.

El intendente, Jorge Martínez, señaló que "las tomas y ocupaciones y loteos irregulares de terrenos han generado un problema de orden público severo, hemos tenido problemas de drogas, problemas de bandas. En algunas partes, como San Antonio, se ha podido descubrir, gracias a las policías, a bandas que se tomaban terrenos para venderlos a vil precio a personas, ingenuas o no, que entendían estar comprando legítimamente un predio".

Mesa regional

En tal sentido, añadió que para hoy está "citada la mesa de tomas del Gobierno Regional", donde el tema principal será que "personas sin escrúpulos están actuando como inmobiliarias ilegales, ocupan terrenos privados, los dividen, los lotean y los venden, es decir, están lucrando con bienes ajenos y con necesidades ajenas. Están identificados todos los loteos irregulares, los tenemos mapeados y la reunión de mañana (hoy) será de actualización de la situación de los campamentos y su tipificación, ya que en algunos tenemos que ir en ayuda urgente, y en otros tenemos que evitar que se salten la fila, porque hay gente que lleva diez años esperando subsidio y otros se toman un terreno y quieren el subsidio de vivienda inmediato".

El jefe regional explicó que el Código Penal contempla el ilícito de usurpación, pero que está catalogado como falta, por lo que "su pena es una multa, y es una multa baja, por tanto, es muy poco probable que a raíz de una denunciar por usurpación se logre un resultado efectivo por diversas circunstancias".

Cacería legal

Es por ello que el Gobierno decidió un cambio de estrategia jurídica, a raíz del caso en que un sicario asesinó al empresario Alejandro Correa, propietario de 21 lotes de terrenos que fueron tomados en Quilpué para lucrar con ellos.

"Hemos estado analizando desde hace un buen tiempo a esta parte otra norma específica, que es la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que establece, en su artículo 138, un delito especial, y este delito dice textual: 'Será sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo, a presidio mayor en su grado mínimo', es decir, una pena que puede llegar hasta 10 años de cárcel" advirtió Martínez.

Dicha pena, precisó, sería "contra el propietario, loteador, urbanizador que realice cualquier acto o contrato que tenga por finalidad última o inmediata la transferencia del dominio, tales como venta, promesas de venta, reservas de sitios, adjudicaciones en lote o constitución de comunidades o sociedades tendientes a la formación de nuevas poblaciones en contravención a la LGUC".

Martínez espera que esta nueva herramienta legal que comenzarán a utilizar en la región "sea mucho más eficiente, porque es una querella presentada por el intendente regional, que logre mucho más que lo que se logra con una denuncia por usurpación de terrenos, que sea mucho más efectiva. Y quiero señalar que el mismo cuerpo legal indica quiénes pueden presentar esta acción, y los llamo a todos a hacerlo: las municipalidades, llamo a los alcaldes; los intendentes y gobernadores; y los servicios regionales de Vivienda. Todos los que he mencionado tenemos legitimidad activa para poder querellarnos por estos delitos".

"cárcel efectiva"

Entre ellos está el gobernador de Valparaíso, Gonzalo Le Dantec, quien resaltó que "a propósito de esto es que nosotros vamos a poder presentar las querellas y vamos a poder hacer la persecución penal respecto de aquellas personas que estén cometiendo un delito, y si ocurre que lo estén cometiendo en flagrancia, como cuando están trabajando con las maquinarias, Carabineros podrá detenerlos por el delito que señaló el intendente, cuyas penas van desde los tres años y un día hasta los diez años, es decir, en algunos casos puede haber cárcel efectiva, ya que desde más de cinco años no tienen beneficios".

A su vez, la gobernadora de Marga Marga, Carolina Corti, destacó que con esta nueva estrategia jurídica, mucho más punitiva, "estamos generando una tremenda señal" y detalló que "hemos trabajado de manera conjunta con todos los organismos públicos que les da la competencia".

La jefa provincial hizo la distinción en que "cuando existe una necesidad verdadera por parte de la persona que hace esta decisión -que no debe ser fácil ir a hacer una toma- y no existe ninguna fórmula inescrupulosa detrás, nosotros hemos llegado a negociaciones pacíficas, como por ejemplo, en lo que va a ser el proyecto San Cristóbal 2, y hemos encontrado soluciones".

En ese sentido, planteó que "la señal que estamos dando es para aquellos que quieren aprovecharse, no es para aquellos que hoy día se encuentran pasando una gran necesidad, porque para aquellos siempre existe una posibilidad. Estamos hablando de aquellos que no tienen vergüenza de hacer negocio con el dolor y el sufrimiento ajeno".

BB.NN. y fiscalía regional

En tanto, desde el Ministerio de Bienes Nacionales comenzaron a redoblar esfuerzos con el objetivo de ahondar en la arista penal de las tomas. En el pasado ya se han hecho campañas comunicacionales, solicitudes a los Conservadores de Bienes Raíces para la no inscripción de derechos y hasta la presentación de querellas por los denominados "loteos brujos" de Laguna Verde.

No obstante, debido a la escalada de este fenómeno, la seremi Rosario Pérez tomó contacto con el Ministerio Público para iniciar un trabajo conjunto, el cual comenzó a delinearse el pasado 19 de abril, cuando la titular local de Bienes Nacionales se reunió vía telemática con la fiscal regional, Claudia Perivancich, quien dispuso un fiscal a cargo para relacionarse con la unidad jurídica de la Seremi, y ya hubo una primera reunión formal.

"Estamos viendo el fenómeno, los móviles del mismo, a qué están asociadas estas tomas, y conjuntamente, vamos a hacer un catastro regional de las mismas", señaló José Antonio Uribe, fiscal designado para participar de la mesa técnica con BB.NN.

"Dentro de los ejes del trabajo para detener estas verdaderas mafias que se toman por la fuerza terrenos ajenos para lucrar y estafar, está primero la necesidad de detectar de manera temprana los asentamientos. A su vez, vamos a actualizar a la brevedad el catastro de tomas de nuestra región. Por último, vamos a buscar las sanciones penales que corresponden para quienes participan de estos ilícitos", advirtió la seremi, Rosario Pérez.

"Hemos estado analizando desde hace un buen tiempo a esta parte otra norma específica, que es la LGUC".

Jorge Martínez, Intendente regional

"A propósito de esto es que nosotros vamos a poder presentar las querellas y hacer la persecución penal".

Gonzalo Le Dantec, Gobernador de Valparaíso

"Hemos trabajado de manera conjunta con todos los organismos públicos que les da la competencia".

Carolina Corti, Gobernadora de Marga Marga

Tras una reunión sostenida ayer con dirigentes de la Unión Comunal (Unco) de Concón y luego de escuchar sus argumentos contrarios a la venta del terreno donde se emplaza Casa Abierta, centro cultural y social, el gerente general de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap), Andrés Roccatagliata, informó a los vecinos que, dada la importancia del sector para la comunidad, se determinó suspender la liquidación del paño.

Junto a ello, se acordó iniciar un proceso de diálogo entre la empresa y la Unco para que en el lugar se realicen una serie de actividades, las que serán planteadas como propuestas por los dirigentes, con el fin de optar al mejor mecanismo para administrar Casa Abierta.

"Tengo muy claro que Casa Abierta está en el corazón de los conconinos y de su comunidad y a nosotros, como empresa del Estado, nos interesa ayudarlos, así como lo hacemos en otras comunas del país", precisó en la reunión Roccatagliata a las dirigentes presentes en el encuentro, que duró aproximadamente una hora.

La presidenta de la Unión Comunal (Unco) de Concón, Elda Arteaga, manifestó que "ante nuestra solicitud, recibimos respuesta inmediata de la gerencia y hoy (ayer) tuvimos una reunión muy franca y abierta con el gerente general de Enap, quien quiso juntarse primero con nosotras para saber de primera fuente nuestra postura frente a Casa Abierta. Le agradecemos su gesto, nos aseguró que la venta se suspendía y nos ofreció todo su apoyo para que encontremos en conjunto una forma de autofinanciar la mantención del recinto".

En palabras de las dirigentas, Casa Abierta es un lugar cultural y social de suma importancia para la comunidad conconina y se ha utilizado para la realización de ceremonias, recepciones y también como una fuente de trabajo.

De esta forma, en menos de 24 horas, y después de la petición del alcalde Óscar Sumonte, la empresa reaccionó, pero frente a la comunidad.