Redacción / Agencias

En pleno peak de la pandemia y pese a las restricciones de movilidad, decenas de manifestantes llegaron este viernes hasta los cuarteles de la Policía Civil de Río de Janeiro para pedir justicia por las víctimas de un operativo policial que este jueves dejó más de una veintena de víctimas fatales en la favela de Jacarezinho.

"Eso no fue una operación de inteligencia. Fue una completa masacre que forma parte del genocidio que está en curso en nuestro país y principalmente en nuestro estado", dijo Giovanna Almeida, una estudiante de 22 años que se plegó a los manifestantes.

QUÉ OCURRIÓ

Cerca de 200 efectivos fueron parte de un violento operativo desplegado el jueves, que se extendió por más de nueve horas y que buscaba desarticular una banda ligada al narcotráfico.

Un policía fallecido y 24 sospechosos abatidos por disparos policiales dejó como saldo la operación, en la que además resultaron heridos tres uniformados y dos civiles que viajaban en el metro y que fueron alcanzados por balas perdidas. Además, una decena de narcotraficantes fue aprehendida.

Según expertos en seguridad pública, se trata de "la mayor masacre en la historia de Río de Janeiro", y el alto número de víctimas -que superó la anterior mayor matanza policial, en agosto de 1993 en la favela de Vigario Geral- hace suponer que podría haber ocurrido una "operación de venganza" luego de la muerte del policía en el inicio de la operación, tal como ocurrió hace 27 años.

Silvia Ramos, coordinadora de la Red de Observatorios de Seguridad Pública de Brasil, también calificó como "masacre" lo ocurrido. "La Policía Civil, que es la que debería usar inteligencia y planificación, fue la autora de esta masacre al matar a más de 20 personas en un operativo, en una acción desastrosa que se llevó a cabo con el objetivo de desarticular cuadrillas de jóvenes que asaltaban en los trenes, pero que se transformó en una operación venganza, una operación matanza", sentenció.

La Policía informó que la operación fue autorizada por el Ministerio Público, luego de un trabajo de inteligencia que permitió identificar al menos 21 criminales en la favela, y buscó terminar con las actividades de una banda que controlaba ese territorio, y que era investigada por delitos de asesinatos, robos y secuestros de trenes, además de reclutar niños para sus ilícitos.

"todos bandidos"

El vicepresidente de Brasil, general Hamilton Mourao, señaló ayer que los numerosos fallecidos que dejó el operativo policial eran "todos bandidos", pese a que las autoridades aún no han identificado a las víctimas.

La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos admitió haber recibido "denuncias tras el suceso de que la policía no tomó las medidas necesarias para preservar las evidencias en la escena del crimen, lo que podría dificultar la investigación", dijo a través del vocero Rupert Colville. El organismo instó al procurador general a iniciar una investigación profunda.

La estatua del fundador de Bogotá, el conquistador español Gonzalo Jiménez de Quesada, fue derribada ayer a primera hora por indígenas del pedestal en que estaba instalada en el centro de la ciudad, como parte de las protestas que desde hace 10 días sacuden a Colombia. El monumento a Jiménez de Quesada, que lo muestra con el brazo derecho levantado y sosteniendo la espada hacia abajo, en el acto fundacional, fue derribada por indígenas Misak, la misma etnia que el pasado 28 de abril, en el primer día de las protestas, echó al suelo en Cali la del fundador de esa ciudad, el conquistador Sebastián de Belalcázar. Más tarde, el Presidente Iván Duque se reunió con líderes de la Coalición de la Esperanza, para discutir soluciones a la grave crisis.

El chileno Eduardo Frei y otros 20 exgobernantes de España y América Latina manifestaron su preocupación por la ruptura del Estado de derecho y de la independencia judicial en El Salvador y pidieron a la Organización de Estados Americanos (OEA) que estudie lo ocurrido y determine medidas para preservar y fortalecer la democracia del país. En una declaración de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), los exmandatarios expresaron su "grave preocupación" por la destitución de los jueces de la Sala Constitucional de El Salvador ejecutada por la Asamblea Legislativa, de mayoría calificada afín al gobierno del Presidente Nayib Bukele, todo lo cual es una "manifiesta violación de la Carta Democrática Interamericana", por lo que pidieron revertir la situación. Según la declaración, el proceso de destitución de los jueces "se realizó sobre valoraciones políticas".