A días de la elección de convencionales que redactarán la nueva constitución, es nuestro deber asumirla con la debida responsabilidad, en especial por su carácter inédito en la historia del constitucionalismo mundial, dada la paridad que imperará en la convención. Así, debe tenerse presente que éste es el resultado de la victoria ciudadana luego del estallido social de octubre de 2019, y cuyo precio pagaron 33 personas con sus vidas, según cifras del Ministerio Público, 400 con heridas oculares y un poco más de 2.000 con otras lesiones causadas por balines percutidos por agentes del Estado, entre otras graves violaciones a los derechos humanos, según cifras del INDH. No obstante, este antecedente lo comprendo como inexorable en el razonamiento de toda persona, cualquiera sea su sensibilidad política, para poder explicarse cómo llegamos a una madurez cívica capaz de demandar y lograr que la ciudadanía redacte la nueva carta fundamental, con una representación paritaria de mujeres y hombres, y con escaños reservados para pueblos originarios.

La responsabilidad a la que me refiero se vincula más bien con tres cuestiones que no pueden ignorarse al momento de emitirse el voto. En primer lugar, las dos funciones principales de una constitución; 1) distribuir equilibradamente el poder entre las instituciones que organizan el Estado y el actuar del gobierno, y; 2) distribuir bienes fundamentales, a fin de que puedan consolidarse como las bases de un nuevo pacto que dé inicio a un ciclo político, económico y social distinto, esta vez, esperemos, mucho más justo. Estar conscientes de estas funciones permite asumir seriamente la elección y, en consecuencia, hacer que sus resultados hagan eco, por lo menos, de las principales reivindicaciones sociales que detonaron el estallido social: estructurar un nuevo sistema previsional, de salud y educacional, que eleven el estándar de vida de la ciudadanía a uno de carácter digno. Es decir, el voto debe ser lo suficientemente consecuente con la idea de que él es el vehículo para avanzar desde un modelo económico neoliberal hacia uno donde se garanticen los derechos sociales que habiliten una vida con dignidad.

Sin embargo, lo anterior debe ser morigerado por la segunda cuestión a considerar: debe tenerse en claro que una nueva constitución no es por sí sola la solución a todos los problemas sociales, sino el modo para generar condiciones que reconduzcan legítimamente las demandas que de ellos devienen. Por tanto, será preciso tener un control de las expectativas del proceso constituyente, y recordar que su producto, la constitución, definirá los lineamientos jurídico-políticos que luego configurarán los límites y el derrotero de la deliberación parlamentaria, pues es allí donde se hará descender a la vida cotidiana el ansiado nuevo modelo social.

En tercer lugar, no puede soslayarse el carácter inédito de este proceso: que la nueva constitución se redactará paritariamente. En mérito de ello, será responsabilidad del electorado hacer honor a este original rasgo que le otorga legitimidad al proceso desde la perspectiva de la representación democrática. Luego, el modo de honrarlo no es difícil de imaginar. Si bien la propuesta chilena satisface los estándares que impone una representación descriptiva, será necesario, además, poder alcanzar una representación sustantiva de las mujeres. ¿Y cómo logramos ello? El único modo es comprometiendo nuestro voto con las y los convencionales que promocionen con sus idearios políticos los múltiples y diversos intereses de las mujeres, y que han sido silenciados desde el Pacto Social primigenio de la Modernidad.

Si bien lo dicho hasta ahora puede entenderse como un llamado a votar por convencionales de cierta ideología política, el propósito sin embargo es otro. La invitación es a ser coherentes con la pulsión social que estalló en octubre de 2019, convocando a más de 7 millones y medio de personas a un plebiscito, en donde casi el 80% aprobó redactar una nueva constitución a partir de una hoja en blanco y con credenciales de legitimidad democrática por su carácter paritario, para reemplazar un modelo que agoniza a manos de la propia inequidad que impuso. Y es que, si olvidamos las tres cuestiones señaladas, sólo habremos hecho temblar el orden político, a costa de graves violaciones a los derechos humanos, pero volveremos al punto de partida y todo quedará igual.

Votar o lamentar

Estamos a una semana de la elección que marcará el derrotero del país durante las próximas décadas. Luego de una fatigante campaña electoral, los candidatos ya han quemado prácticamente todos sus cartuchos y ahora solo resta que la ciudadanía se informe y acuda a las urnas a marcar su preferencia.

Por lo mismo, me parece que no tiene sentido dedicar más tiempo a describir las cualidades que debiera tener un convencional constituyente. Ese ejercicio, además de externalizar los propios prejuicios de quien suscribe, no hace más que pretender influir inútilmente en la decisión del lector.

Y es que escoger a una persona para redactar una Constitución no es un asunto de meras especificaciones técnicas, como de quien va a la tienda a comprar el mejor computador. Diversos autores afirman que la elección de políticos en procesos electorales es más bien intuitiva y está fuertemente motivada por factores emocionales. Así, es probable que aquellos que aún no están seguros de su decisión ponderarán con especial peso las cualidades personales del candidato, su carisma o su performance en algún debate o entrevista, en desmedro de la robustez técnica de sus propuestas concretas.

A raíz de lo anterior, creo que es más pertinente destinar los esfuerzos a algo menos pretencioso, pero mucho más significativo: llamar a votar.

Es útil recordar que el camino escogido para superar la crisis institucional, hace ya más de un año y medio, guarda cierto paralelismo con una competencia de triatlón. Estamos ante tres grandes etapas de una misma carrera que culminan con una votación popular que valida lo avanzado en cada estación. La primera etapa fue afrontada con éxito con una participación que superó los siete millones de votos, siendo esta la elección más concurrida desde la instauración del voto voluntario. La próxima semana culmina la segunda fase, y toca ahora respaldar lo recorrido con una asistencia similar.

En este escenario, sería aconsejable que en los próximos días el gobierno y los medios de comunicación tomen la batuta e intensifiquen los esfuerzos por fomentar una alta participación electoral. El mensaje tiene que ser lo suficientemente claro y contundente, y además de informar las medidas adoptadas para salvaguardar la salud de la población, debe concientizar sobre la responsabilidad que recae en los ciudadanos de acompañar el camino institucional hacia la paz.

Respecto al contexto sanitario, existen motivos más que suficientes para que los chilenos tengan la tranquilidad de que votar es un panorama seguro. A diferencia del plebiscito de noviembre, hoy hay casi siete millones de chilenos vacunados con las dos dosis, contando a todo el personal de Fuerzas Armadas y del Servicio Electoral que trabajará en los locales de votación. Adicionalmente, la celebración de los comicios se llevará a cabo en dos días y se mantendrá el personal de apoyo encargado de proveer alcohol gel y velar por la mantención de la distancia física entre los asistentes, evitando aglomeraciones. En resumen, acudir a un local de votación es bastante más seguro que ir a un centro comercial a comprar un par de zapatillas.

Respecto a la responsabilidad ciudadana, es preciso comprender lo que está en juego en el proceso constituyente. Esta es quizás la única oportunidad que tendremos de reconducir la grave crisis de confianza que existe hacia el sistema político. En diversos lugares del mundo han ocurrido episodios que demuestran la fragilidad de las democracias liberales. Y si alguna enseñanza nos deja esos acontecimientos es que la única salida para salvar la institucionalidad es respaldar la democracia.

Por ello, me parece que una baja asistencia a las urnas durante el próximo 15 y 16 de mayo podría significar una tragedia, pues generaría el caldo de cultivo para que aquellos que quieren ver fracasar el proceso comiencen a despotricar en contra de este argumentando ausencia de legitimidad, tensionando aún más el ambiente.

Teniendo en consideración lo anterior, urge que, independiente de quienes resulten electos, comencemos a revalorizar la importancia que tiene el trazar una raya en un papel para efectos de permitir la transición pacífica del poder entre fuerzas políticas que están constantemente en pugna. Es en esa reflexión donde se aprecia la madre de todos los dilemas: votar o lamentar.

Cecilia Valenzuela Oyaneder

A través de una carta firmada por 17 personas, todos exmiembros del Pacto Urbano La Matriz (PULM), los firmantes decidieron refutar los dichos del alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, en el diario La Tercera, respecto a un supuesto apoyo de ellos a su gestión. "Ante la pregunta de cómo Sharp está enfrentando la elección al no contar con el apoyo del Pacto Urbano La Matriz (PULM), especialmente relevante en la elección municipal de 2016, el alcalde responde que la mayoría de quienes fundaron y constituyeron el PULM está apoyando su reelección. Esta aseveración es absolutamente falsa y nos indigna en nuestra calidad de ex miembros del PULM", dicen. La misiva también señala, entre otras críticas a la gestión alcaldicia, que "Sharp esconde su orfandad, alardeando de un espectro existente solo en su imaginación. No es casual que haya constituido a última hora una nueva plataforma para dar viabilidad a su candidatura, debido a los desencuentros con los partidos del Frente Amplio, su lugar de origen".