- ¿Que la Unesco le retire derechamente la condición de Patrimonio de la Humanidad, que data de 2003? Aquí se habla más bien de que entre a la lista de sitios patrimoniales en peligro…

- No, eso no, basta. Han pasado 18 años y el Estado de Chile, entendiéndose como tal el municipio, particularmente los alcaldes Cornejo, Castro y Sharp, han sido incapaces de formular un plan para poner en valor el sitio. Si el país no se toma en serio su deber de preservar un patrimonio que es de toda la humanidad, lo que corresponde es que la entidad a cargo se lo quite, no amenace, sino que se lo quite. Yo se lo retiraría con un plazo de dos años para que presente una propuesta y se pueda entonces volver a revisar la situación. Algo que genere algún incentivo para ponerse las pilas.

-¿Alguien tiene que pedirlo o la Unesco lo puede hacer por iniciativa propia?

- La Unesco también tiene que ponerse las pilas y ver que esto es impresentable. Sobre todo -más allá del Estado y del daño del estallido, de la violencia-, por el hecho de que no se haga nada. Porque uno puede entender que ocurrió el estallido, tuvo mucha responsabilidad el municipio creo yo, pero después nada más. No hay nada concreto. Eso no es aceptable. Lograr el patrimonio fue una gestión del Estado de Chile, y comprometió un plan muy ambicioso, lo hizo el Presidente Lagos. Se ejecutaron 70 millones de dólares en inversión, pero después de eso no ha pasado casi nada. La Unesco también tiene que poner la presión necesaria, dejarse de amenazar y exigir que haya un cambio de gestión patrimonial al corto plazo. Si no, se va a caer otro edificio más, vamos a tener la misma discusión y esas discusiones terminan en nada, hasta que el declive sea irreversible y Valparaíso no tenga vuelta. Hay que evitar eso.

Déficit de vivienda, campamentos y loteos brujos

- Una de sus grandes preocupaciones son los loteos brujos, con sitios grandes, casas de dos pisos y estacionamientos, cuyos gestores ocupan ilegalmente terrenos de terceros que luego venden. ¿Estamos a tiempo de frenar ese negocio que ha derivado incluso en crímenes?

- Yo creo que en Viña, Valparaíso y Quilpué estamos en el límite. En San Antonio ya se perdió la pelea: en la parte alta, en los cerros Bellavista, La Virgen y una parte de Barrancas, hay más de 120 hectáreas loteadas con segundas viviendas, todo ilegal. En Valparaíso, Viña y Quilpué está bastante fuera de control. Los vecinos de la Manuel Bustos viven amenazados por los delincuentes que se tomaron estos lugares; les cortan el agua, la luz, entran disparando, tirando fuegos artificiales, les han hecho la vida imposible, los amenazan, y eso ocurre a vista y paciencia de las autoridades. Para qué decir lo de Quilpué, donde tenemos a estos frescos en casas con autos en un terreno usurpado a una persona que mataron. Ahora se presentó una querella, pero lo que se necesita es el desalojo de esas viviendas, la demolición, porque están hechas sin permiso. Si no damos esas señales, va a ser gratis tomarse terrenos y venderlos. Por ahora el universo de gente que compra son frescos que saben que están comprando cosas robadas. Pero como el Estado se está demorando años en entregar subsidios a las familias honestas que hacen su ahorro, el riesgo es que pase lo que ocurrió en México, que les van a comprar a las mafias.

- Mientras eso ocurre, se extienden los campamentos, que son otra cosa, y la gente demora en promedio ocho años en acceder a vivienda, ya que en 2020 se entregaron casi 75 mil subsidios pero los postulantes superan las 210 mil personas

- Las familias vulnerables que tienen su ahorro, llevan efectivamente un promedio de siete a ocho años esperando por su vivienda en condición de allegados, de hacinados, con arriendos precarios o expulsados de campamentos. El ministro de la Vivienda armó una mesa de diálogo y acción para que en 60 días elaboremos propuestas para acelerar esto. Estamos trabajando con verdadero sentido de urgencia para tener en ese lapso un plan de medidas que permita reducir los plazos, disponer de tierra fiscal como la que hay en Viña, botada, para acelerar la construcción de viviendas. Es urgente.

- ¿Cómo va a poder responder el Estado al derecho a la vivienda si no se resuelven esas brechas, atendido que según su estimación deberían entregarse 125 mil subsidios al año?

-Vamos a tener que pasar de 75.000 a 125.000 idealmente, para que en cuatro años tengamos 500.000 viviendas. Es muy importante el punto porque hablar del derecho a la vivienda y ponerlo en la Constitución no cuesta nada. Lo que cuesta es que la gente tenga su casa. No es aceptable que nos pongamos esto como meta y esperemos que la Constitución esté lista y se transforme en leyes, que son seis años, más los seis u ocho años que los vecinos llevan esperando, son 14 años para que tengan su vivienda. La Constitución tiene un carril propio, nosotros trabajamos en un carril que permita que la gente tenga resultados a corto plazo y no siga esperando.

- Otra de sus inquietudes es cómo evitar que se instalen más campamentos en zonas de riesgo en Valparaíso.

-Ahí hay dos problemas. El primero es el caso de las plantaciones forestales. El compromiso, que no se ha cumplido, era sacar esos árboles, que vuelven a crecer. Terminar las calles que van a conectar la zona alta para tener una llegada más directa de los carros bombas por La Pólvora hacia abajo y mayor rapidez para controlar los incendios. Pero hay que relocalizar las viviendas que están en quebradas. Esa parte no se ha hecho y se sigue construyendo en esas zonas. Lo que se requiere es bajar la presión del campamento, dando soluciones de proyectos en zona segura. Los vecinos entienden que se tienen que ir, pero hay que darles una solución, y eso se puede hacer también. Tenemos mucha pega y yo espero que las medidas que surjan de la mesa de diálogo y acción en el día 60, se implementen en el corto plazo. Y una de ellas es la relocalización de campamentos en zonas seguras. 2

- Si uno de los grandes problemas para bajar el déficit habitacional es la disponibilidad de suelos, ¿cómo se entiende que, según usted ha señalado, en el Gran Valparaíso el Estado tenga 433 hectáreas sin usar?

-Se entiende por falta de voluntad política, falta de prioridad política, falta de empatía con la gente, eso en el caso de los terrenos que están disponibles, ya sea de Serviu o Bienes Nacionales. Y en el caso de los terrenos de la Armada, se entiende por una ley que hay que modificar, porque si la Armada no va a usar el fundo naval ni el terreno que tiene en Valparaíso, o si lo está vendiendo por partes para hacer negocios inmobiliarios, entonces quitémosle el presupuesto que le entregamos todos los años. Hoy día se le entregan recursos a la Armada y su función no es el loteo ni hacer proyectos inmobiliarios, esa no es la función de la Armada, por la cual tengo el mayor respeto. Entonces, si el terreno es naval y no lo van a ocupar, lo tienen que entregar para hacer viviendas, esa es mi postura. Igual hay hectáreas del Serviu y del municipio que no son ocupadas. Sobre eso el ministro de la Vivienda ya tiene un compromiso que se traducirá en acciones concretas en 50 días más para que esa tierra esté disponible, y eso es lo que esperamos que ocurra.

-¿Esos terrenos se van a incorporar al banco de suelo que impulsa el ministro Ward?

- Por supuesto que tienen que estar, además nosotros los tenemos identificados y ya le entregamos la información al ministro. Efectivamente son del Serviu el de Glorias Navales, el que está en Forestal y hay que ponerlo en el banco de suelo de todas maneras. Una vez ahí, hay que imprimirle velocidad, porque otra cosa que ocurre es que nos ponemos a hacer dibujos y monos, y nos podemos pasar otro año haciendo el proyecto perfecto. Eso ha pasado también con algunos de los terrenos del Serviu. Ahora no hay tiempo para monos, hay que licitar los terrenos para que las familias postulen con una empresa y se puedan hacer los proyectos ya, y eso es lo que estamos proponiendo. 2