Katherine Escalona M.

A poco más de dos meses de la audiencia de preparación del juicio oral, fijada para el 28 de julio, por el brutal asesinato del empresario Alejandro Correa (60), ocurrido en la entrada de su domicilio en Bosques de Montemar, en Concón, el Juzgado de Garantía de Viña del Mar acogió la solicitud de la defensa de uno de los imputados del caso y dejó fuera del proceso en su calidad de querellantes a la Municipalidad de Concón y la Intendencia.

La resolución del tribunal fue dictada por la jueza Loreto León y concluyó "excluir a los querellantes por carecer de legitimación activa, respecto de la Intendencia Regional y la Municipalidad de Concón, siguiendo la causa con los querellantes de las víctimas". En definitiva, con esta determinación solo el querellante Juan Pablo Hermosilla Osorio, que representa a la familia, se mantendrá en la causa.

La audiencia se llevó a cabo el lunes pasado y da un vuelco en la causa, puesto que tanto la Intendencia como la Municipalidad de Concón se habían adherido a la acusación de la Fiscalía, pero solicitando el máximo de pena para los cuatro imputados, siendo uno de ellos Renato López, el autor intelectual del homicidio del empresario que tenía un terreno en Quilpué, sitio que según el Ministerio Público, habría sido el móvil del delito.

La solicitud para revisar la legalidad de las querellas fue interpuesta por el defensor público del imputado Claudio Riveros, Ernesto Ardiles, quien presentó después de la audiencia de preparación de juicio oral del 17 de mayo una solicitud a la Corte de Apelaciones de Valparaíso en contra de la resolución en este punto, del juez Felipe Contreras, el cual permitió la participación de los querellantes cuestionados en la causa. Sin embargo, la Corte precisó que se debía debatir el "fondo de la excepción deducida", lo que fue tramitado por el juzgado el lunes.

Apelación y Fiscalía

Respecto a la determinación del Juzgado de Garantía de Viña del Mar, el intendente Jorge Martínez aclaró que apelará porque, según su análisis, sí se cumplen todos los principios para ser parte del proceso. Precisó que "efectivamente en el día de ayer (lunes), el tribunal acogió la solicitud de rechazar la legitimación de la Intendencia, pero estamos preparando una apelación sobre dicha resolución, pues consideramos que en la causa se dan los supuestos legales para la intervención nuestra como querellantes".

El caso también fue consultado a la Municipalidad de Concón que, desde el primer día del hecho, en mayo del año pasado, fue crítica. Sin embargo no hubo respuesta a cuál será la estrategia o si apelarán o no a la resolución, como sí lo confirmó la Intendencia.

Mientras, desde la Fiscalía de Viña del Mar informaron que "el fiscal Stefan Kramar no se opuso a lo determinado por el magistrado, quien determinó excluir de la causa como querellante a la Intendencia y el municipio de Concón".

Además, confirmaron que "la Fiscalía cuenta con todos los elementos necesarios para la realización de la audiencia de preparación del juicio oral, la que tiene fecha para el próximo 28 de julio, jornada donde espera el Ministerio Público finalmente se pueda concretar", puesto que la audiencia ha sido reprogramada tres veces por distintas circunstancias.

Revisión de cautelares

A la situación sobre la legalidad de las querellas, se sumó ayer la realización de una nueva audiencia para la revisión de las medidas cautelares de Melissa Palma - cónyuge de Víctor Gutiérrez, ciudadano colombiano que mató a Correa por encargo - y que se encuentra en prisión preventiva por su participación en el hecho.

El juez Roberto Pino explicó que "se está pidiendo la libertad por parte de la defensa de Melissa Palma", la que no se acogió porque en las mismas declaraciones la imputada "dio cuenta de unas negociaciones" por lo que su condición no varía. En relación a Renato López, autor intelectual del hecho, en tanto, su defensa también solicitó a la Corte de Apelaciones la revocación de la prisión preventiva, la que fue denegada.

"Estamos preparando una apelación, (...) pues consideramos que en la causa se dan los supuestos legales".

Jorge Martínez, Intendente

"El fiscal Stefan Kramar no se opuso a lo determinado por el magistrado, quien determinó excluir (a los querellantes)".

Fiscalía de Viña del Mar, Declaración

La cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel resolvió ayer dejar en libertad condicional a Natalia Guerra Jequier (35), miembro de la llamada secta de Colliguay y quien desde el 19 de julio de 2019 cumple condena por el parricidio consumado de su hijo, de tan solo dos días de vida, el que, en medio de un rito, fue lanzado en 2012 a una hoguera por su propio padre, Ramón Castillo Gaete, autodenominado "Antares de la Luz", hecho que causó impacto a nivel nacional.

Cabe recordar que la mujer fue capturada en julio de 2019 por la PDI, tras permanecer dos años prófuga de la justicia, luego de ser sentenciada en 2017 por este homicidio.

Recurso de amparo

De acuerdo a lo informado a este Diario por Keomara Henríquez, defensora penitenciaria de la Defensoría Regional Metropolitana Sur, la salida de Guerra del Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, en la Región Metropolitana, se logró luego de la presentación, el 11 de mayo, de un recurso de amparo con el fin de revertir la decisión de la Comisión de Libertad Condicional, que rechazó el beneficio el 14 de abril pasado.

"El informe psicosocial que elabora Gendarmería de Chile es absolutamente favorable", puntualizó la abogada, subrayando que "ella cumplió con un plan de intervención. Entonces, esta parte consideró que se cumplía con todos los requisitos y, por tanto, la resolución de la Comisión de Libertad Condicional era ilegal y arbitraria".

El fallo, que se conoció anoche y que contó con el voto en contra del ministro Luis Sepúlveda, quien estuvo por rechazar el recurso de amparo, consignó que Natalia Guerra "se encuentra en situación de asumir una efectiva reinserción social, apoyada por su entorno familiar", por lo que "esta Corte estima (que está) apta para recibir el beneficio solicitado".

De esta forma, Keomara Henríquez explicó que el periodo de reclusión de Guerra "iba del año 2019 al 12 de diciembre de este año. Considerando los abonos y el tiempo que permaneció privada de libertad (940 días), se cumplía con los dos tercios tercios (de cumplimiento de la pena) que exige el Decreto Ley 321 (que regula la libertad condicional)".

"Obtiene su libertad y, por supuesto, cuenta con el apoyo de su familia".

Keomara Henríquez, Defensora penitenciaria de la Defensoría Regional Metropolitana Sur

Una manifestación de protesta en el frontis de las oficinas del Sename en Valparaíso efectuaron ayer trabajadores en huelga de la ONG Paicabí, que le presta servicios a la institución estatal en lo que respecta a programas especializados ambulatorios de intervención con psicólogos y trabajadores sociales que abordan problemas que van desde malos tratos hasta explotación sexual infantil.

La presidenta del Sindicato Paicabí, Isidora Morales, explicó que "no llegamos a acuerdo con la corporación en tres puntos. El primero es el sueldo ético para técnicos y técnicas sociales y para tutores; el segundo es el reajuste de nuestros salarios; y el tercero es la forma en cómo se piensa que deben ser extendidos los beneficios a los que lleguemos de la negociación colectiva".

La dirigenta puntualizó que "llevamos un mes y medio en proceso de negociación colectiva, donde empezamos peleando la posibilidad de negociar, ya que la corporación se acogió al artículo 304, que es totalmente dictatorial, lo mismo que han tenido que hacer otros sindicatos del área".

Por su parte, el equipo directivo de la ONG Paicabí emitió un comunicado en el que expone que, pese a que hay jornadas de 40 horas semanales, el sueldo de los estafetas es un 53% sobre el mínimo legal, y hay 10 días extra de descanso, "durante estos años el valor de la subvención que se recibe por cada proyecto no ha presentado un aumento, dando cuenta de un tema de carácter estructural que afecta al sistema de proteccional de la niñez".

Asimismo, indican que "el 81% de nuestros centros presenta condiciones deficitarias, o bien, solo logran cubrir sus gastos mensuales de personal y gastos de operación. Además, de nuestros 21 centros, 16 de ellos serán objeto de licitación durante el presente año, generándose un escenario incierto para nuestro futuro".