La batahola que generó la declaración de 34 convencionales electos sobre una serie de temas contingentes, bien puede ser interpretada como un anticipo del ambiente político -crispado y de impugnación a las instituciones- que rodeará las reuniones de la Convención Constitucional, el cuerpo de 155 personas electas para redactar la nueva Constitución Política del país, cuyo funcionamiento parte en julio.

Si bien el llamado hecho por los firmantes es una forma de establecer una voz única ante temas contingentes, dado que la mayoría de ellos es independiente y sin trayectoria política previa, provocó preocupación en el Gobierno y el Congreso, además de gatillar duras reacciones de otros convencionales, al cuestionar tanto el acuerdo del 15 de noviembre de 2019 que hizo posible el nuevo proceso constitucional, como algunas de las reglas básicas aprobadas en la reforma legal que permitió el plebiscito de octubre de 2020 y la elección de convencionales en mayo recién pasado.

Para muchos, la denominada "Vocería de los Pueblos" excede con creces el mandato que le entregaron sus votantes, al realizar exigencias que competen a poderes del Estado que deben operar con independencia, como el Judicial (libertad a los detenidos aún en prisión preventiva por hechos relacionados al estallido social) y el Ejecutivo (frenar la expulsión de inmigrantes). Para otros, la gravedad surge de la impugnación a las reglas preacordadas para la Convención, como el quórum de 2/3 y el respeto de las sentencias judiciales ejecutoriadas. Esas perspectivas denotan con precisión la relevancia del hecho, pero hay una tercera visión a la cual se debe poner atención y que expuso la abogada constitucionalista Marisol Peña: los 34 firmanes corresponden al 21,9% de la Convención y todo indica que hay varios independientes que podrían sumarse en los próximos días. ¿Alcanzará los 52 constituyentes necesarios para ejercer el poder de veto en la discusión? Al menos, el grupo ya tiene un adherente que va en carrera paralela, el candidato presidencial del PC, Daniel Jadue.

Al aterrizar el fenómeno a la Región, tenemos que entre los firmantes se encuentran Janis Meneses (Coordinadora Movimientos Sociales), Carolina Vilches (Modatima); Cristóbal Andrade, Lisette Vergara y Camila Zárate, de la Lista del Pueblo, que en conjunto representan un tercio de los elegidos en esta zona. Aunque es previsible que en una instancia como la Convención Constitucional surjan articulaciones políticas de este tipo, ningún convencional debe buscar sobrepasar los marcos institucionales en los cuales se circunscribe ese mandato, esto es, redactar una nueva Carta Magna para el país, una que surja de un procedimiento transparente y legítimo, porque ambas cualidades deben ser piedras angulares del nuevo texto y garantías de que la nueva Constitución tendrá la capacidad de perdurar por mucho tiempo, sin quedar bajo la impugnación permanente que determine la mayoría pasajera del momento político.

Para iniciar esta reflexión intentaré hacer un par de definiciones. Como trabajo denominaremos al conjunto de actividades que son realizadas con el objetivo de alcanzar una meta, solucionar un problema o producir bienes y servicios para atender las necesidades humanas. Por ende, requiere de una acción en un tiempo determinado y en condiciones variables según donde sea y para qué se realiza. Por pandemia, en tanto, entenderemos una enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región.

Con estas dos conceptualizaciones veremos cómo se entrelazan para entender, a la vez, que las nuevas modalidades de trabajo y educación llegaron para quedarse.

En febrero de 2020 nos enterábamos que en China surgía un virus que, al parecer, era complejo y que la OMS denominó covid-19. Esto parecía lejano y controlable, pero hoy estamos claros que no es lejano y difícilmente controlable.

Tanto en educación como en trabajo, la nefasta pandemia nos deja una aceleración gigantesca de incorporación de las tecnologías de la información y comunicaciones a aquellas labores que cobran valor por trabajo y no por capital. La tecnología siempre ha estado presente, pero la pandemia generó un aceleramiento de su uso, marcando un quiebre modernizador de la forma de trabajar.

Ayer nadie pensaba que el teletrabajo se podía realizar mayoritariamente en instituciones públicas y privadas. Hoy por hoy, ya hay empresas, y no pocas, que están diseñando estrategias para teletrabajar de manera permanente, más allá de la pandemia.

Debemos entender que el cambio de incorporar el trabajo remoto al desarrollo de la función laboral y productiva venía desplegándose muy lentamente hace una década. La llegada del covid-19, y de forma simultánea al dolor y sufrimiento que ha causado a millones de personas en el mundo, le dio un empuje y aceleramiento insospechado. El teletrabajo permitirá cumplir con la función encargada, dedicar más tiempo a la familia y aliviar costos a empresas pequeñas, lo que puede ser significativo.

Sobre educación, solo expresaré que la no presencialidad escolar tiene un cara y sello muy grande. Es verdad que la calidad y velocidad del aprendizaje se ven seriamente afectados cuando nuestros niños y niñas están frente a una pantalla y no en la maravillosa interacción que se da en el aula, pero sí permite que las generaciones de nativos digitales, como se define a los niños y adolescentes, estén en su ecosistema normal. Los y las niñas y jóvenes de hoy no se conectan, son conectados; nosotros nos conectamos a internet, pero ellos están y son conectados al mundo.

Se puede trabajar y estudiar a distancia, pero lo central es no perder con ello el sentido de la humanidad y que somos lo que somos evolutivamente gracias a nuestras interacciones en comunidad.