Siete macrorregiones para contener el hipercentralismo
Investigadores de Fundación Piensa presentan propuesta al proceso constituyente, "quizás la última oportunidad para revertir la tendencia centralista y concentradora de la capital".
La descentralización no es un tema nuevo en procesos constitucionales, y así lo constatan los investigadores de Fundación Piensa Maximiliano Duarte e Ignacio Aravena, autores de Macrorregiones, una propuesta para el proceso constituyente.
Durante la discusión constitucional que dio origen a la Carta de 1925, subrayan, la propuesta más contundente fue la de Héctor Zañartu Prieto, partidario de una nueva división territorial en base a nueve provincias con importantes densidades poblacional y económica para generar sus propios recursos, pero fue rechazada porque la supusieron un salto hacia un régimen federal y por las protestas que podría originar de parte de las provincias.
En una entrevista publicada 20 años después, señala el estudio, el mismo Zañartu criticaba el excesivo centralismo de la Constitución, que "contribuía a disminuir cada día más la relevancia de las provincias y a influir para que se acumulara en Santiago, una inmensa cantidad de zánganos".
A fines de los años 50, en su libro En vez de la miseria, una de las bases del programa económico del Presidente Frei Montalva, Jorge Ahumada identificaba el centralismo como una de las barreras al desarrollo del país, porque "en su proceso de crecimiento, Santiago operaba como un centro que atraía mano de obra y capacidad de las provincias, dejando a estas atascadas".
Ordenamiento sin revisión
Tras la división territorial en 13 regiones instaurada en 1974, "en un escenario de tensión política que llevó a una planificación sustentada en aspectos de seguridad nacional", remarcan que la reinstalación de la institucionalidad democrática post 1990 "no ha significado una revisión sustantiva del ordenamiento territorial implantado por la dictadura, a pesar de que la profundización del centralismo y las desigualdades regionales ya eran hechos irrecusables".
Incluso, exponen, la reforma constitucional de 2005 propició un proceso de fragmentación territorial a través de la posibilidad de crear más regiones, sin necesidad de que se configurara algún requisito formal o sustantivo. En 2007 nacieron así las de Arica y Parinacota y Los Ríos, mientras que en 2018 fue el turno de Ñuble.
"Considerando los diagnósticos de antaño, es preciso preguntarnos si no están plenamente vigentes en el Chile de hoy", plantean Duarte, abogado y máster en Derecho, y Aravena, ingeniero en construcción y máster en Planificación Urbana. "¿No será que estamos presenciando una fragmentación territorial de igual magnitud que aquella que preocupaba a Zañartu y a Ahumada, y que fue también la causa de una reorganización territorial durante la dictadura?".
Propuesta de nueva distribución
En este escenario los investigadores sostienen que la Convención Constitucional "deberá zanjar dos cuestiones esenciales para la nueva institucionalidad chilena y que guardan una estrecha relación con la descentralización: forma de Estado y división territorial", los pilares que sostienen la arquitectura institucional de un país.
"Sea que se opte por un modelo unitario, federal o intermedio -como sería, por ejemplo, uno unitario descentralizado-, es imprescindible que la Constitución se haga cargo también de la división territorial", agregan. Y proponen "una nueva organización territorial ajustada a las necesidades actuales, que sea capaz de producir, a través de un proceso de descentralización, la desconcentración demográfica y económica de la capital".
La propuesta es resultado, entre otros, de análisis geográfico, de clima, vegetación y distancias entre regiones, obtenidos en fuentes como el Grupo de Geografía UC, la Conaf y la Dirección de Vialidad; variables sociodemográficas del Censo 2017, la encuesta Casen 2017 y el Mineduc; empleo y producción, con antecedentes y estadísticas del Servicio de Impuestos Internos y del Banco Central, así como diversos indicadores de concentración espacial.
Plantea una reorganización territorial que es a la vez consistente con el análisis económico, en que las tres grandes zonas geográficas del país pueden ser desagregadas en siete macrorregiones:
Norte Grande, con las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama, con alta distribución de empleos asociados a la minería y a las actividades necesarias para el desarrollo urbano y productivo, como construcción, comercio, manufactura, administración pública y actividades profesionales.
Centro-norte, con Coquimbo y Valparaíso, que posee actividad minera competitiva en la Cuarta Región y en la zona interior de Valparaíso, y también cuenta con actividades agrícolas, vinícola, portuaria y mayor homogeneidad en las distintas ramas económicas.
Región Metropolitana, con una diversidad de actividades económicas donde resaltan servicios profesionales, desarrollo inmobiliario y sector financiero, que implica un elevado índice de concentración espacial y competitividad, a lo que se suma la minería en el área cordillerana de esa zona.
Centro Sur: con las regiones de O'Higgins, Maule y Ñuble, donde destaca fuertemente la participación de la agricultura en la generación de empleos y el PIB regional, además de la manufactura como fuente de ingresos relevante.
Biobío, que destaca por su zona metropolitana, donde las actividades económicas están homogéneamente distribuidas en cuanto a su participación dentro del PIB regional y la generación de empleos, con sectores manufacturero y agrícola importantes, además de ser un centro de distribución y operación para la zona sur.
Macrozona Austral, con las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, que presenta una participación importante de la agricultura, y sus dinámicas son similares a las de la zona Centro Sur.
La Patagonia, con Aysén y Magallanes, que posee grandes extensiones territoriales y difiere del resto del país tanto por su conectividad -donde los medios marítimos y aéreos adquieren gran relevancia-, como por su baja densidad y menos zonas urbanas. Con ingresos superiores a las regiones vecinas, destaca por sus actividades asociadas al transporte y la minería.
Los autores del estudio se declaran "conscientes de que las probabilidades para que una propuesta como ésta sea impulsada son bajas", ya que la experiencia demuestra que hay resistencia para innovar en este sentido, por los costos políticos asociados. "Pero creemos que el proceso constituyente es quizás la última oportunidad para asumir el desafío de revertir la tendencia centralista y concentradora de la capital. La nuestra es sólo una propuesta para repensar un país más justo y mejor distribuido para todos, donde exista igualdad de oportunidades y alternativas reales para promover exitosos proyectos de vida a lo largo de nuestro vasto territorio". 2