"El domingo 6 de junio, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública confirmó la expulsión de más de 50 personas migrantes, quienes fueron devueltos a su país de origen en vuelos ese mismo fin de semana. No es el primero. Waleska Ureta, directora del Servicio Jesuita Migrante los ha denominado 'Los vuelos del terror'. Este fue el tercero y ya son más de 150 personas las que han sido deportadas.

El Jefe de Extranjería, Álvaro Bellolio explicó que esta decisión 'ayudaría a mejorar las relaciones entre nacionales y extranjeros' argumentando que 'no hay nadie que no haya ingresado clandestinamente que haya sido notificado'. Esa fue la razón de peso que esgrimió el Gobierno para adoptar tal determinación en medio de la pandemia: expulsar a personas que han ingresado por pasos irregulares al país, sin mostrar consideración hacia las familias e hijos/as que pudieren permanecer en Chile.

El Relator Especial de Naciones Unidas sobre DD.HH de los migrantes, Felipe González, plantea que 'las deportaciones de migrantes no se pueden llevar a cabo de manera sumaria, sino que requieren una evaluación individual, caso por caso, de sus necesidades de protección internacional, teniendo en cuenta además las consideraciones humanitarias de arraigo, vínculos familiares u otras que puedan existir', e hizo un llamado a detener estas expulsiones masivas.

Hace dos meses entró en vigencia la nueva Ley de Migraciones y Chile en vez de facilitar recursos y procesos, opta por una política de expulsiones. El presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, instruyó a las Cortes de Apelaciones del país a disponer todas las medidas necesarias para reunirse a analizar y decidir la admisibilidad de interposición de recursos de amparos que requieran atención urgente, para así detener expulsiones arbitrarias e ilegales.

'Vamos a seguir recibiendo venezolanos en Chile porque tenemos un deber de solidaridad' dijo el Presidente Piñera en una entrevista a DW. Cómo olvidar esa parafernálica visita a Cúcuta, donde Piñera invitaba a venezolano/as a nuestro país, probablemente haciendo gala de un marketing político nefasto.

Para analizar la gravedad de la política de expulsiones masivas y sus consecuencias, he solicitado que se realice una sesión especial en el Senado, que se llevará a cabo el lunes 21 de junio, donde habrá representantes tanto del Gobierno como de organismos vinculados a la protección de los DD.HH.

Migrar es un derecho humano. Urge avanzar en la construcción de una sociedad inclusiva, diversa y hospitalaria. Es un imperativo ético tratar a las personas migrantes como nos gustaría que traten a nuestros compatriotas en el exterior, respetando su dignidad y derechos". 2

Es un imperativo ético tratar a las personas migrantes como nos gustaría que traten a nuestros compatriotas en el exterior".

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"Antes de cualquier debate sobre la migración, es esencial entender que éste no es un fenómeno, no está de moda, no es un problema, sino que es un derecho humano y como tal, ha sido reconocido por pactos y tratados internacionales suscritos por Chile. Si entendemos así la migración, podremos despojarla de los mitos, prejuicios y discriminaciones.

Como derecho, no es de carácter absoluto y reconoce restricciones. En nuestro país, está dada por la reciente Ley 21.235, de Migración y Extranjería, que busca mejorar la anterior ley existente, sin embargo, mantiene deficiencias que han venido a ser salvadas por la jurisprudencia de nuestros tribunales, reconociendo que los derechos de los migrantes no tienen que ver con su entrada regular o irregular, sino como seres humanos.

Sabemos que muchos de ellos buscan mejorar sus condiciones de origen, sin embargo, la mayoría de las veces se encuentran con situaciones adversas, estando imposibilitados de acceder a un trabajo formal que les permita surgir y alcanzar la anhelada estabilidad que buscan. La efectiva integración se convierte así en una utopía, vemos con normalidad a familias completas; padres, madres e hijos, pidiendo limosnas, sin poder legalizar su situación, precarizado aún más su estado.

La reciente y robusta jurisprudencia, en defensa de los migrantes, no hace sino demostrarnos que las particularidades de cada caso deben ser tomadas en consideración. ¿Quisiéramos expulsar a nuestros compatriotas que cometen delitos? Muchos dirán que sí, ya que deseamos que nuestras normas de convivencia social se respeten. Así, no es lo mismo comparar la situación de un migrante con antecedentes penales, con aquél que acata nuestras leyes, crea lazos y forma arraigo. En este último caso, aducir razones humanitarias para evitar su expulsión, es de toda lógica y debemos buscar la forma para que aquellas situaciones, se encuentren previstas en la ley, evitando así que el Poder Judicial transforme su quehacer.

Por su parte, ejercer un eficaz control y fiscalización de aquellos pasos fronterizos que permiten el ingreso de extranjeros en forma irregular, debe ser considerado como un tema relevante. Las fronteras deben ser custodiadas con la mayor rigurosidad y para ello, deben ponerse a disposición los recursos físicos y económicos disponibles para esta labor.

Así entonces la interrogante planteada por el Subsecretario del Interior no debe centrarse en si limitamos o no la migración, sino cómo la regulamos adecuadamente, de qué manera hacemos al migrante sujeto de derechos y deberes con su valioso aporte cultural y, de qué manera la expulsión debe aplicarse como última ratio". 2

No es lo mismo comparar la situación de un migrante con antecedentes penales, con aquél que acata nuestras leyes y forma arraigo".

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"Estamos de acuerdo en que las migraciones tienen que ser normadas, reguladas. Tampoco estamos por promover un ingreso clandestino, porque esa es una puerta para la trata de personas. Pero sí creemos que tienen que cumplirse los procedimientos que establece la ley en caso de una deportación", señala el director del Departamento de Movilidad Humana del Obispado de Valparaíso, sacerdote Pedro Nahuelcura.

El párroco de la iglesia Inmaculado Corazón de María dice que "recibimos con profundo dolor" los casos de expulsiones administrativas, no vinculadas a la comisión de delitos que indica la nueva Ley de Migraciones, en que "se han producido detenciones y hostigamiento a población migrante en proceso de regularización en el marco de la nueva legislación, por lo que algunas Cortes de Apelaciones y Corte Suprema han detenido medidas de expulsiones, considerándolas arbitrarias".

El sacerdote plantea que cuando existe una orden de expulsión administrativa, "hay una notificación y un plazo de apelación de cinco días. Esos son los procedimientos que no se han cumplido y que han significado expulsiones a personas que estaban con procesos ante los tribunales de justicia".

"Organismos internacionales como Acnur, la Organización Mundial para las Migraciones, y organizaciones de Iglesia, hemos elaborado declaraciones respecto a este tema, enfatizando que la nueva ley establece plazos para que las personas que hayan estado en situación clandestina puedan salir voluntariamente del país. Eso no se ha respetado porque estamos con fronteras cerradas hasta el 28 de este mes, y eso lleva a que el artículo 8 sea prácticamente letra muerta.

¿Cómo vamos a permitir la regularización y el normal flujo de migrantes si no se puede en la situación de pandemia? En ese sentido, tanto los tribunales como la Corte Suprema han sacado un instructivo para que puedan atender nuestras presentaciones los fines de semana", evitando que las medidas se concreten sin que los afectados tengan asistencia legal.

Comparativamente con otros países, como Perú y Colombia, donde los migrantes representan cerca del 20% y 25% de la población, nosotros solo estamos en el 6%, en algún momento el 7%. Nos llama la atención que el Presidente haya ido a la frontera de Colombia y Venezuela e hiciera un llamado a que los venezolanos vinieran a Chile, y ahora se produzcan estas políticas de expulsión, concretamente con población venezolana.

Se trata de migrantes que están abocados al nuevo plazo de regularización los que están siendo deportados. Y eso a nosotros nos parece injusto, que no respeta las normas internacionales ni los derechos elementales de las personas". 2

Se han producido detenciones y hostigamiento a población migrante en proceso de regularización".

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"La normativa chilena, especialmente el D.L. 1094, establece las causas por las que una persona puede ser expulsada del país y quiénes detentan la facultad para dictar esas órdenes: Ministerio del Interior e intendencias regionales.

La normativa en términos generales no se ajusta a los estándares internacionales, por lo que se presta para abusos y arbitrariedades, como órdenes de expulsión arbitrarias o deficientemente fundadas u otras que se ejecutan en forma rápida para impedir cualquier acción cautelar por parte del afectado.

Muchas veces, estas órdenes se transforman en penas que castigan 'el delito de ingreso irregular al país', sin que exista un justo y racional procedimiento que ampare esta decisión.

En este contexto, los tribunales superiores de Justicia han ido acogiendo recursos de amparo, a favor de extranjeros cuya expulsión ha decretado la autoridad administrativa, esgrimiendo entre otras razones la falta o deficiente fundamentación de las órdenes administrativas que las transforman en arbitrarias y desproporcionadas; la ausencia de garantías procesales que dejan al extranjero afectado por la medida en una situación de indefensión y la infracción a la norma constitucional que señala que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad de la cual emana el principio de reunificación familiar.

La postura de la Corte Suprema se ve reforzada por la instrucción que su presidente, Guillermo Silva, ha dado a las Cortes de Apelaciones para que dispongan medidas necesarias para reunirse en horas inhábiles ante la interposición y resolución de admisibilidad de recursos de amparo que requieran atención urgente. Así, las Cortes deberán implementar un sistema que les permita pronunciarse oportunamente sobre los recursos de amparo deducidos en días o en horas inhábiles, disponiendo las medidas necesarias para que el tribunal sesione oportunamente, aún en día inhábil si resulta imprescindible para garantizar el derecho a la libertad personal de los afectados.

Frente a una normativa insuficiente y añeja, elaborada sin considerar una perspectiva de derechos humanos y aplicada por una autoridad administrativa incapaz de entender la importancia de respetar y garantizar los derechos humanos de las personas extranjeras que, por diversas causas, intentan construir su proyecto de vida en Chile, los tribunales están dando señales y mostrando el camino que nuestro país debe seguir: regular la migración, respetando los compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos y aplicar esta normativa de buena fe, considerando que las personas migrantes están en una especial situación de vulnerabilidad social y que el Estado no puede ser otra fuente de deterioro de sus derechos y dignidad". 2

Las personas migrantes están en especial situación de vulnerabilidad y el Estado no puede ser otra fuente de deterioro de sus derechos".

Jorge Astudillo Académico de la UNAB

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