El aterrizaje en Chile de la variante delta -al menos dos veces más contagiosa que el covid-19 original- levantó alarmas en toda la comunidad, principalmente aquella que lleva largos periodos de confinamiento. Parte de dichas preocupaciones surgen por la permeabilidad que mostraron los mecanismos de control implementados en la frontera para impedir el ingreso al país de nuevas variantes y la falta de claridad en las explicaciones dadas por el Ministerio de Salud sobre el origen concreto del contagio, dado que la persona involucrada llegó al Aeropuerto Internacional de Santiago con un PCR negativo.

La noticia se cruzó con dos hechos relacionados, aunque independientes. Por un lado, la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de ley que extiende la vigencia del Estado de Excepción Constitucional, una facultad que le permite al Gobierno aplicar con rapidez varias medidas para enfrentar la pandemia. El debate no estuvo exento de críticas al Ejecutivo por su manejo de la situación sanitaria y los cuestionamientos fueron transversales -de la UDI al PC- para la mantención del toque de queda, quizás la menos entendible de las medidas de emergencia aplicadas hasta ahora. ¿Hasta dónde es razonable restringir las libertades de los ciudadanos con imposiciones que no tienen un efecto claro ni eficiente?

El otro punto es que la variante delta llegó cuando el Ministerio de Salud estaba a punto de redibujar los límites del plan Paso a Paso. La estrategia del ministro Enrique Paris fue realizar una consulta amplia a gremios, sociedades científicas, especialistas médicos y organizaciones vinculadas con distintos ámbitos de la economía, con el objetivo de que los cambios surgieran de un acuerdo amplio. El resultado se dará a conocer en los próximos días, aunque nadie se atreve aún a especular el rol que jugará en el documento definitivo la nueva variante delta.

La incertidumbre que se abre en este nuevo escenario es particularmente perniciosa para los negocios asociados al turismo. El comercio detallista, los restaurantes, la hotelería y los operadores ven con desánimo cómo la falta de un control adecuado de la pandemia impide mayor apertura, más aún cuando estamos a pocas semanas de las vacaciones de invierno.

Pero hay un punto en el que coinciden todos los actores involucrados: la relevancia de la vacunación para evitar que cualquier nueva variante de covid-19 provoque nuevas escaladas en las camas críticas de los hospitales, cuya ocupación ha ido en descenso lento, pero paulatino, en las últimas semanas. Es probable que todo cambio al plan Paso a Paso, cualquier nueva estrategia para frenar la pandemia y reactivar la economía, quede condicionada a los avances en el plan de vacunación, sea primera, segunda o tercera dosis. Es en ese terreno donde el Gobierno puede encontrar los apoyos que le han sido esquivos en todo este periodo.

Cada vez somos más las personas mayores de 60 años que habitamos este mundo, en particular Chile, que según datos de la CEPAL se encuentra entre los países más envejecidos de Latinoamérica.

El envejecimiento de la población es, sin duda, una de las transformaciones sociales más significativas del siglo XXI por sus múltiples implicancias sociales y económicas, que desde luego impacta en el Estado, la sociedad y la familia. Frente a este escenario, es preciso preguntarnos si Chile es un país edadista contra las personas mayores, lo que se conoce como viejismo. El edadismo se refiere a todos aquellos estereotipos, prejuicios y discriminaciones por motivos de edad, mientras que el término viejismo se utiliza cuando el grupo etario afectado son las personas de 60 años y más.

En marzo de 2021, la OMS publicó el Primer Informe Global sobre Edadismo, el cual reveló que a nivel mundial una de cada dos personas tienen actitudes viejistas. ¿Y en Chile? Según la Encuesta Nacional de Inclusio´n y Exclusión Social de las Personas Mayores 2017, un 68,2% de los encuestados considera que las personas mayores no pueden valerse por sí mismas, una cifra muy alejada de la realidad, pues más del 85% de la población mayor somos autovalentes, es decir, somos capaces de realizar las actividades básicas de la vida diaria de manera autónoma e independiente. Si bien no existen cifras suficientes para afirmar que Chile es un país viejista, a partir de mi experiencia como persona mayor y dirigenta social vinculada a este segmento de la población, puedo asegurar que en Chile se discriminan a las personas mayores por su edad.

El pasado 15 de junio, con motivo del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, más de un centenar de jóvenes y personas mayores nos reunimos a lenguajear, en palabras del profesor Maturana, a vaciar pensamientos y sentimientos sobre la toma de conciencia del mal trato a la población mayor y la necesidad de darle una vuelta a esa denigrante situación. En el encuentro virtual organizado por el Consejo Ejecutivo Mixto del Centro Gerópolis de la Universidad de Valparaíso, del cual formo parte, pudimos dialogar sobre cómo la sociedad chilena limita nuestra participación, autonomía y derecho a tomar nuestras propias decisiones. Identificamos el viejismo en medios de comunicación, instituciones públicas, familia, trabajo, transporte, entre otros espacios. Se expresa a través de palabras, por ejemplo, cuando nos dicen abuelitos sin ser nuestros nietos, o cuando nuestras familias manifiestan una excesivo cuidado al punto de coartar nuestra libertad.

Es urgente que instalemos en la conciencia colectiva la costumbre del buen trato con las personas mayores. Esto implica un cambio de mentalidad y hacerlo es un proceso lento, pero bien vale la pena comprometernos con esta noble causa a la que tiene derecho todo ser humano. Lo primordial es comprender que las personas mayores somos diversas y que cada uno envejece de manera diferente. No nos encasillen, queremos vivir nuestra última etapa de la vida libre de prejuicios.