La Cámara de Diputados, por una unanimidad, ratificó el informe de la comisión mixta encargada de superar las discrepancias con el Senado respecto del proyecto que establece medidas para incentivar la protección de los derechos de los consumidores

La propuesta, iniciada en un mensaje del Ejecutivo y ahora despachada al Senado, tiene por objetivo establecer medidas que incentiven y, a la vez, fortalezcan la protección de los derechos de los consumidores, buscando evitar la presencia de vacíos legales que faciliten su vulnerabilidad.

En el amplio cuadro normativo que involucra esta iniciativa se detallan diversos perfeccionamientos a la Ley 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, así como adecuaciones a otros textos legales. Entre los cambios se indica que las disposiciones de este marco legal se interpretarán siempre en favor de los consumidores.

Contratos

En este sentido, se mejoran las disposiciones relativas a los contratos (incluyendo los celebrados por medios electrónicos o aceptados por comunicación a distancia), derechos de reclamación, devoluciones y compensaciones para un amplio abanico de materias, desde las de carácter financiero y compras, a las relativas a servicios educativos y de transporte aéreo.

Un reglamento dictado por el Ministerio de Economía establecerá las normas que sean necesarias para la adecuada aplicación de los derechos mencionados.

Garantía de seis meses

Entre las normas específicas abordadas en esta ley se estipula que en el caso de venta de bienes durables se considerará en la información básica comercial la duración del bien, incluido el plazo en que el proveedor se obliga a disponer de repuestos y servicio técnico para la reparación de estos.

En cuanto a los derechos de garantía de un producto, se amplía de tres a seis meses, siempre que este no se hubiere deteriorado por un hecho imputable al consumidor. Si el producto se vendió con una determinada garantía, prevalecerá el plazo por el cual esta se extendió.

En cuanto a los establecimientos de educación superior, institutos profesionales y de formación técnica, estos deberán otorgar gratuitamente los certificados de estudios, de notas, de estado de deuda. Los certificados podrán ser solicitados hasta dos veces en un año y deberán ser emitidos dentro del plazo de diez días hábiles contado desde la presentación de la solicitud.

También fue eliminada de la norma la posibilidad del proveedor de ofrecer descuentos o beneficios adicionales asociados exclusivamente a un medio de pago administrado u operado por el mismo proveedor.

En otra área, se define que en el caso de existir problemas con los pasajes aéreos, los proveedores deberán informar por escrito a los consumidores de los derechos del pasajero, las indemnizaciones, compensaciones y mitigaciones que consagran las leyes para tales efectos y la forma en que el proveedor cumplirá con estos deberes. Asimismo, se establecen disposiciones claras respecto de la denegación de embarque y las respectivas compensaciones o prestaciones asistenciales, entre otras materias.

En el debate se puso especial énfasis en una indicación aprobada dentro de la normativa que prohíbe descuentos asociados al pago con una determinada tarjeta de crédito de casa comercial, lo que, según algunos parlamentarios, perjudicaría a los consumidores de las pequeñas casas comerciales por impedir la fidelización del comercio. Se anunció la solicitud de un veto presidencial para abordar la materia. Para el autor de la indicación, el diputado Karim Bianchi (Ind.), esto correspondería a una defensa del retail, ya que no se acabarían las ofertas, sino que se aclararían las reglas del juego.