Los conflictos urbanísticos siguen dando trabajo a la Corte Suprema. El caso es que mientras la inmobiliaria del Hotel Punta Piqueros recurre al máximo tribunal contra la Municipalidad de Concón, en el mismo tribunal se busca un acuerdo para un polémico proyecto en Valparaíso.

Esta instancia de conciliación tendrá lugar el jueves próximo entre los abogados del municipio porteño y los representantes de la firma Inmobiliaria del Puerto SpA, de propiedad del empresario Nicolás Ibáñez. Esta empresa tiene en marcha un proyecto constructivo en los terrenos del desaparecido Jardín Pümpin, a los que se sumó un predio que inicialmente pertenecía a la Compañía Chilena de Tabacos y luego fue adquirido por la Universidad Adolfo Ibáñez, para finalmente ser incorporado a la iniciativa.

El proyecto, que considera 23 edificios con un total de 750 departamentos, fue rechazado por algunos vecinos del sector, los cuales recibieron el apoyo de la municipalidad, que también vetó la iniciativa, desatándose un conflicto que escaló a la Corte Suprema.

La objeción principal a la propuesta está en el efecto que tendría sobre los valores paisajísticos y naturales del tradicional lugar, especialmente del Jardín Pümpin, que a través de décadas, más allá de lo comercial, conformó un verdadero jardín botánico. Se objeta también el impacto que significarían eventuales edificaciones en altura, sobre lo cual hay malas experiencias en Valparaíso y Viña del Mar.

Sin embargo, con un permiso de construcción ya vigente, se estaría llegando a una etapa de conciliación que lleva adelante el magistrado Sergio Muñoz, quien habría encargado varias "tareas" a la inmobiliaria con el fin de atenuar los efectos negativos de la propuesta inmobiliaria. Para ello debería modificarse el proyecto en dos aspectos: el uso del suelo y el constructivo propiamente tal.

Así, propone el magistrado a la inmobiliaria "procure afectar la menor superficie posible del parque preexistente, evitando la tala árboles o la supresión de especies vegetales". En lo constructivo, insta a la empresa a levantar la menor cantidad de torres, las que deberían tener una altura moderada. Propone, además, que los estacionamientos sean subterráneos y la reconstrucción de la casona Pümpin, centro del tradicional predio.

Los puntos planteados por el ministro Muñoz aparecen razonables y, considerando la amplitud del espacio en que se emplaza la iniciativa, es posible que sean aceptados por la empresa; pero también está la otra parte, la municipalidad, sometida a la presión de los vecinos.

Sería deseable una conciliación, pues en último término lo que necesita Valparaíso son acuerdos y no conflictos y también señales que impulsen la inversión dentro de marcos claros, definidos, de sustentabilidad.

Si mucho antes de la pandemia el Instituto de Previsión Social (IPS, ex INP) ya era una entidad fundamental para la sociedad, qué duda cabe que su relevancia se ha visto multiplicada desde la llegada del coronavirus a nuestras vidas. Es que no es solo la institución que administra el sistema de pensiones solidarias y de los regímenes previsionales de las ex Cajas, sino que también distribuye una serie de otros beneficios que otorga el Estado y, a través de su red Chile Atiende, permite realizar más de 240 trámites de 28 servicios públicos, evitando traslados y contribuyendo a resguardar la salud, ahorrar tiempo y dinero a las personas.

Esto era especialmente importante para las localidades más aisladas antes de la pandemia y lo es mucho más hoy, cuando el llamado de las autoridades sigue siendo a evitar aglomeraciones y salir solo si es estrictamente necesario. Lo claro es que todo lo anterior permite afirmar que el IPS hace posible acortar brechas y suplir carencias, facilitando el acceso a las ayudas que brinda el Estado y, por ende, la vida de las personas.

La pandemia ha supuesto grandes desafíos para los funcionarios que se han visto obligados a dar lo mejor de sí mismos, aprender, adaptarse y superar sus propios miedos para seguir adelante. La situación provocada por la pandemia ha exigido que todos -y no solo los grupos de mayor riesgo- acogiéramos las recomendaciones sanitarias y eso nos ha empujado a ser creativos, proactivos y renovar nuestro compromiso social e institucional.

La necesidad de resguardar la salud de la comunidad y nuestros funcionarios nos ha empujado a promover con insistencia el uso de plataformas digitales, redes sociales y centro de llamados, lo mismo que potenciar las atenciones virtuales e implementar, de súbito y con todas sus complejidades, el teletrabajo.

Hemos aprendido mucho en el camino y cada día nos sigue ofreciendo lecciones, pero ha sido muy gratificante saber que los esfuerzos mancomunados nos han permitido ser parte de la experiencia histórica de mantener el país en marcha en medio de esta crisis mundial.

A la gama de prestaciones ofrecidas por el IPS y la red ChileAtiende -trámites del Pilar Solidario del Sistema de Pensiones, bonos Fonasa, postulación a programas del Fosis y Serviu, entre muchos otros-, hoy se suman los diversos mecanismos generados para apoyar a las personas y las pymes en tiempos difíciles y dolorosos.

El trabajo colectivo y coordinado, la construcción de vínculos entre profesionales de distintos servicios y reparticiones, la incorporación de tecnología y nuevas herramientas y el apoyo activo a nuestra población menos digitalizada, todo eso, sumado a funcionarios con un alto sentido de lo público, ha permitido garantizarle a la ciudadanía el acceso a los servicios y toda la orientación requerida para acortar las brechas entre los que tienen más y los que tienen menos.