Efe

Las revelaciones sobre el alcance del espionaje en países como Francia, México y Hungría a través del programa israelí Pegasus, levantó una ola de condena internacional por el uso de este método de inteligencia militar en el rastreo de información privada de periodistas, políticos y defensores de derechos humanos.

A medida que avanza la investigación, que la lleva adelante un consorcio de medios internacionales coordinados por la organización francesa Forbidden Stories y con apoyo técnico de Amnistía Internacional (AI), los gobiernos supuestamente implicados niegan con mayor vehemencia su relación en el uso ilegítimo del software de la firma tecnológica israelí NSO Group.

En el caso de Francia, la Justicia abrió una investigación debido a la denuncia de dos periodistas del sitio informativo Mediapart, cuyos celulares se sospecha que fueron intervenidos por Marruecos, aunque ese Gobierno lo niega.

La Fiscalía de París indicó que la investigación se abrió por una decena de cargos, incluyendo la intromisión fraudulenta en un sistema informático y venta sin autorización de un dispositivo técnico para la captación de datos, aunque no dio ninguna indicación sobre la identificación de posibles responsables.

Al menos 50.000 víctimas

Pegasus es un software espía que no necesita de ninguna acción del usuario para activarse. Se infiltra en los celulares de forma invisible y es capaz de acceder a todos los datos, cámara, micrófono y geolocalización, incluyendo mensajes en WhatsApp o Telegram.

Los potenciales clientes identificados son Arabia Saudí, Azerbaiyán, Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Hungría, India, Kazajistán, México, Marruecos, Ruanda y Togo.

Según la investigación, los Gobiernos implicados enviaban a NSO Group los números de teléfono (son más de 50.000) para espiar a periodistas, altos cargos de empresas, activistas de derechos humanos, políticos, funcionarios e incluso al cardiólogo del actual presidente de México.

En ese país, el Gobierno del expresidente Enrique Peña-Nieto (2012-18) habría espiado a través del programa a periodistas, activistas e incluso al entonces líder opositor y actual presidente, Andrés López Obrador, según Edith Olivares, directora interina de Amnistía Internacional México.

Las denuncias consideran que en México unas 15.000 personas fueron espiadas. En respuesta, López Obrador aseguró que en su Gobierno "no se espía a nadie", pero descartó tomar medidas judiciales.

Hungría niega

En medio de las acusaciones cruzadas, el Gobierno húngaro salió a desmentir que haya realizado vigilancia ilegales a personas mediante el programa Pegasus y aseguró que los servicios de seguridad del país funcionan conforme a la legislación vigente.

El medio local Direkt36 estima que 300 personas en Hungría pudieron haber sido objeto de vigilancia mediante ese programa. La oposición tomó las denuncias para acusar que se trata de una muestra de la "tiranía" y el Estado policial que creó en el país el primer ministro, el ultranacionalista Viktor Orbán.

Onu condena espionaje

Por su parte, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, calificó de "extremadamente alarmante" el espionaje, y pidió un uso muy limitado de esta tecnología de vigilancia.

La empresa israelí NSO Group calificó de "endeble" la investigación que le acusa de espionaje y aseguró que solo son intentos por "desacreditar" al grupo con "motivos falsos", debido a que no han entregado tecnología a ningún Gobierno para realizar espionaje.

El Gobierno chino, a través del portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Zhao Lijian, acusó a Estados Unidos de ser la fuente de la mayoría de ciberataques del mundo y de realizar escuchas "tanto a rivales como aliados".

Zhao respondió así a las acusaciones, por parte de Estados Unidos, la Unión Europea y algunos de sus aliados como Reino Unido, Australia, Canadá y Japón, sobre la presunta vinculación de China con el ciberataque global contra Microsoft que afectó a 250.000 sistemas informáticos en todo el mundo el 12 de marzo.

Ese ataque afectó a instituciones como la Autoridad Bancaria Europea, el Parlamento noruego y la Comisión del Mercado Financiero de Chile.

Washington aseguró que el Ministerio de Seguridad Pública de China, el principal órgano policial y de inteligencia del país, "contrata" a "hackers criminales" para realizar "operaciones cibernéticas no permitidas a nivel global" como extorsión, secuestro criptográfico y robo a víctimas de todo el mundo para ganancia financiera.

Zhao calificó de "inaceptable" la "coalición de Estados Unidos con sus aliados con el objetivo de culpar a China".

El portavoz chino dijo que estas "irracionales" acusaciones persiguen "fines políticos" y China "nunca lo aceptará".

Además, Zhao restó importancia a los reclamos contra China asegurando que "una pequeña cantidad de países no pueden representar a la comunidad internacional".

Zhao declaró que "uno no se lava manchando a otros" y anunció que China tomará medidas para garantizar la seguridad cibernética del país y proteger sus intereses. La actividad en el ciberespacio es "difícil de rastrear", aseguró Zhao, y debería haber "pruebas completas y suficientes" antes de "relacionar ataques cibernéticos con el gobierno de otro país". China "se opone completamente a cualquier forma de ciberataque y no lo fomenta o apoya", concluyó.