Los recientes dimes y diretes entre el Ejecutivo y la mesa de la Convención Constitucional, sobre el uso de los recursos públicos asignados al trabajo constituyente, abren una serie de interrogantes en relación a la forma en cómo dicha instancia aborda los asuntos de probidad, transparencia y austeridad.

No podemos olvidar que durante la campaña este tema fue un compromiso electoral bastante extendido y transversal, pues se hizo especial hincapié en que se quería marcar una diferencia sustantiva con los espacios tradicionales de la política, entre ellos el Congreso Nacional.

Varios candidatos hablaron de que la Convención debía ser una verdadera "casa de vidrio" o una que tuviera "paredes de cristal", aludiendo a la transparencia total que debía recoger su reglamento interno. Pero este ánimo generalizado por acabar con la "antigua" forma de hacer política está chocando con la realidad.

A las limitaciones que se impusieron -luego revertidas- en materia de libertad de información, mediante la prohibición de acceso de la prensa a ciertos espacios del ex Congreso Nacional, se suman más recientemente las denuncias sobre la opacidad, desorden y desconocimiento que existe en el uso de los recursos involucrados en la tarea constituyente.

Los descargos hasta ahora esgrimidos por la mesa de la Convención, sea para negar o justificar los gastos, distan de ser convincentes.

Sorprendentemente nos encontramos en el peor de los mundos. En efecto, estando pendiente la generación del reglamento interno de la Convención, y ante la inexistencia de un órgano independiente encargado de fiscalizar el buen uso de los recursos públicos, como ha reconocido la propia Contraloría General de la República, la Convención se convierte, por esa sola circunstancia, en un organismo que queda al margen de la institucionalidad en una serie de materias, entre ellas, el control presupuestario de la instancia constituyente.

Su carácter autónomo, los transforma en un grupo privilegiado. Mientras otros órganos públicos están sujetos a control externo, la Convención se cuida a sí misma, emulando al parlamento, que no goza precisamente de buena reputación ciudadana.

Además de los mayores niveles de transparencia de la Convención, pareciera que el concepto de austeridad, llamada a complementarla, es desconocido para varios convencionales.

El rápido nacimiento de esta nueva "clase constituyente" -que poco parece importarles a los susodichos- es una mala señal. No siendo posible aumentar sus dietas, ahora ven en las asignaciones un atractivo botín, desconociendo la importancia que tiene la austeridad para la confianza ciudadana y la legitimidad de su tarea.

Así, tratándose de funcionarios públicos, transparencia y austeridad vienen a ser las dos caras de una misma moneda. ¡Transparencia y austeridad hasta que duela!

Por ahora, la Convención se aferra a un convenio suscrito con el Consejo para la Transparencia para establecer estándares de probidad y transparencia, lo que excluye expresamente la fiscalización o sanción del Consejo por carecer de facultades.

Aunque insuficiente, este paso debe ser valorado. Como único remedio, la clase política debería aprobar una reforma constitucional que permita la fiscalización de la Contraloría, lo que irradia pesimismo.

Mientras no exista un organismo externo e independiente que fiscalice el buen uso de los recursos de todos los chilenos, estamos frente a una Convención de cristal.

Tan frágil como el cristal.

por francisco orrego bauzá, abogado