La grave sequía que afecta a la región desde hace más de una década comienza a representar riesgos concretos para los habitantes de zonas urbanas que, a lo lejos, escuchaban la preocupación que plantea la falta de agua en sectores rurales. Para muchos de los residentes en el Gran Valparaíso, la crisis hídrica era una preocupación menor, quizás algo más presente en los veranos, pero sin la carga emotiva y de urgencia que adquiere en otras provincias, donde el abastecimiento con camiones aljibe es una necesidad básica que provoca serias controversias judiciales, capaces de llegar a la Corte Suprema, que en marzo de este año acogió el recurso de protección presentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, sede Valparaíso, en favor de los habitantes de la Provincia de Petorca, para garantizar el acceso a 100 litros diarios de agua potable por persona.

Ahora, la crisis hídrica provocada por esta sequía golpea de cerca a los grandes centros urbanos regionales y, peor, desnuda la falta de planificación a largo plazo, la improvisación de las autoridades y la escasa conciencia que existe en la propia población, que no detecta la gravedad del problema mientras no se vea interrumpido ese servicio que el mundo moderno entiende como un derecho básico: un grifo con agua limpia para beber.

El impacto más reciente tiene que ver con un retroceso en el plan de descarbonización de la matriz energética, ya que el coordinador eléctrico nacional tuvo que pedir a la empresa AES Andes reactivar las turbinas de la central carbonera Ventanas 1. La medida, por cierto, provocó el airado reclamo de la comunidad en Puchuncaví, que se siente otra vez perjudicada en una decisión que tiene un beneficio a nivel general del país. El hecho deja al descubierto la fragilidad de las decisiones adoptadas por la autoridad, pero también revela la profundidad del problema y se transforma en un farol de alarma para toda la población, porque todo indica que no existe capacidad para anticipar todas las crisis que son y serán gatilladas por la sequía, el vaciamiento de las cuencas, el avance de la desertificación, la falta de lluvias y nieve, etc.

Con seguridad, los efectos de la actual situación tendrán un impacto en la temporada de incendios 2021-2022, que en los últimos años han arrasado con largas extensiones de pastizales y bosque en zonas cercanas a parques naturales y aquellas áreas de amortiguación que existen entre la mancha urbana y la zona rural. En lo inmediato, urge que el Gobierno apruebe la declaración de zona de catástrofe hídrica para aquellas provincias de la Región que se ven más afectadas. Este es el mecanismo vigente para enfrentar la emergencia, pero no puede reemplazar las medidas de largo plazo que a todas luces aún no se han adoptado.

El único mérito que podría encontrar a la acusación constitucional formulada por doce diputados de oposición contra el ministro de Educación, Raúl Figueroa (que comenzará a discutirse la próxima semana), es que ella resulta crudamente reveladora de algunos aspectos de la crisis política por la que atraviesa nuestro país.

Se trata, por lo pronto, de la octava de tales acusaciones propuesta por congresistas opositores contra autoridades gubernamentales en el actual período presidencial -incluyendo al propio Presidente de la República-, y la séptima desde el 18 de octubre de 2019. En el momento más difícil de nuestros 31 años de democracia, buena parte de nuestra izquierda ha estado más interesada en socavar al gobierno que en contribuir a resguardar la integridad institucional que ha de enmarcar a todo proyecto de cambio.

Pero esta acusación en particular muestra también hasta qué punto la mayoría de tal sector está privilegiando hoy la demagogia y el favor de grupos de presión por sobre la búsqueda honesta, consecuente e informada del bien común. Del 99,8% de la humanidad que probablemente sobrevivirá a esta terrible pandemia (gracias al enorme esfuerzo que ha hecho buena parte de ella), los niños privados de clases presenciales por períodos extensos estarán, sin duda alguna, entre quienes cargarán con consecuencias negativas más relevantes y duraderas. Y el pecado que se imputa al ministro Figueroa es básicamente su tenaz y laborioso esfuerzo por reanudar esas vitales lecciones.

Los niños son por lejos los menos vulnerables a esta peste. Datos de Estados Unidos (donde ha sido más mortal que en Chile) indican que su riesgo de morir a causa de ella, en el cuatrimestre más intenso, alcanzaba a la décima parte del que tenían antes de ella de perecer en un accidente de tránsito, el que a su vez la reducción de la circulación vial hizo disminuir. En cambio, cada vez disponemos de más estudios que muestran los negativos efectos que ha tenido y probablemente tendrá la falta de clases presenciales en edades tempranas. Además de perjuicios actuales en la salud mental y muchas veces también física, los déficits de aprendizaje dañarán seriamente las posibilidades de muchos de nuestros niños de forjar para sí la vida a la que podrían aspirar. El perjuicio tenderá, además, a acrecentar las desigualdades de esa generación, pues las clases a distancia incrementan la desventaja de los niños más vulnerables.

La pronta reapertura de los colegios debía ser un asunto clave para cualquiera movido por el propósito de construir un país mejor y menos desigual. Pero el grueso de la oposición parece haber preferido derribar a un ministro y congraciarse con el Colegio de Profesores, cuya actuación ha sido ciertamente lamentable.