Tribunal Ambiental comienza a definir el futuro del Terminal 2
EXPANSIÓN PORTUARIA. Instancia, cuya decisión es clave para el destino de la iniciativa, escuchó los alegatos de las partes.
Un capítulo esencial para el futuro del proyecto de expansión del Terminal 2 de Valparaíso se vivió ayer en el Segundo Tribunal Ambiental, donde se realizaron los alegatos de todas las partes involucradas en el marco de las siete reclamaciones asociadas a la aprobación ambiental de la iniciativa.
Por parte del titular de la obra, la Empresa Portuaria de Valparaíso, el recurso apunta a la resolución del comité de ministros, específicamente a un punto en que la estatal entiende que se le puso como exigencia -para que el proyecto se concrete- el desarrollo de la iniciativa de mejoramiento de accesibilidad.
Así lo subrayó la abogada Magdalena Prieto quien manifestó en su alegato que la exigencia "es ilegal", pues entre otros puntos, se vincula la operación de una iniciativa a otra que ni siquiera se encuentra en evaluación ambiental. En consecuencia, solicitó al tribunal que se deje sin efecto ese punto al igual que el resto de las reclamaciones.
En esa misma línea, el fiscal de la EPV, Guillermo Crovari, comentó que la estatal "ha sostenido ante el Tribunal Ambiental que la resolución del Comité de Ministros asocia el mejoramiento del Acceso Sur al puerto con la infraestructura portuaria planificada, lo cual no es procedente y hace inviable una futura ampliación".
Agregó que el mencionado mejoramiento vial fue retirado del sistema de evaluación de impacto ambiental "para evaluar la inclusión de tecnologías y diseños que permitan ofrecer nuevas alternativas de acceso a nuestros terminales".
piden revocar la RCA
En tanto, los abogados representantes de los reclamantes Fundación Humanos Derechos, Pablo Alarcón, PlanCerro y la Corporación Municipal para el Desarrollo Social, subrayaron la existencia de una serie de vicios en el procedimiento de evaluación referidos, por ejemplo, a que se debería haber puesto término anticipado a la evaluación, en base a lo expuesto en primera instancia por el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) que señaló que no había suficiente información, aunque al final del proceso se manifestó conforme como lo señaló la abogada del SEA, Camila Palacios.
También se reclamó la falta de otro periodo de participación ciudadana en relación a un eventual aumento de las emisiones atmosféricas del proyecto y a la insuficiencia de las medidas de mitigación, reparación y compensación respecto del patrimonio cultural e histórico, entre otros puntos.
Es así, que se pidió acoger los recursos de invalidación que rechazó la Comisión de Evaluación Regional y que se revoque la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del Terminal 2.
Además, los abogados de Rosa Martínez y Gonzalo Ilabaca manifestaron que sus observaciones ciudadanas referidas a la evaluación del impacto vial, a la contaminación acústica y atmosférica, a la expulsión de los pescadores de la Calera Sudamericana y al riesgo de tsunami, entre otras, no fueron debidamente ponderadas en la evaluación de impacto ambiental de la infraestructura.
"El proyecto tiene serias falencias de fondo respecto a la normativa ambiental como el fraccionamiento y la falta de factibilidad vial", dijo Martínez, mientras que Ilabaca agregó que "el patrimonio es esencial y no puede ser destruido".
Leopoldo Santibáñez, jefe de División de Inversión y Presupuesto del GORE, mencionó que "el proyecto T2 es un proyecto fallido de la EPV, es un proyecto fallido para Chile y la región". En tanto, el diputado Jorge Brito (RD) subrayó que la iniciativa "tiene deficiencias que son irremediables".
2014 comenzó el estudio de impacto ambiental de la iniciativa que hoy está en tribunales.