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Exfiscal Uribe y exdirector ANI defienden a Reginato

VIÑA DEL MAR. Mañana habrá audiencia para evaluar formalización, pero su defensa dice que es solo una estrategia comunicacional.
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Pamela Boltei

Mañana, miércoles 22, el Tribunal de Garantía de Viña del Mar realizará una audiencia en la que está citada la exalcaldesa Virginia Reginato, a fin de revisar su participación en los hechos que son investigados respecto a eventuales delitos al interior de la Municipalidad de Viña del Mar.

Para la oportunidad, la exjefa comunal contará con dos conocidos abogados de la zona: uno de ellos es el exfiscal y expresidente de la Asociación de Fiscales de Chile, Claudio Uribe, y el otro es el exdirector de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) en el primer gobierno de Sebastián Piñera, Gonzalo Yuseff.

Hay al menos cuatro aristas que se investigan sobre la casa consistorial viñamarina, que incluyen, además de las horas extra, los pagos a proveedores, las cuentas públicas y posibles coimas. Al respecto, la Fiscalía Regional señaló en un comunicado escueto que "las causas relacionadas a la Municipalidad de Viña del Mar se mantienen vigentes, en etapa investigativa y desformalizadas, a excepción de la arista 'horas extras' que cerró investigación el pasado 14 de septiembre".

Sobre una de ellas está citada Reginato. El presidente de Viña Transparente, Javier Gómez, pidió la audiencia. Explicó que se basa en una norma del artículo 186 que, originalmente, solo se podía impetrar por el imputado cuando estaba siendo investigado desformalizadamente por mucho tiempo y para ponerle término a la investigación desformalizada. "Se forzaba al Ministerio Público a que formalice la investigación o dicte el sobreseimiento, pero con el tiempo esa norma se comenzó a usar en beneficio de los querellantes: hay antecedentes de que la exalcaldesa tiene responsabilidad manifiesta y el Ministerio Público, que es el único que puede formalizar, ejerce su facultad de manera caprichosa, arbitraria, carente de fundamentos y el juez de garantía puede fijarle un plazo para que formalice o no".

Además, sobre el cierre de la investigación del jueves 23, dijo que "es inviable, porque nosotros hemos presentado dos ampliaciones de querella, una respecto a María Angélica Maldonado (exjefa de gabinete de la exalcaldesa) y Virginia Reginato, en su rol directivo que tenían en la asignación de horas extra", mientras que la segunda ampliación de querella se presentó la semana pasada "por el delito de asociación ilícita en contra de directores de servicio en virtud de un sumario administrativo que está en la carpeta investigativa. Incomprensiblemente, no entendemos por qué el Ministerio Público no considera esos antecedentes".

A su parecer "han sido investigados tangencialmente, pero cada delito debe ser investigados a fondo. Al haber un delito nuevo y personas nuevas como imputadas deben declarar. Para mí en este momento el cierre de investigación es totalmente inviable".

Uribe, quien renunció a la Fiscalía hace varios meses, asumió la defensa hace unas tres semanas, luego que cercanos a Reginato le preguntaran si estaba disponible: "Me parecía que era una defensa absolutamente necesaria", dijo, asegurando que no hay argumentos jurídicos para formalizar a Reginato.

"Hito comunicacional"

"La audiencia del miércoles es pedida por un querellante que, por lo que entendemos, busca más bien crear un efecto comunicacional, que es básicamente presionar a nivel de opinión pública para tratar de que, sin que existan los antecedentes, igualmente exista la impresión de que hay situaciones relevantes en contra de Virginia Reginato. Se busca crear un hito, aprovechando normas del Código Procesal Penal, que en realidad puede ocupar cualquiera y que no tiene ninguna trascendencia para el proceso", afirmó.

En este caso, señaló, "creemos que se está haciendo uso abusivo de las normas del Código Procesal Penal y que lo que hay que hacer es dejar que los fiscales investiguen tranquilamente sus causas. Nosotros creemos que no hay ningún antecedente para perseguir responsabilidad penal en contra de Virginia Reginato por el tema de las horas extra, y así ha quedado claro durante los varios años de investigación que lleva esta causa. La investigación de las horas extra está bastante avanzada y está llegando a su última instancia y pedir esta audiencia ahora es solo un efecto comunicacional. No hay ningún antecedente que permita decir que ella tiene participación en el supuesto delito".

Respecto a la audiencia de cierre, fijada para el día siguiente, si la causa se reabre, "por apego a la ley, debe ser solo para diligencias específicas y no corresponde mantener eternamente causas abiertas más que nada generando efectos comunicacionales, pero sin aportar nada a la investigación. Como defensa de Virginia Reginato no tenemos nada de esconder u ocultar, vamos a cooperar y lo estamos haciendo para que se esclarezca todo, pero tampoco corresponde que se mantengan eternamente causas abiertas que no tienen ningún destino".

Consultado sobre cómo está la exalcaldesa, dijo que se encuentra "absolutamente tranquila, confiada en la justicia y absolutamente segura de que no ha tenido participación en ningún hecho que podamos calificar de delito. Aquí tenemos un querellante que está intentando litigar por la prensa".

"(Reginato está) absolutamente segura de que no ha tenido participación en ningún hecho que podamos calificar de delito".

Claudio Uribe, Abogado defensor

445 personas habrían recibido pago de horas extra de manera ilegal entre 2014 y 2015, dice la Contraloría.

Alcaldía denuncia malversación en Viña

JUSTICIA. Información de edil gatilló acción judicial por eventual delito.
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Una denuncia ante la Fiscalía contra quienes resulten responsables del delito de malversación de caudales públicos y/o fraudes y exacciones ilegales interpuso la Municipalidad de Viña del Mar, a propósito de contrataciones a través del Departamento de Fomento Productivo de la casa consistorial.

La denuncia fue hecha por el concejal comunista Pablo González, en una sesión del Concejo Municipal anterior. En la oportunidad, el edil señaló que "es preocupante y urgente revisar los diferentes hechos relatados al interior del Departamento Fomento Productivo, que en muchos casos, han contravenido el principio de juridicidad y transparencia en la función pública. Esta superestructura paralela levantada por la administración Reginato, en base a asesores, operadores políticos, llevaron a distintas unidades municipales a funcionar al filo o lisa y llanamente al margen del marco normativo que regula a los municipios".

Entre las situaciones que están plasmadas en la querella y que se busca investigar están la "efectividad del cobro a los usuarios (artesanos, emprendedores, etc.) por el uso de instalaciones en ferias, carpas, módulos o cualquier otro espacio gestionado o patrocinado por su unidad; en caso de existir el cobro antes mencionado, monto, forma de recaudación, fundamento del mismo y forma de ingreso en arcas municipales; forma de contratación de carpas, módulos u otros similares; e informe sobre bases de postulación, formas de evaluación, criterios de selección".

El escrito relata que tras varias consultas al departamento en cuestión, el 13 de septiembre de este año el director de Desarrollo Turístico y Económico indica que la metodología empleada por Desarrollo Económico no cumplía con estándares mínimos de la probidad administrativa porque no se limitaba tan solo a girar derechos, sino que un funcionario concurría a pagar determinadas sumas a Tesorería, lo que no asegura determinar si la suma entregada por los expositores corresponde o no a la que entregaron al Departamento de Desarrollo Económico y que, además, de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades, solo es Tesorería Municipal quien puede percibir dineros de los contribuyentes".

"Aquí pueden haberse vulnerado intereses municipales y que es menester investigar si es que se pagaron correctamente los derechos municipales que correspondan por el uso de los puestos de la feria: la irregularidad en que un funcionario no habilitado haya percibido dineros por concepto de derechos municipales, directamente de los feriantes, y haya sido él quien haya ido a ingresar esos fondos en Tesorería Municipal. Asimismo, hay intereses de la comunidad, toda vez que se desconoce si es que las sumas pagadas a los funcionarios de Fomento Productivo fueron 100% ingresados a las arcas municipales o si es que parte de estos fondos fueron destinados a otros fines o usos".

"Aquí pueden haberse vulnerado intereses municipales y que es menester investigar si es que se pagaron correctamente los derechos municipales".

Extracto de la denuncia

$ 3 millones por feria es lo que, aproximadamente, se estima que se pagaba de manera maliciosa.