Cartas
Complejo escenario hídrico
En su edición del 24 de septiembre, El Mercurio de Valparaíso nos recordaba que ya en 1971 se tomaban medidas para racionalizar el agua del lago Peñuelas, ante el riesgo de agotarlo. Un gran recordatorio para un problema que hoy, 50 años después, es más crítico que nunca.
No solo el embalse Peñuelas está seco hace muchos años, sino que los ríos que alimentan nuestra región siguen bajo mínimos históricos y la acumulación de nieve es escasísima, por lo que los deshielos también lo serán.
En Esval seguimos trabajando intensamente para enfrentar este escenario. Junto a las autoridades y todos los actores de la cuenca estamos desplegando los esfuerzos para recuperar el embalse Los Aromos y mantener la continuidad del suministro, tal como lo hemos hecho en los últimos años, pese a la cruda sequía.
Tomar conciencia del valor de agua y su uso responsable depende de todos, porque hoy cada gota cuenta.
José Luis Murillo Gerente general de Esval
Poder constituyente originario
La Convención Constitucional, en el proceso de votación de los reglamentos, ha declarado que ejerce el "poder constituyente originario". Pues bien, esta declaración es absolutamente inexacta, puesto que de serlo así, el texto que dicho órgano redacte podría promulgarse de inmediato, pero como bien sabemos, se trata solo de una proposición que debe plebiscitarse para ser aprobada.
De acuerdo al artículo 5° de nuestra Constitución, "la soberanía reside esencialmente en la Nación". El ejercicio de esta soberanía, que desde luego incluye el poder constituyente originario, "se realiza a través del plebiscito y de elecciones periódicas", señala el mismo artículo.
Resulta inquietante que la Convención Constitucional quiera arrogarse un poder del que carece, transgrediendo la Constitución vigente y arrebatándole a la ciudadanía lo que por derecho le pertenece.
Francisco Bartolucci Johnston Abogado y profesor de Derecho
Expectación por Mejor Niñez
Próximamente iniciará sus funciones el nuevo servicio Mejor Niñez, que reemplazará al Servicio Nacional de Menores. Desde luego, hay expectación.
Cuando se han cumplido 10 años desde el primer informe emitido por la jueza de familia Mónica Jeldres, sobre la situación de niños y niñas en el sistema residencial, la situación de la niñez bajo cuidado del Estado sigue en la misma precariedad.
En este sentido, hay que tener a lo menos dos elementos muy presentes para la observación de la puesta en marcha de este nuevo servicio. La primera, es que más del 90% de los niños y niñas que requieren de prestaciones de protección especializadas están en el sistema ambulatorio de atención, para el cual no hay mayores innovaciones con la nueva ley. Es más, hay retrocesos muy alarmantes, como ingresar menores de 14 años por una conducta delictual sin un debido proceso que determine la participación del adolescente en hechos de ese carácter.
Y la segunda, es que se instala un nuevo servicio sin una ley de protección integral de la niñez que garantice un piso mínimo de derechos sociales para la niñez, sin modificación a la ley de Tribunales de Familia y sin cambios sustantivos al sistema que instituyan una efectiva responsabilidad estatal para la restitución de los derechos vulnerados sufridos por niños y niñas.
Para lograr resultados distintos se requiere hacer algo diferente. No basta más fiscalización y nuevos nombres si la sustancia sigue siendo la misma. Se requiere de un avance más profundo que esperamos la nueva Constitución sí esté dispuesta a hacer.
Camila de la Maza Abogada Área Derechos de la Niñez y Redes, Corporación Opción
Control migratorio
El ingreso de migrantes al país se ha transformado para las autoridades "en una piedra en el zapato", más que nada por los cuestionamientos que hace el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). La citada organización está preocupada de quienes ingresan al país, sin considerar los antecedentes personales de ellos ni los derechos de los ciudadanos afectados por esta migración. Ante esta realidad, y apelando a un dicho popular, "es mejor prevenir que curar".
Creo que las autoridades (Carabineros-PDI, apoyados por personal del Ejército) deberían verificar antecedentes in situ y de inmediato saber quiénes están en condiciones de ser aceptados o rechazados.
Jorge Valenzuela Araya
A no bajar la guardia
Al día de hoy, el porcentaje de vacunación de la población objetivo llegó al 88,18% (dosis única y segunda dosis). A su vez, recientemente se recibió la buena noticia de que la vacuna Sinovac fue aprobada para personas que están entre los 6 y 17 años y se inoculará en centros educacionales. Ante esto, debemos reconocer el trabajo y la buena gestión que ha realizado el Ministerio de Salud.
Sin embargo, a pesar de que la pandemia se ha visto controlada en estos últimos meses, quiero dejar la invitación y el llamado a seguir cuidándose. Este 23 de septiembre los casos diarios fueron 886. No retrocedamos en días todo lo que hemos avanzado en meses.
Tomás Aguirre
Plataformas digitales
Se presentó un proyecto de ley que busca regular el funcionamiento de plataformas digitales en temas de consentimiento, libertad de expresión, responsabilidad, entre otros. Proyecto pionero, detecta una laguna en nuestra legislación, un verdadero "lavado de manos" de las plataformas en las que consumidores digitales vierten contenidos, haciéndose cómplices de discursos de odio, fake news y afrentas a la imagen y honra de las personas, etc.
¿Qué dice sobre quién es responsable? Todo el que ejerza su libertad de expresión mediante plataformas digitales será responsable por los contenidos emitidos, especialmente si son ilícitos o lesionan bienes o derechos de un tercero, susceptibles de ser indemnizados. En el caso de los proveedores de las plataformas digitales, no lo serán si no han originado la transmisión ni modificado los datos o contenidos de ella. Solo lo serán si han actuado en alguna de las formas que la ley tipifica como ilícita. Las informaciones manifiestamente falsas podrán ser aclaradas o rectificadas mediante avisos adjuntos a ellas.
El proyecto busca también proteger a grupos vulnerables no solo frente al bullying, pornografía, pedofilia o grooming, sino por la adicción que están causando las extensas horas que se destinan a las pantallas. Esta ley es parte de un conjunto normativo que conformará (una vez que contemos con la sanción de la ley de protección de datos) un sistema jurídico robusto y moderno que realmente proteja la dignidad de la persona frente a una tecnocracia o tecnociencia sin ética.
María Isabel Cornejo Plaza Profesora e investigadora de la Facultad de Derecho, Universidad Autónoma de Chile