Hubo una buena época en que los cruceros de lujo eran una esperanza para la el turismo en Valparaíso. Su arribo era un espectáculo en sí mismo, capaz de romper el trajín habitual de los sitios portuarios, y el desembarco de sus pasajeros, la mayoría de ellos europeos o norteamericanos, alimentaba un rico circuito de rutas que sacaba brillo al casco histórico declarado Sitio del Patrimonio Mundial. En interacción con Casablanca, que ofrece viñedos, y Viña del Mar, que tiene el atractivo del Casino, Valparaíso pudo construir un incipiente polo de desarrollo turístico, tan competitivo como los mares nórdicos y el caribe, y la ciudad comenzó a aparecer en la portada de los folletos que las empresas especializadas exponían en las ferias mundiales del rubro.

Pero algo pasa en Valparaíso que este tipo de iniciativas nunca terminan de cuajar. Después de cinco años de tramitación, en 2016 fue inaugurado el edificio del Valparaíso Terminal de Pasajeros (VTP), pensado justamente para recibir de forma adecuada a los miles de turistas que cada año elegían este destino, pero las sonrisas de la apertura duraron poco. El año 2017, un conflicto portuario obligó al desvío del 67% de los cruceros que tenían previsto anclar en Valparaíso y abrió la oportunidad a los terminales en San Antonio, que pronto aprovecharon la contingencia instalando tarifas más competitivas. Luego, la Empresa Portuaria Valparaíso (EPV) desestimó un proyecto para construir un muelle exclusivo para naves de lujo, debido a que los estudios técnicos demostraron que no tenía viabilidad económica. Eso fue en septiembre de 2019. Seis meses después, la pandemia obligó a cerrar los viajes por más de un año, infligiendo a la industria un golpe del que aún no se repone.

Hay otros conflictos que también afectan a la actividad, como la pugna que enfrenta judicialmente a EPV y Agunsa por el terminal de pasajeros, la falta de apoyo decidido del Estado para dar las facilidades que permitirían el despegue del turismo de cruceros, o la presencia de un alcalde que plantea más incertidumbres que certezas a los proyectos de inversión en Valparaíso.

Esta semana, dos buques expedicionarios de la línea Hurtigruten, "Fram" y "Roald Amundsen", cuya llegada estaba prevista para los días 15 y 23 de octubre, respectivamente, anunciaron que suspendían su paso por Valparaíso. La exigencia de una cuarentena de cinco días para los turistas extranjeros que lleguen al país surge como la razón aparente de esta nueva debacle que empaña la nueva temporada de arribos.

Pero no hay que engañarse. Una cuarentena no es el único problema que tiene, hoy por hoy, la industria de cruceros en Valparaíso.

Este mes entró en vigencia la Ley 21.302, que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Mejor Niñez, que promete cambiar la institucionalidad de niños, niñas y adolescentes en Chile. Este servicio sustituye al Servicio Nacional de Menores (Sename) en su función de dar protección a niños, niñas y adolescentes que sufran algún tipo de vulneración en sus derechos, pero no a adolescentes infractores de ley, materia reservada al Servicio de Reinserción Social y Juvenil, cuyo proyecto de ley está en tramitación en el Congreso.

El Sename, órgano centralizado del Estado dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, concentraba varias funciones en materia de protección a niños, niñas y adolescentes: a aquellos que han sido objeto de vulneración en sus derechos y también a los infractores de ley.

Mejor Niñez solo se encargará de la primera de estas funciones, resolviendo uno de los nudos problemáticos del sistema que antiguamente reunía niños con realidades tan disimiles. Pero más importante aún, el nuevo servicio se crea bajo el alero de los principios contemporáneos del derecho de infancia y adolescencia -principalmente contenidos en la Convención sobre los Derechos del Niño- reconociéndolos como sujetos de derechos y no solo como un objeto pasivo de protección, diferenciándose del Sename, cuyas funciones eran más bien normativas y fiscalizadoras de instituciones colaboradoras.

La ley que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia reconoce a los niños como titulares de derechos, garantizando el interés superior del niño, el derecho a ser oído y su participación efectiva, el principio de igualdad y no discriminación, la perspectiva de género, la inclusión, la protección social, el principio de su autonomía progresiva, la prioridad en atención, la restitución y reparación de daños ocasionados, la especialización en materias de infancia y adolescencia, entre otros.

Pero pese a que Mejor Niñez tendrá un enfoque en los derechos de la infancia, lamentablemente carece de un marco regulatorio, pues aún no entra en vigor la Ley de Garantías y Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, que fue objeto de un requerimiento ante el Tribunal Constitucional, siendo el único país en Latinoamérica que no cuenta con una legislación de garantías o código de la niñez.

Por tanto, si bien el nuevo servicio viene a subsanar las deficiencias del antiguo sistema y constituye un avance respecto del anterior, mientras no se apruebe la Ley de Garantías, carecerá de un cuerpo normativo sobre el cual enfocar su acción.