Agencias / Redacción

Denostada hace cinco años, en la campaña presidencial anterior, la energía nuclear ha recuperado popularidad en Francia y hoy aparece como una política destacada en los programas de varios candidatos.

La "moda nuclear" es notoria en Francia, el país europeo con mayor presencia del átomo en su matriz energética. A diferencia de otros países vecinos, es lo que -en parte- ha permitido frenar las subidas de precios que hoy tiene complicado al resto del viejo continente, dependiente de fuentes más volátiles, sujetas a los vaivenes de los mercados internacionales y eventos geopolíticos.

CAMBIO DE GIRO

El actual presidente, Emmanuel Macron, que aún no confirma si irá a la reelección -pese a liderar todos los sondeos- en 2017 apostaba por ir reduciendo la dependencia de la energía nuclear en favor de las renovables, continuando la línea de su predecesor, el socialista François Hollande, de reducir el peso de la energía nuclear -responsable del 70% de la electricidad francesa- hacia 2025, mediante la baja de doce de los 56 actuales reactores.

Sin embargo, su discurso y acciones se moderaron durante el ejercicio del gobierno. Primero, retrasó hasta 2035 la supuesta reducción nuclear y hoy la ha incorporado en su discurso, responsabilizándola de permitir que Francia emita menos gases de efecto invernadero.

Se espera, incluso, que este martes incluya la energía nuclear dentro del paquete multimillonario de inversiones que anunciará para la próxima década, donde se prevé incorpore un ambicioso programa de renovación de centrales y apostar por las de nueva generación (los reactores EPR), además de su respaldo a los pequeños reactores SMR, un complemento que Francia cuenta con exportar de forma masiva a partir de 2030.

El impulso del gobierno a la energía nuclear busca, además, evitar que el átomo sea parte de la campaña de la derecha, en un contexto en que los franceses valoran esta energía como un freno a los altos precios, una garantía de soberanía energética y un nicho de empleo, ya que Francia tiene un potente sector industrial nuclear.

Ello porque Xavier Bertrand, Valérie Pécresse y Michel Barnier, tres favoritos para llevar la bandera conservadora en las próximas presidenciales, coinciden en apostar por reforzar la nuclear, haciendo público en varias entrevistas su orgullo por el átomo, introducido en el país gracias al general De Gaulle y potenciado por Valery Giscard D'Estaing.

EÓLICa cuestionada

La popularidad nuclear, además se debe al surgimiento de movimientos locales contra la energía eólica -de la que depende un 6,3% de la producción eléctrica francesa-, a la que acusan de ser poco fiable y dañar el entorno y que algunas asociaciones consideran, incluso, perjudiciales para la salud, como ocurrió recientemente en Alemania -líder global en la generación a partir del viento-, donde se inició una acción ciudadana por los efectos de los molinos.

"La eólica, en tierra o en el mar, no tiene sitio en nuestro país", ha repetido Marine Le Pen, la abanderada de la ultraderecha. Éric Zemmour, otro político del sector y también presente en los sondeos, defiende la idea de que "abandonar la nuclear sería abandonar la soberanía nacional".

Junto a ellos, políticos de sectores más moderados han señalado que la energía nuclear será clave en la idea de que Francia sea la primera potencia neutra en emisiones de dióxido de carbono.

Uno de los líderes en ese ámbito, la socialista Anne Hidalgo, conocida por sus posturas medioambientalistas, quien ha relativizado su posición anteriormente crítica sobre el átomo, y ha dicho que cree que Francia no podrá abandonar hasta que las renovables no sean un sustituto fiable, algo que no ve posible en al menos dentro de los próximos 20 años.

Un inédito -y complicado- sistema de puntos se utiliza en los Países Bajos con el fin de determinar los precios de los arriendos, otorgándole valor extra a accesorios lujosos o espacio exteriores y estableciendo un mínimo de 142 puntos, para definir viviendas sociales, con una renta máxima de 752 euros y destinarse a hogares de bajos ingresos, que aguardan en una larga lista de espera.

En 2015 ese sistema de puntos fue renovado por el gobierno de Mark Rutte, quien incluyó el 100% del valor oficial de la propiedad (conocido como WOZ) en la puntuación de casas, lo que elevó puntos de viviendas en barrios populares, y trasladó al sector privado a miles de viviendas consideradas entonces sociales, en especial en grandes ciudades como Ámsterdam y Utrecht.

Hoy, con una crisis de vivienda y los precios disparados prácticamente en todo el país, tanto en el mercado de compra como del arriendo, la ministra de Vivienda, la progresista Kasja Ollongren, anunció que quiere retroceder en esos cambios añadidos hace seis años con el fin de hacer frente a una escasez de 331 mil viviendas que hay en el país, que, además -según la oficina de estadísticas CBS- tiene los precios más altos de Europa.

La idea que se busca es que el valor WOZ solo incida en un 30% en la asignación de puntos. Ello permitiría que hasta un 28 % de las propiedades que hoy están alquiladas en el sector privado volverán a ser consideradas viviendas sociales por los puntos asignados.

Ello generaría pérdidas de hasta 90 millones de euros anuales a los propietarios. De allí que un grupo haya amenazado con denunciar a la ministra si sigue adelante con los planes de cambiar la forma de calcular los alquileres. "Esta es una regla general que afectará a un pequeño grupo de inversores", criticó la Fundación Alquiler Justo, en el diario Financieele Dagblad (FD). "Otra vez más nos vemos en la obligación de luchar contra la ridícula idea de que todos los propietarios están explotando a sus inquilinos", agregaron.

Sin embargo, Ollongren ya ha consultado la legalidad de la propuesta y cree tener la ley de su lado, en especial por la presión del gobierno para impulsar la oferta de viviendas sociales y reducir listas de espera cada vez más largas.

Las autoridades neerlandesas usan el sistema de puntos, y en particular el valor WOZ, para determinar la distribución de los impuestos: los propietarios pagan más impuestos si viven en una casa más cara, y como los precios han aumentado incluso para las viviendas sociales, el valor de estos arriendos también termina afectándose.