El gravísimo ataque del que fue víctima una mujer en el exterior del terminal rodoviario de Viña del Mar deja a la vista dos graves problemas que afectan a ese lugar en particular y al sector en general. El primero de ellos es que después de cierta hora el terminal queda cerrado y los pasajeros deben dejar el bus en el exterior, esperando que alguien los venga a buscar. En otras palabras, las personas, sin alguien que las acompañe o las espere, quedan expuestas al segundo problema que afecta al lugar.

Y ese segundo problema es la inseguridad general del sector centro oriente de la comuna, especialmente en horas de la noche y madrugada.

Esto se acentúa cuando cierra el comercio y disminuye el movimiento de buses tanto de los servicios locales como aquellos que utilizan el terminal rodoviario.

Pero insistiendo en el tema del terminal, piden concejales y parlamentarios acelerar el llamado a una nueva concesión. La actual, que termina en marzo próximo, estaría presentando "incumplimientos contractuales", afirma la alcaldesa Macarena Ripamonti.

Sobre la concesión misma, la Fiscalía Nacional Económica determinó las condiciones para un nuevo llamado a licitación con bases que protejan la libre competencia y mejoren el estándar del recinto, hoy en deplorables condiciones en su interior y exterior.

Indica la Fiscalía que "la municipalidad deberá elaborar un Reglamento Interno, someterlo a consulta pública en forma previa a su aprobación e incluir la versión final de dicho reglamento en las nuevas bases". Oportuna instrucción que entrega una ruta para elaborar las bases de la nueva licitación, transparente y beneficiosa para la ciudad, los pasajeros y, por cierto, para las líneas de buses que lo utilizan. En cuanto a ese punto, es fundamental que el terminal esté abierto a nuevos operadores de transporte, asegurando así mayor competencia con la aparición de otros actores.

Una materia en la cual se debe insistir es en la seguridad de los pasajeros, no solo en el interior, sino que también en el entorno, aspecto en el que es urgente una permanente coordinación con las policías. El control policial es un punto básico, ya que la delincuencia, con la droga como ingrediente, está siempre presente en estos recintos de gran concentración de público.

Por su parte, la Contraloría de la municipalidad debe estar atenta al cumplimiento del futuro contrato de concesión.

La calidad del servicio del terminal es un tema clave para el prestigio de Viña del Mar y su condición de polo turístico nacional e internacional. Mientras no exista un servicio ferroviario de pasajeros entre la capital y Valparaíso y Viña del Mar, este terminal es la gran puerta de entrada a la ciudad y en esa condición debe dar garantía a los usuarios y a los servicios de transporte público que allí operan.

La pasada manifestación en Iquique, que culminó con la quema de pertenencias de familias venezolanas, recorrió el mundo, pasando a engrosar esa vergonzosa vitrina nacional compuesta por episodios deportivos, como el Maracanazo de la "Roja" y los sillazos contra Argentina por Copa Davis, y los crímenes de la dictadura al interior y sus atentados en el exterior.

La agresión hacia personas en situación de calle -incluyendo niños y niñas- venezolanos, devela diversas dimensiones enraizadas en el desplazamiento forzado por el régimen de Maduro.

Ante todo, urge promover que el abordaje institucional sea desde el enfoque de los derechos humanos, comprendiendo que no se trata de una mera migración de sujetos de Venezuela, más bien consiste en una población que escapa en busca de refugio.

Los refugiados, de acuerdo a la ACNUR, son personas que huyen del conflicto y la persecución. Su condición y su protección están definidas por el Derecho Internacional (DI) y no deben ser expulsadas o retornadas a situaciones en las que sus vidas y sus libertades corran riesgo. En consecuencia, el tratamiento hacia los refugiados ha de ser especialmente cuidadoso a nivel nacional e internacional.

El Gobierno está destinado a violar el DI y al fracaso de su política pública ante el flujo de venezolanos si persevera en su discurso y, en los hechos, en tratarlos como migrantes e ilegales, en circunstancias que, en rigor, son personas desesperadas que abandonan su país para sobrevivir y recibir protección.

Una migración ordenada y segura a la que apuntan desde el Gobierno actual es imposible, tanto por cuanto no se puede contener este ingreso con procedimientos engorrosos y arbitrarios, como por que un problema humanitario no se le encara razonable ni racionalmente mediante el uso de mensajes tendenciosos y la deportación masiva.

No hay que volcarse al buenismo o a la solidaridad. Es un asunto netamente de justicia ("La caridad comienza donde termina la justicia", dijo Alberto Hurtado).

Esto lo sabe bien la Corte Suprema, que ha sentado una jurisprudencia que protege a las familias venezolanas en sus derechos fundamentales, en virtud de las acciones constitucionales ejercidas en su favor y basada principalmente en la Constitución y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Basta conocer el drama de niños, niñas y adolescentes venezolanos que esperan el visado a fin de reencontrarse con su madre, o que finalmente entran por pasos no habilitados solos o junto a un adulto responsable, para entender que las autoridades y sociedad chilena, en general, tenemos un desafío enorme, no solamente de desarrollo, infraestructura y eficiencia, sino de justicia, respeto y acogida para aspirar a que nuestra nación sea -tal como reza en su final el himno patrio- buen asilo contra la opresión.