Katherine Escalona M.

El 4 de junio de este año ingresó a la Corte de Apelaciones un recurso de protección en contra de la exseremi de Vivienda y Urbanismo (Minvu), Evelyn Mansilla, por no haber ordenado -tras petición de la Corporación Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar, el 14 de marzo de este año- la demolición del Hotel Punta Piqueros, ubicado en el borde costero de Concón.

Desde ese entonces, la acción que cuestiona el Ordinario N° 1.062 de fecha 4 de mayo de 2021 de la Seremi Minvu, ha sido tramitada en el tribunal de alzada y la causa ha sido vista en tabla del tribunal seis veces para que se realicen los alegatos respectivos, los cuales, se han suspendido por diversos motivos.

Uno de ellos es que el abogado denunciante y el de la Inmobiliaria Punta Piqueros S.A., que se hizo parte de la acción, han solicitado que se suspenda la vista de la causa, pero también en el proceso se han inhabilitado ministros, fiscales o recusado algún abogado integrante de la sala, por lo que la audiencia se ha tenido que reagendar.

En este marco, la semana pasada correspondía la sexta audiencia en la Segunda Sala de la Corte porteña, alegato que tampoco se realizó porque un día antes de la instancia, que fue el 13 de octubre, el abogado de la Inmobiliaria Punta Piqueros S.A., Juan Carlos Osorio, solicitó "suspensión vista de la causa por otros motivos" y luego, a través del sistema del Poder Judicial, se pudo constatar que el abogado integrante Alberto Balbontín, también se inhabilitó.

Ante esto, se dio cuenta que la causa "se encuentra sin tribunal" y los antecedentes pasaron a la Sala Tramitadora para ser vistos y resueltos ad portas de una nueva fecha para los alegatos entre las partes, donde se va a discutir el recurso de protección y el tribunal de alzada se pronunciará respecto del mismo, lo que podría ser un precedente en la materia.

Sobre los alegatos del 13 de octubre, el abogado de la Corporación Pro Defensa, Gabriel Muñoz, recalcó que "la contraparte pidió suspender en esta oportunidad. El señor Osorio se ha caracterizado por presentar escritos acusándome a mí por suspender, recusar y buscar excusas, pero de verdad en esta oportunidad la excusa la presentó él".

Afirmó que "acá se ha acusado a la Corporación Pro Defensa, que yo represento, que ha dilatado el juicio y la verdad es que la gran mayoría de las veces que no ha podido reagendarse ha sido por ministros que quedan inhabilitados conforme a la ley. Incluso hay una ministro que no se ha inhabilitado y lo tenía que hacer, y por eso recurrimos a la Corte Suprema, que es el ministro Mera".

El ministro, dijo Muñoz, "se pronunció favorablemente frente a las peticiones de la Inmobiliaria Punta Piqueros en el año 2017 y 2018, en que paradojalmente otro ministro se inhabilitó. Entonces, paradojalmente el tercero en la causa pidió una suspensión ahora".

Consultada la empresa sobre el particular y el porqué de la solicitud, afirmaron que no emitirían declaraciones al respecto.

Acción de demoler o no

Sin embargo, sobre el recurso Muñoz explicó que "la inmobiliaria es parte del recurso como terceros. Mi principal contendor es la seremi, porque cuando llegó el momento de tomar la decisión de demoler total o parcialmente un edificio que no tiene permiso ni válido ni vigente y tampoco tiene un estudio de impacto ambiental viable, ella dijo que no. Entonces, a eso recurrimos a la Corte, para que la seremi revoque su decisión y tome la decisión que corresponde conforme a derecho".

Recalcó que el largo proceso judicial que ha enfrentado la infraestructura hotelera se debe a que "hemos descubierto una serie de irregularidades que datan a más de 10 años sobre este proyecto que tiene cuatro fallos de la Corte Suprema que dice que no tiene permisos ni válidos ni vigentes. Un fallo del Tribunal Ambiental dice que se debe retrotraer la evaluación ambiental, tenemos un fallo del Tribunal Constitucional que dice que no es inconstitucional la norma que lo declaró inválido y nulo, y tiene un dictamen de la Contraloría que deja con claridad que este permiso de edificación nunca existió".

Pero pese a todos estos antecedentes vertidos por el reclamante, en el informe de la Seremi Minvu, su abogado representante, José Luis Varas, da a conocer que no corresponde un recurso y que la autoridad determinó la acción en base a sus competencias.

"Ordenar la demolición total del proyecto Hotel Punta Piqueros es una decisión que debe ser evaluada por los distintos organismos con competencia ambiental, ya que no sabemos a ciencia cierta los efectos nocivos que dicha medida podría generar en el medio ambiente", confirma el documento.

Además, precisa que "el artículo 157 de la LGUC (Ley General de Urbanismo y Construcciones) contempla una medida de última ratio, la que debe ser ejercida de manera racional y proporcional, y solo en el caso que una determinada edificación no pueda ser regularizada, cuestión que no ocurre en la especie". Es más, la intención municipal sería "regularizar obras".

Sin embargo, en un informe de la Municipalidad de Concón en la causa se da a conocer que la empresa ha buscado todas las formas para reactivar el permiso, las que no han sido acogidas por la DOM y el municipio. Incluso ingresó una modificación al Plan Regulador Comunal, la cual no fue aceptada por el exalcalde Óscar Sumonte.

"Recurrimos a la Corte para que la seremi revoque su decisión y tome la decisión que corresponde conforme a derecho".

Gabriel Muñoz, Abogado de la, Corporación Pro Defensa

Graves efectos nocivos por fumigaciones estarían sufriendo personas, animales e incluso colmenares ubicados en zonas rurales de Llay Llay y Catemu, según denunció la diputada Carolina Marzán (PPD), quien ofició a la Secretaría Regional Ministerial de Salud para que fiscalice esta situación.

La legisladora advirtió el uso de plaguicidas agrícolas y agroquímicos sin cumplir disposiciones consignadas en el Decreto N° 158 del año 2014 del Ministerio de Salud, que contiene el reglamento sobre condiciones para la seguridad sanitaria de las personas en la aplicación terrestre de plaguicidas agrícolas.

Marzán responsabiliza a una empresa que, según sus antecedentes, "está llevando a cabo procedimientos de fumigación entre sus faenas que estarían provocando serios problemas a la salud y a los bienes de los habitantes de dichas comunas, como hemorragias nasales en las personas, el fallecimiento de animales, como caballos y mascotas, y la pérdida de la totalidad de las colmenas de abejas de apicultores locales"

Por ello, espera que la Seremi de Salude curse los sumarios sanitarios correspondientes, "puesto que se está atentando contra la salud de las personas y vulnerando el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación".

De acuerdo a la denuncia de la parlamentaria, la empresa "no estaría cumpliendo con notificar a los vecinos con al menos 24 horas de antelación sobre la realización de labores de fumigación, el área de seguridad, las condiciones meteorológicas, etc. A su vez, debido a las consecuencias ocasionadas a raíz de las labores de fumigación, existe una razonable duda respecto al tipo de producto aplicado, su etiquetado y el cumplimiento de la norma SAG para tal efecto".

Una de las afectadas es Natalia Sobarzo, representante de la organización Catemu en Movimiento, quien aseveró haber perdido 50 colmenas de abejas.

Este Diario consultó a la Seremi de Salud por esta denuncia, pero se excusaron señalando que el seremi Georg Hübner necesita mayores antecedentes sobre la materia.

"Se está atentando contra la salud y vulnerando el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación".

Carolina Marzán, Diputada (PPD)