"Los conflictos tienen causas y consecuencias diferentes a la institucionalidad ambiental"
El jurista que ha estado a cargo de controvertidos proyectos como Punta Piqueros, Las Salinas y la prolongación de la vía 6 Oriente, entre otros, apuesta a generar una instancia multidisciplinaria para atender los nuevos casos que puedan surgir en el futuro.
Gabriel Muñoz se emociona al hablar de las causas que ha tenido que defender ante los tribunales. El abogado ha tomado notoriedad en los últimos años al representar a organizaciones ambientales, territoriales y vecinales que se han opuesto a proyectos inmobiliarios de gran calado en la Región de Valparaíso: el hotel Punta Piqueros y las edificaciones en el campo dunar de Concón; el complejo de edificios que la Inmobiliaria Las Salinas, propiedad de Empresas Copec, pretende emplazar en el terreno que albergó a las expetroleras; y el proyecto de prolongación de la calle 6 Oriente de Viña del Mar, por el cual se pretende expropiar al menos cinco terrenos de la histórica población Gratry, entre otros.
Con todo el background de estos años, y aprovechando los cambios que la pandemia introdujo en su campo, el jurista decidió emprender, junto a un equipo multidisciplinario, un taller socio jurídico ambiental con sede en la Ciudad Jardín. "Nuestra idea es generar un taller jurídico ambiental en que las distintas ramas que trabajan en los conflictos ambientales, como arquitectas, otros abogados ambientalistas, sociólogos e ingenieros ambientales participen en la revisión de las tres aristas de todo conflicto ambiental. Siempre digo que las tres aristas son lo científico-ambiental, que tiene que ver con un daño particular en la flora y fauna de un lugar determinado; lo jurídico, que tiene que ver con la normativa e institucionalidad ambiental; y sobre todo, que no ha sido muy desarrollado en Chile, lo socioambiental, que tiene que ver con el hombre y el medio ambiente", explica Muñoz.
- ¿Cómo evalúa los procesos que ha acompañado hasta la fecha y que son muy emblemáticos en la zona?
- Ahí hay un proceso constante de ir conociendo más. No creo que ni este abogado ni el equipo que representa, ni las fundaciones ni las organizaciones que represento, tengamos la panacea de cómo darle una solución a un conflicto determinado. Lo que sí creo que hemos ido aprendiendo de la institucionalidad ambiental, que creemos tiene falencias graves, tiene defectos de forma y de fondo, y que también quedó completamente fuera de foco, extemporánea o caduca en su intención original, que ya lleva más de 10 años, porque en 2010 fue la Ley de Bases del Medio Ambiente. Ahora, los conflictos socioambientales tienen causas, raíces y consecuencias diferentes a la institucionalidad ambiental. Entonces, la primera aproximación a tu pregunta es que es un proceso en que vamos construyendo una defensa ambiental, que tiene su primer origen desde la comunidad, en un diagnóstico real de la propia comunidad en cuál es su conflicto.
- Cuando el equipo decide intervenir en estos casos, ¿se hace por solicitud de las organizaciones territoriales de la región o de otras regiones, o también por el interés personal que pueda despertar algún conflicto?
- La gran mayoría de los conflictos, el 99,9%, se hacen a propósito de las peticiones de las comunidades. En general, nosotros no asumimos compromisos ni causas que no vengan de esa raíz y esas comunidades pueden ser de distintas características. Por ejemplo, hemos tomado casos de comunidades que dicen relación con un edificio o un condominio que tiene un problema ambiental respecto de una constructora o un inmueble que se está instalando al lado. Lo que quiero decir es que no necesariamente las comunidades y organizaciones que nos llaman tengan, a lo mejor, un interés tan de vida o muerte como Quintay respecto al agua; sino que son otros conflictos ambientales, que tienen otras características, y en ese sentido siempre, o en la gran mayoría de los casos, tomamos los casos desde esas organizaciones, comunidades. Y particularmente de aquellas fundaciones y corporaciones que tienen como objetivo y estatuto, hablo particularmente de la Corporación Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar, que tiene vida propia (...). También está la Fundación Yarur Bascuñán, que tiene una particular preocupación desde lo que hace, desde su propio estatuto, en el campo dunar de Concón y en el triángulo de biodiversidad de la Roca Oceánica, la Roca Punta Piqueros, que lamentablemente está destruida, y el campo dunar.
- ¿Se han recibido presiones de las contrapartes en los conflictos en que ha intervenido, tanto usted como las organizaciones?
- Permanentemente recibimos presiones, y no solamente eso, también se acercan lobistas o supuestos interesados en solucionar el conflicto ofreciendo distintas cosas. Pero en general nosotros tenemos fama de no negociar, y que cuando está un conflicto judicializado, el único lugar donde podría haber una solución es ante tribunales. El caso más emblemático es Punta Piqueros. Nosotros lo dijimos en otros medios en que se han acercado varios personajes que representan los intereses de los grupos económicos que están detrás, Urenda-Eluchans, Bolocco y Said, para llegar a una solución al tema y nosotros siempre hemos rechazado aquello; y le decimos lo que siempre decimos: eso se soluciona en los Tribunales y estando judicializado, le corresponde a los Tribunales llegar a esas soluciones.
- ¿Esa ha sido la presión más sonora? ¿En el caso de Las Salinas, por ejemplo?
- Sí, pero ahí hay una situación diferente, porque tengo una visión muy personal. Creo que Copec, el grupo Angelini y la Inmobiliaria Las Salinas han subestimado al movimiento social, las acciones judiciales nuestras, y creen que tienen una única, verdadera y legítima solución al conflicto. Pero la verdad, y retrotrayendo lo que pasó el 18 de octubre hace dos años, no tengo la impresión de que hayan podido entender que se trata de un conflicto de ciudad. No es un conflicto de un terreno, en el que yo soy dueño y tengo que descontaminarlo, es un conflicto de ciudad. Y tratar de usufructuar del daño ambiental causado y del pasivo ambiental causado, es no entender lo que está pasando, ni a propósito del 18 de octubre, ni del proceso convencional que tenemos ahora, ni de una Constitución ecológica, ni menos entender que hay una ciudad que se opone a un proyecto de estas características. Más que sentir una presión, ellos tienen un cierto grado de altanería inmobiliaria, jurídica y económica respecto del problema.
Punta Piqueros, las salinas y 6 oriente
- En el caso del Hotel Punta Piqueros, el jueves se realizó la audiencia contra la Seremi de Vivienda por la no demolición del edificio. Independiente del resultado, ¿qué solución espera de este caso?
- Hay una situación límite con esta construcción. Como nosotros siempre decimos, no existe uno, sino cuatro fallos de la Corte Suprema que han sido contestes y claros en determinar que no tiene permiso de edificación ese hotel, y que además jamás debió haber sido construido. Por otro lado, también hay un fallo del Tribunal Ambiental que declaró nulo todo el estudio de impacto ambiental anterior al que tenían, hay un fallo del Tribunal Constitucional, hay un dictamen de la Contraloría General de la República. Por lo tanto, todos estos entes, los más importantes desde el punto de vista jurisdiccional del país, han puesto sobre la mesa la nulidad del permiso de edificación, la inviabilidad ambiental del proyecto, etc. A diferencia de otros autores que hablan del proyecto y que no están metidos en estos diez años de lucha, creo que las soluciones están radicadas en este momento en la justicia, y en ese sentido creo que hay indicios de que la justicia pueda, particularmente la Corte Suprema, proponer una solución distinta a la que propone la empresa que es seguir adelante con un proyecto que, insisto y reitero, es inviable, porque desde el punto de vista estrictamente jurídico aquel hotel debe ser demolido.
- ¿Qué espera de la actual administración municipal de Concón, que no ceda a las presiones y mantenga la invalidación del permiso de edificación?
- Pasa que a nosotros nos quedan varias vías todavía respecto del hotel Punta Piqueros. Lo primero es agotar la instancia de la Corte de Apelaciones respecto del recurso de protección presentado. Creo que es absolutamente ilegal, inviable, absolutamente indigno, y sobre todo desigual, la propuesta de la inmobiliaria que testarudamente trata de revivir un permiso de edificación que fue declarado nulo. A mi juicio lo más grave es pretender un seccional particular sólo para ellos, en el lugar donde está instalado el hotel, porque todos los organismos públicos, todas las organizaciones ambientales y sobre todo, las entidades públicas especializadas en el tema, Superintendencia del Medio Ambiente, SEA y SHOA, han dicho que ese lugar donde está instalado es inundable en caso de tsunami, marejada o incendio. Por lo tanto, esa solución o la invalidación, la nulidad del proyecto no es algo que solamente le compete ahora a la Corte de Apelaciones a propósito de la Seremi de Vivienda, sin duda le corresponde al director de Obras Municipales -que ya no es el mismo, ya no es Julio Leigh-, sino que también a la nueva administración.
Creo que Copec, el grupo Angelini y la Inmobiliaria Las Salinas han subestimado al movimiento social, han subestimado las acciones judiciales nuestras y creen que tienen una única, verdadera y legítima solución al conflicto".
Creo que las soluciones (a Punta Piqueros) están radicadas en este momento en la justicia (...) hay indicios de que la justicia pueda, particularmente la Corte Suprema, proponer una solución distinta a la que propone la empresa, que es seguir adelante con un proyecto que insisto y reitero, es inviable".
"
"