Claudio Ramírez

Pese a que la situación parecía zanjada a fines de la semana pasada tras la confirmación del nuevo emplazamiento para los pescadores de la ex Caleta Sudamericana en Roca La Baja, con el paso de los días todo comenzó a complicarse pues no se ha podido llegar a una solución para la ubicación transitoria de los trabajadores mientras se construye el nuevo enclave y, sobre todo, tampoco se ha logrado un acuerdo respecto al tema de la reparación económica solicitada.

Esto mantiene la tensión en el Muelle Prat, donde los sindicatos, que agrupan a más de 250 trabajadores, marcan presencia desde el 19 de octubre pasado a la espera de una salida definitiva.

"Las negociaciones están en un punto muerto porque, se lo digo en buen chileno, el Gobierno nos está peloteando entre los distintos ministerios. Economía nos dice que tenemos que hablar con Hacienda y viceversa. Sin perjuicio de ello, EPV nos negó la utilización del único punto dentro de Valparaíso que estaba disponible para ser utilizado de forma inmediata, como es el Muelle Barón", comenta uno de los abogados de los sindicatos, Felipe Olea, agregando que el resto de las alternativas ofrecidas no son adecuadas para desarrollar la pesca en relación al sector de San Mateo y la Tornamesa.

Sobre la posibilidad de que los pescadores retornen a Quintero con una compensación indica que "volver puede ser una opción, siempre y cuando se pague la compensación necesaria. Sin embargo, es más caro regresar a Quintero que apostar a la autogestión de los pescadores".

En esa línea, Olea señala que lo que hizo el Estado en 2013, cuando los pescadores debieron abandonar el sector de la Sudamericana, fue subsidiar la oferta, es decir, le pasó el dinero a Quintero, "que actuó de acuerdo a sus directrices y no a lo que necesitaban los pescadores".

"Lo que se está pidiendo ahora es que la plata que se entregue sea directamente para los pescadores y que ellos se autogestionen y decidan si trabajan en Portales, El Membrillo, Constitución, Caldera, Lebu, en fin, donde ellos quieran", sostiene Olea, quien remarca que la cifra solicitada -$450 mil mensuales mientras dure la construcción de la nueva caleta- no es irracional.

"Son 273 y eso es lo que aumenta el caudal de dinero, pero eso no es responsabilidad de ellos, acá lo único que se ve es un Estado que no cumple, a un Gobierno que no cumple y que más encima se enoja cuando le vienen a cobrar y quiere imponer sus condiciones", agrega el profesional, quien sostiene que hay diversas fórmulas para zanjar el conflicto.

"Están todas las condiciones dadas para que el Ministerio de Hacienda desarrolle una glosa dentro del presupuesto de Economía para que se pueda pagar este subsidio, esta indemnización por estos cuatro años futuros como reparación a los pescadores", agrega.

Junto con ello, apuntó sus dardos al presidente de EPV, Fernando Ramírez, a quien califica como una de las piedras de tope en la negociación. "Técnicamente, él es quien tiene la última palabra en EPV, pero en vez de estar mirando por los intereses de la ciudad y que en este caso benefician a Valparaíso, está mirando más los intereses particulares de las empresas que actualmente controlan el puerto de la ciudad".

Estado de alerta

El profesional también subraya el nivel de cansancio que existe entre sus representados, quienes ya han manifestado la posibilidad cierta de reanudar las movilizaciones.

"La verdad que uno entiende que las autoridades están jugando al desgaste del movimiento. (...) De hecho, los sindicatos votaron y se declararon en estado de alerta y no descartan movilizaciones en vista de la irritante pasividad y silencio del Gobierno".

"Las negociaciones están en un punto muerto porque, se lo digo en buen chileno, el Gobierno nos está 'peloteando' entre los distintos ministerios".

Felipe Olea, Abogado de pescadores

Consultada la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV) sobre la opción del Muelle Barón, reiteró que "las autoridades sectoriales y nacionales conocen las implicancias técnicas y jurídicas de las alternativas que se han sugerido para establecer una caleta provisoria en Valparaíso, de manera que si el Ministerio de Economía y la Subsecretaría de Pesca desestimaran la propuesta de los pescadores para mantenerse en Quintero, cuentan con todos los antecedentes para adoptar e implementar una definición provisoria en Valparaíso. (...) Están disponibles todas las opciones planteadas públicamente".

Un total de 16 son las empresas interesadas en la licitación pública de EFE para la realización de la fase ingeniería del proyecto de accesibilidad universal correspondiente a nueve estaciones del servicio Limache-Puerto, que ya culminaron la fase de prefactibilidad.

Estas son Portales, Recreo, Viña del Mar, El Salto, El Sol, El Belloto, Las Américas , La Concepción y Sargento Aldea, y el proceso busca adjudicar a una o dos empresas la consultoría para el diseño de las soluciones de ingeniería tales como rampas y ascensores.

De acuerdo a la programación, la recepción de ofertas se extenderá hasta fines de noviembre de este año y la adjudicación será en marzo de 2022, con un plazo de 280 días para la realización de los estudios de ingeniería. Se trata de la última fase antes de la licitación de las obras civiles.

El proceso forma parte de la implementación del plan integral de accesibilidad universal de la empresa, que también incluye la instalación de ascensores en las estaciones Quilpué y Villa Alemana, cuyo proyecto está más avanzado y con fecha estimada de inicio de obras para el año venidero.

"Para nosotros, este plan es prioritario porque permite mejorar las condiciones de acceso y uso a las instalaciones, en especial a las personas con discapacidad", comentó el gerente general de EFE Valparaíso, Jorge Gómez. Además, explicó que también están en marcha los procesos de ingeniería para la intervención de las estaciones del borde costero Barón, Francia y Bellavista, a través de pasos soterrados.