Katherine Escalona M.

A un año de la acusación por notable abandono de deberes que presentaron cinco exconcejales de Valparaíso y el aún concejal Daniel Morales (Ind.) contra el alcalde porteño Jorge Sharp, surgen nuevos antecedentes. La defensa del jefe comunal presentó el listado de testigos al Tribunal Electoral Regional (TER), acción que ya realizó la contraparte.

La nómina es extensa. Más de 40 personas, mayoritariamente funcionarios municipales, concejales y dirigentes, entre los que se encuentran la administradora municipal, Cecilia Ugalde; el director Jurídico, Nicolás Guzmán; el exadministrador municipal y actual encargado de Seguridad Ciudadana, Claudio Opazo; la concejala Gilda Llorente; la directora de Desarrollo Comunitario, Carla Meyer; el exgerente de la Cormuval, Marcelo Garrido; el expresidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Valparaíso y actual candidato a diputado, Marco Brauchy, y la concejala Zuliana Araya.

La presentación de los testigos se agrupa en los 35 puntos que deberán ser probados por la parte acusadora entre los cuales se encuentra la prestación de servicios de coctelería por parte de alumnos pertenecientes a la Corporación Municipal de Valparaíso (Cormuval), la situación del comercio ambulante y la demora en la instrucción de procedimientos sumarios.

Sobre la presentación del listado, el abogado del alcalde, José Ortiz, precisó que "se ha requerido la declaración testimonial de aquellas personas funcionarios, exfuncionarios y otros actores importantes de Valparaíso, quienes son relevantes a juicio de esta defensa, conforme a los puntos de prueba de la causa".

Manifestó que "en este sentido, como cualquier ciudadano, las personas citadas como testigos están obligadas a comparecer -y bajo juramento- a dar cuenta de los hechos que conoce ante el Tribunal Electoral Regional (TER) de Valparaíso".

Cuestionamiento

Los exconcejales Marcelo Barraza (DC) e Iván Vuskovic (IND.), que son parte del proceso, criticaron que la mayor parte de los testigos son funcionarios municipales y del círculo cercano del alcalde. Mientras, el exconcejal Luis Soto (UDI)- que también presentó la acusación, afirmó que Sharp está en su derecho de presentar el listado que consideré, por lo que confía en el proceso legal.

Vuskovic recalcó que "tengo la sensación de que se está usando a los funcionarios municipales, porque si uno se fija, son una parte funcionarios de confianza que estuvieron con él y otra parte son funcionarios a los que se les quiere obligar ir a declarar, pero yo creo que es un abuso en contra de los trabajadores municipales que vayan a declarar en un proceso donde el jefe está siendo enjuiciado, esa es la normativa y habrá que respetarla, creo yo".

¿Por qué un abuso y habla de obligación? Vuskovic respondió que "siento que la justificación la tienen que dar los mismos jefes que trajo él, cuando él (Sharp) podría haber elegido a otras personas no necesariamente a funcionarios municipales. En la mayoría de los casos está el fiscal municipal y la administradora que son los nombres que se repiten. Podrían haber puesto a otra gente para que exista cierta transparencia de lo que estamos hablando, pero parece que no se estila así".

De la misma forma, Marcelo Barraza recalcó que "los nombres que aparecen son de funcionarios que entraron en el período de Jorge Sharp y que, indudablemente, van a defender la administración independiente que los informes de la Contraloría Interna que demuestran que hay situaciones irregulares".

Insistió que hay hechos de gravedad investigados como "la utilización de menores de edad para recaudar dineros, hay $1.500millones en despidos injustificados argumentando que políticamente no pertenecían a su administración, siendo que acá se mide por lo administrativo, facultades técnicas. Hay $60 millones que se echaron a la basura por el concurso de directores, por lo que tuvieron que recular e incluso $240 millones de una modificación presupuestaria para solucionar las tumbas con agua del cementerio y no sé por qué el exgerente de la Corporación está en este listado".

Mientras, Soto manifestó que el alcalde "tiene el legítimo derecho de presentar lo que estime pertinente. Acá lo importante es que los tribunales se puedan expresar y que la condición de haber sido protagonistas seamos respetuosos de los procesos. Aquí lo que uno aspira es que se cumpla en el marco de la ley y él (Sharp) está actuando en su defensa con los actores que son parte de su equipo, nosotros ya pusimos los antecedentes y ahora queda esperar el resultado".

"Se ha requerido la declaración testimonial de aquellas personas funcionarios, exfuncionarios y otros actores importantes".

José Ortiz, Abogado defensor del alcalde

"Él (Sharp) podría haber elegido a otras personas, no necesariamente a funcionarios municipales. (....) Podrían haber puesto a otra gente".

Iván Vuskovic, Exconcejal

Dos carabineros de Viña del Mar y uno de San Antonio serán formalizados por hechos ocurridos en el estallido social de 2019, según informó el fiscal Juan Sebastián de la Fuente, perteneciente a la Unidad de Violencia Institucional que fue creada por la fiscal regional, Claudia Perivancich.

En el caso de la Ciudad Jardín, los efectivos Mario Arancibia González y Mario Guzmán Yuri serán imputados por los delitos de homicidio frustrado y disparos injustificados que presuntamente habrían perpetrado el 22 de octubre de 2019, en medio de una manifestación en el sector de la plaza Sucre, donde resultaron ocho personas heridas con lesiones de carácter grave.

"La solicitud de formalización se realizó en virtud de una larga investigación realizada por la Fiscalía, en conjunto con la unidad especializada de la PDI destinada para tal efecto. Luego de tomas de declaración, solicitudes de exámenes corporales a las víctimas y pericias, logramos arribar a la conclusión que hay antecedentes suficientes para poder formalizar la investigación en contra de estos funcionarios de Carabineros", precisó el persecutor, agregando que a uno de ellos también se le imputará el delito de por falsificación de instrumento público.

La audiencia quedó fijada para el próximo 29 de noviembre, a partir de las 08.50 horas, en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar.

Apremios ilegítimos

A esta causa se suma una segunda por apremios ilegítimos en la ciudad de San Antonio, cuya audiencia de formalización se fijó para el 10 de diciembre y en la cual figura como imputado Alejandro Orellana Vera, funcionario de la Primera Comisaría de Carabineros de esa comuna.

"En el marco del estallido social en el mes de noviembre del año 2019, agredió a una manifestante, dándole un puntapié en el rostro mientras se encontraba detenida, provocándole lesiones", explicó el fiscal De la Fuente.