La Corporación Municipal de Viña del Mar ingresó una demanda civil contra la exalcaldesa de la ciudad, Virginia Reginato, y contra el exadministrador municipal de su periodo, Claudio Boisier, por el no pago de cotizaciones previsionales de trabajadores del organismo desde 2016 hasta 2021.

La demanda, presentada ante el tribunal viñamarino por la alcaldesa Macarena Ripamonti, en su calidad de presidenta de la Corporación, busca cobrar el pago de la suma de $879.240.239, más reajustes, intereses y costas, que corresponde a los intereses y multas generados por no haberse pagado oportuna e íntegramente las cotizaciones. En este caso, la deuda se habría generado durante el período alcaldicio de Virginia Reginato e involucra a Claudio Boisier, en su calidad de gerente general de la Corporación Municipal y luego como administrador municipal.

"Directa injerencia"

En estas funciones, detalla la acción judicial, ambos habrían tenido "directa injerencia y responsabilidad" en el pago de las cotizaciones previsionales. Esto se estableció en el escrito respecto a Virginia Reginato, en su calidad de alcaldesa y presidenta de la Corporación Municipal, de acuerdo a las sentencias del Tribunal Electoral Regional (TER) y del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), que inhabilitaron a la exjefa comunal de ejercer cargos públicos por notable abandono de deberes.

En tanto, respecto a Claudio Boisier, la Corporación pretende acreditar "ampliamente en juicio" que durante su administración como gerente general de la Corporación, que corresponde al período señalado en los fallos del TER y Tricel respecto a Reginato, se incurrió en el no pago íntegro y oportuno de las cotizaciones previsionales, que generó una deuda por intereses y multas de $273.194.111.

Respecto al período 2018-2021, como administrador municipal, expone, dejó de entregar la subvención que estaba comprometida por el municipio para el pago de las cotizaciones previsionales, generando una deuda por intereses y multas de $606.046.128.

"responsables civilmente"

"A partir del mes de julio de 2020, en el ejercicio de sus cargos, la Alcaldesa Sra. Virginia María del Carmen Reginato Bozzo, y su Administrador Municipal, Sr. Claudio Aquiles Boisier Troncoso, ya individualizados, dejaron de entregar a la Corporación Municipal Viña del Mar el aporte mensual comprometido por el Municipio, el cual se destinaba íntegramente al pago de cotizaciones previsionales. Este incumplimiento, sumado a otras deficiencias de orden administrativo e irregularidades, están siendo investigadas en sede penal. Sin embargo, la falta de aporte municipal significó pagar en el año 2020 la suma de $367.116.910 por concepto de multas e intereses. Hasta junio de 2021, lo pagado por este concepto ascendió a $123.838.600", dice parte de la demanda.

"Conforme se acreditará ampliamente en juicio, los demandados son responsables civilmente por las multas e intereses que las deudas previsionales ocasionaron a la Corporación y cuyo monto asciende a lo menos a $879.240.239, suma a la que solicitamos sean condenados a pagar solidariamente los demandados", más reajustes, intereses y costas.

Al respecto, Ripamonti expuso que "nuestra administración tiene como objetivo el desarrollo progresivo, cultural y económico de la ciudad de Viña del Mar y, en este caso, tenemos que hacernos caso de la continuidad de servicio, de las contingencias diarias y también del desarrollo de nuestro programa", pero también "tiene otra obligación: ayudar a la denuncia y persecución de delitos de los que hayamos tomado conocimiento, y nos parece inaudito que cualquier ciudadano y ciudadana que deba dinero a una casa comercial sea perseguido, embargado, y hoy existan personas que hayan desfalcado, asaltado, saqueado un municipio completo poniendo en riesgo la salud y educación de las personas más vulnerables y no ocurra nada".

Por lo mismo, indicó que "además de hacer nuestro trabajo corriente, tenemos el compromiso de perseguir y ayudar a la indagación de cualquier delito y de, si es necesario, embargar hasta el florero de quienes hayan puesto en riesgo las finanzas de todo el municipio y de la comunidad de Viña".

"Además de hacer nuestro trabajo corriente, tenemos el compromiso de perseguir y ayudar a la indagación de cualquier delito".

Macarena Ripamonti, Alcaldesa de Viña del Mar

Los ambulantes que se apropiaron, sin ningún tipo de control, del paseo costero que va entre las playas Acapulco y El Sol de Viña del Mar, encendió el debate en torno a las responsabilidades que hay detrás de esta problemática. Consultada sobre este tema, la alcaldesa, Macarena Ripamonti, adelantó que su catastro sobre el comercio informal se hará público en los próximos días y que la estrategia de su administración cambiará lo que venía dándose hasta ahora.

Ante este escenario, la concejala Antonia Scarella (Ind.-UDI) pidió con urgencia al municipio que "ponga mano dura a los ambulantes, porque ya perdimos la calle Valparaíso, lugar de paseo para muchos viñamarinos que hoy ya no tiene el mismo encanto y por donde prácticamente no se puede transitar".

En cuanto a la situación puntual del borde costero, la edil cree que "nunca se vio tan lleno de comercio ilegal como lo vemos hoy". Agregó "que esto no puede ser, es el lugar de encuentro, paseo, turismo de todos los viñamarinos y sus familias y niños". "Debemos poner fin a esto antes de que sea demasiado tarde, lo he planteado en diversas ocasiones en el Concejo y, lamentablemente, no he tenido respuesta sobre una posible solución o plan de acción", sentenció Scarella.

Los ambulantes en el borde costero vendiendo alcohol es, para el concejal Pablo González (PC), la imagen más representativa del problema que tiene la Ciudad Jardín. Como desconfía de la erradicación del problema, propone un plan de acción que permita reorganizar a los comerciantes informales, eso sí, controlando que la cantidad no afecte "al concepto de ciudad que queremos".

Brigada especial

Por su parte, el concejal René Lues (DC) piensa que al ser verdaderas mafias operando, "es necesario constituir una brigada especial de Carabineros y la PDI que utilice inteligencia y equipamiento de última generación para perseguir a los cabecillas y estructuras superiores que sostienen esta actividad ilegal".

A juicio de Sandro Puebla (Ind. pro PS), los espacios públicos viñamarinos se transformaron en "verdaderas ferias populares sin control, que dan un feo paisaje urbano, donde bajo la ley del más fuerte se venden sopaipillas y productos asiáticos, sin que nadie haga nada".

En tanto, el edil Alejandro Aguilera (CS) propone un enfoque racional que apunte al control, primero, de las vías de suministro con que se abastecen los vendedores ambulantes. Además, pide aumentar la dotación de personal municipal con facultades, con el objetivo de controlar este auge del comercio informal. Considera, también, que al ser un problema de compleja solución, "la represión no va a ir en la dirección de resolverlo".

"Lo que ocurre en el borde costero no puede ser, es el lugar de encuentro de todos los viñamarinos y sus familias".

Antonia Scarella, Concejala (Ind.-UDI)

"Es necesario constituir una brigada especial de Carabineros y la PDI que utilice inteligencia y equipamiento de última generación".

René Lues, Concejal (DC)

"Los espacios públicos viñamarinos se transformaron en verdaderas ferias sin control, que dan un feo paisaje urbano".

Sandro Puebla, Concejal (Ind. por PS)