Pamela Boltei

Hasta ahora, la llegada de Rodrigo Mundaca como gobernador regional había sido miel sobre hojuelas. Sin embargo, este lunes hubo una primera división entre los consejeros respecto a una iniciativa planteada por el dirigente de Modatima: la aprobación de un convenio para colaborar con la Convención Constitucional para sus actividades en terreno en la zona.

El convenio dice, entre otras cosas, que "con el objeto de facilitar la labor de la Convención Constitucional en el territorio de la Región de Valparaíso, el Gobierno Regional se compromete a realizar todas las acciones destinadas a propiciar los espacios en que dicha labor habrá de hacerse efectiva, cumpliendo labores de coordinación, aseguramiento de contactos personales, espacios físicos, comunicaciones, transportes, difusión y promoción de las instancias de participación definidas". También dice que "dicho compromiso determinará, por parte del Gobierno Regional -en el marco de su Ley Orgánica, del marco jurídico vigente y de su disponibilidad presupuestaria- la generación de condiciones y mecanismos para proveer insumos, recursos y espacio físico necesario para llevar a cabo dicha tarea".

Durante este lunes el tema fue planteado y discutido por los consejeros regionales en la comisión de Régimen Interno, quienes hicieron una votación preliminar que tuvo 4 votos de consejeros de oposición (derecha) en contra, quienes argumentaron dudas sobre el costo que esto significaría para el propio Consejo Regional y los problemas que la propuesta tendría en cuanto a irregularidades jurídicas. El lunes se llevará a votación en el pleno.

El presidente de la Comisión de Inversiones, Percy Marín, señaló que "nos parece preocupante, porque recibimos la propuesta de manera imprevista, el gobernador la quiso someter a votación de manera directa ante el pleno. Junto al consejero Macaya detectamos elementos que nos preocupan mucho y que son contrarios a nuestra Ley Orgánica Constitucional, excede totalmente las facultades que nos entrega la ley. ¿Cuál es el fin regional de una actividad netamente nacional?".

"Es una frescura"

Manuel Millones (Ind. ex UDI) dijo que "existen limitaciones legales para destinar parte de nuestros escuálidos fondos para financiar actividades de convencionales que realicen en nuestra región. Esto primero debe ser despejado internamente y que no quede ninguna duda sobre la pertinencia legal sobre si es posible o no asumir gastos de los convencionales o de actividades que ellos promocionen, pensando en lo que pueda decir después Contraloría. En mi opinión, es una frescura que la mesa de los convencionales nos pida plata a las regiones, cuando ellos tienen un gran presupuesto asignado para estos efectos".

El core Manuel Murillo (PPD) afirmó que "es un convenio de colaboración y valoramos que nuestro gobernador, Rodrigo Mundaca, lo haya puesto en discusión ante los consejeros y espero que pueda ser discutido con alturas de miras, más allá de las diferencias políticas que podamos tener entre unos y otros cores. Sé que es un tema muy sensible hoy el poder aprobar este convenio, ya que cruza un periodo de elecciones y muchos cores van a la reelección y tienen temor que puedan ser juzgados en su minuto por haber sido parte del rechazo".

Para Nataly Campusano (CS), "no hay ningún tipo de irregularidad jurídica o normativa, más bien todo lo contrario, todo se ajusta en derecho. Hay 15 regiones que ya se han adherido a este convenio y faltaba la Región de Valparaíso, que creo que a buena hora se suma para no quedar aislada fuera. Quienes votaron en contra tienen que responder a la gente de su territorio si están en desacuerdo de que la Convención pueda debatir en su territorio. ¿Efectivamente están representando sus intereses o la de su ideología política que perdió en octubre pasado?".

Con todo, el presidente de la comisión, Mario Sottolichio, aclaró que no hay "un número determinado (de dinero que se gastará desde el Core), sino más bien se trata de apoyo no solo en forma financiera, sino en lugares, en infraestructura, prestación de servicios, como sistemas de audio, agua, té, café y pan para quienes asistan, es muy difícil decir si va a ser mucha plata o no".

"Junto al core Macaya vimos elementos que nos preocupan mucho y que son contrarios a nuestra Ley Orgánica".

Percy Marín, Core RN

"¿Efectivamente están representando sus intereses o la de su ideología política que perdió en octubre pasado?".

Nataly Campusano, Core CS

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Tras la demanda civil presentada por la alcaldesa Macarena Ripamonti, como presidenta de la Corporación Municipal, contra Virginia Reginato, exjefa comunal de Viña del Mar, y Claudio Boisier, exgerente de la Corporación, por el no pago de cotizaciones de trabajadores por $ 879 millones, algunos concejales alzaron la voz señalando que es una decisión necesaria.

El director Jurídico de la CMVM, Abbas Abi Raad, consignó que la acción judicial que pidió prohibir la venta de un inmueble de Reginato también solicitó congelar las cuentas bancarias de Boisier.

A juicio del edil Carlos Williams (RN), "es lo que corresponde, para delimitar responsabilidades, porque de no hacerlo, la alcaldesa Ripamonti podría ser acusada de notable abandono de deberes, ya que ella ha tomado conocimiento de esta irregularidad administrativa".

Nancy Díaz, edil del FA, dijo que le parece "muy acertada la demanda, ya que la gente no dimensiona el desfalco en la Corporación Municipal. Aquí se golpeó a los servicios sociales entregados a la ciudadanía y por sobre todo con los profesores, quienes han tenido que pagar los costos por una mala gestión anterior".

René Lues (DC) coincide con Williams e indica que "me parece bien que se investigue esta situación", pero "considero necesario realizar estas gestiones judiciales con serenidad y también con respeto por las personas acusadas públicamente, pues el daño reputacional que se les puede infligir es inmenso, sobre todo cuando la justicia aún no ha establecido lo sucedido".

Entre los diputados hay más división. Andrés Celis (RN) dijo que "es lo debido, ya que en ese entonces la alcaldesa Reginato era la presidenta de la Corporación Municipal, al igual que el gerente. Pero con la misma fuerza le hago un llamado a que se querelle contra quienes resulten responsables de este tiroteo que ocurrió en la Ciudad Jardín".

Jorge Brito (RD) se preguntó: "¿Quién devuelve la plata a la ciudad producto de las negligencias de la señora Reginato? Bueno, que lo haga la exalcaldesa y esa es la acción judicial que nuestra alcaldesa Ripamonti está emprendiendo con total valentía y rigurosidad en tribunales. Esperemos que él (Claudio Boisier) también responda si es necesario con su patrimonio personal, porque a la ciudad le faltan recursos, no le sobran; y si alguien los mal utilizó, los debe devolver".

"una Maniobra"

Sin embargo, para el diputado Osvaldo Urrutia (UDI) esto es "una nueva maniobra comunicacional por parte de la actual alcaldesa, que tiene como único objetivo seguir desprestigiando a la administración anterior y de esta manera ocultar los nulos avances que ha tenido en estos primeros cuatro meses de gestión".

Añadió: "Cuesta entender que se pretenda personalizar esta denuncia exclusivamente en la exalcaldesa Reginato y en uno de sus gerentes, siendo que hasta los primeros meses de 2018 todas las cotizaciones previsionales de los trabajadores se encontraban al día. Y si desde esa fecha en adelante se produjo algún tipo de incumplimiento, la responsabilidad le compete a quienes ocuparon durante ese período la gerencia de la corporación".

"Corresponde, para delimitar responsabilidades; de no hacerlo, la alcaldesa Ripamonti podría ser acusada de notable abandono".

Carlos Williams, Concejal RN