Un paso adelante para las regiones
Gobierno y senadores llegaron a un acuerdo para incluir en la Ley de Presupuestos 2022 algunas peticiones de gobiernos regionales. Aunque la decisión del Senado es un avance, queda el sabor amargo de que el Congreso perdió en los últimos años una oportunidad para profundizar el actual proceso de descentralización.
En una sesión que se extendió hasta pasadas las 4 de la madrugada de ayer, el Senado aprobó un conjunto de criterios para el Presupuesto 2022 del Ministerio del Interior que tendrán un profundo impacto en los gobiernos regionales. Aunque forman parte de una institucionalidad nueva, que recién presenta su primeros cuatro meses de ejercicio, los gobernadores elegidos en mayo han logrado conformar un bloque capaz de negociar con los senadores mejores condiciones para desempeñar sus labores.
En la práctica, el consenso alcanzado por los parlamentarios, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, y la subsecretaria de Desarrollo Regional (Subdere), María Paz Troncoso, incluye un inédito acuerdo en materia de flexibilidad presupuestaria y mayor porcentaje en los saldos de caja de cada Gore, así como la creación de mecanismos de apoyo a la gestión financiera y de recursos humanos en los nuevos gobiernos locales.
Desde el Ejecutivo aseguran que existe voluntad para materializar también, vía indicación, otras demandas de los recién asumidos gobernadores, como asignarle al Ministerio de Ciencias una función clave en los procesos de determinación de inversiones y considerar la participación ciudadana a través de organizaciones como los Consejo de la Sociedad Civil (Cosoc). En el acuerdo jugó un rol importante el senador Francisco Chahuán (RN), quien cree que apostar en el proceso descentralizador incluye mayores transferencias de facultades y acercar la toma de decisiones a las personas.
Sin duda que las decisiones tomadas en el Senado son un paso adelante para las regiones, porque las medidas inyectarán mayor autonomía a los gobernadores y les permitirán contar con más herramientas para definir su planificación presupuestaria, más allá de los recursos netos ya definidos para el Fondo Nacional de Desarrollo Regional 2022. Pero es necesario puntualizar que tanto al Parlamento como al Gobierno les faltó audacia, voluntad e imaginación para remendar los forados que hay en el funcionamiento de los nuevos gobiernos regionales, debido a que la ley que los ampara les entrega pocas atribuciones y su manejo de recursos depende totalmente de lo que otros dos entes elegidos decidan y negocien entre ellos. Esto deja trunco el proceso de descentralización iniciado con las leyes que permitieron la elección de los flamantes gobernadores. Y a nueve días de que sea electo un nuevo Congreso y a 37 de la segunda vuelta que definirá un nuevo Gobierno, quedan dudas sobre la pertinencia de que sea adecuado acelerar las decisiones pendientes, más aún cuando hay en curso un proceso constituyente que podría definir nuevas reglas y autoridades vinculadas a la regionalización. Eso deja cierto sabor amargo de oportunidad perdida para un proceso de descentralización que había generado justas expectativas en las regiones.