Luego de una extensa investigación, el Ministerio Público, junto a la Armada, el OS-7 de Carabineros y unidades policiales de Perú y Ecuador, logró desbaratar una banda de 10 ciudadanos colombianos que buscaba asentarse en el país para organizar la distribución a gran escala de marihuana, específicamente de un tipo llamado creepy (o cripa), que de a poco parece haber hegemonizado la oferta de este producto que se trafica ilegalmente.

A diferencia de la marihuana tradicional, la creepy produce menos aroma y su comercio es mucho más rentable, debido a la mayor concentración de THC que deriva de su manipulación genética.

Sin duda, la denominada "Operación Cerbero" fue un golpe al narcotráfico, pero también un llamado de alerta sobre la posición que comienza a jugar nuestro país, principalmente nuestra región de extensas costas y bien conectadas carreteras, en las redes de almacenaje, distribución y tráfico de sustancias ilícitas.

En el operativo fueron decomisadas de 3,5 toneladas de marihuana, cuya venta hubiera significado un ingreso de 11 mil millones de pesos para los narcotraficantes. Las autoridades ya calificaron esta incautación como la más importante realizada en el país en los últimos años y destacaron que el trabajo del Departamento de Inteligencia e Investigaciones Policiales Marítimas de la Armada de Chile permitió el arresto de los integrantes más importantes de la banda de tráfico con alcances internacionales.

Un rol importante cumplió la Fiscalía de Valparaíso. Primero, porque tuvo la suficiente flexibilidad para permitir que una unidad interna encargada de investigar delitos contra la propiedad pudiera extender su campo de acción y abarcar otros ilícitos, con el suficiente éxito como para poner en su medallero este contundente operativo antidrogas. Pero también porque los fiscales a cargo defendieron con éxito la idea de que la investigación definitiva del caso -que durará 90 días, según estimó el Tribunal de Garantía de Viña del Mar en la formalización de los 10 detenidos- se realizara en esta Región y no en Santiago, como pedían con insistencia los abogados a cargo de la defensa de los involucrados. "El recurso del Sistema de Análisis Criminal resulta eficiente para este tipo de indagaciones", concluyó la fiscal regional, Claudia Perivancich, al momento de explicar los alcances del trabajo desarrollado en las últimas semanas.

La intervención de unidades policiales extranjeras muestra la necesidad de estrechar la coordinación entre países para lograr mayor efectividad en la persecución de este tráfico. Aunque las autoridades insisten en que no hay grandes carteles de droga operando en suelo nacional, esta detención debe llamar la atención sobre las vulnerabilidades particulares que tiene la zona y que resultan atractivas para la instalación de bandas que sí están conectadas con carteles internacionales. No se debe olvidar que en el último eslabón de esta cadena de ilícitos están los brutales homicidios por encargo y las peleas entre bandas de microtraficantes que manchan con violencia barrios enteros de varias ciudades de la Región.

Somos todos iguales ante la ley: sí. Y al mismo tiempo somos todos diferentes y tenemos derecho a vivir en una sociedad que reconozca y garantice esa diversidad que nos enriquece.

En Chile un poco más de 2 millones 800 mil personas viven en situación de discapacidad (PsD), pero esa estadística no es el resultado de un censo actualizado, ya que en el caso de la ciudadanía autista, se sigue a la espera de un catastro nacional que por décadas ningún gobierno ha concretado.

Las PsD sobreviven en un país que ha normalizado el no tener derechos, sobreviven a la discriminación y segregación que impone la sociedad con innumerables barreras de exclusión, en todas las etapas de la vida. Sobreviven en un país que no reconoce los entornos cuidadores. Asistimos a un Estado que vulnera sistemática y estructuralmente los derechos humanos de personas en situación de discapacidad, condición y/o grado de dependencia y de sus entornos cuidadores y de calidad de vida.

Por décadas, desde diversos sectores de la sociedad se ha recordado con énfasis que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue ratificada por nuestro país en el año 2008, comprometiéndose a garantizar condiciones de igualdad en DD.HH., calidad de vida y libertades fundamentales. Sin embargo, en Chile las limitaciones al ejercicio de la autodeterminación se evidencian en el día a día.

Somos parte de un problema histórico de discriminación y vulneración de derechos estructural, que debemos reconocer y no volver a repetir.

El actual proceso constituyente se levanta como una primera señal en un camino que ha sido demasiado duro. En ese sentido, la construcción colectiva de la nueva Constitución debiese incorporar la mirada y voz de las personas con discapacidad, desde el modelo de ciudadanía y derechos humanos, avanzando de manera decidida a propiciar y garantizar, como sociedad y Estado, las mejores condiciones para una vida plena que valga la pena ser vivida.

Debemos cambiar el paradigma del enfoque centrado en el déficit y la "capacidad productiva" hacia uno centrado en la persona, su futuro y los eventuales apoyos que necesita para alcanzar una vida plena. La autodeterminación y la calidad de vida, el buen vivir, son parte del amanecer que anhelamos ver pronto en la nueva Constitución.

"Reconocimiento constitucional de la discapacidad" es la frase que ha resonado con fuerza en la ciudadanía. Esperamos que esta consigna encuentre eco transversal en la Convención Constitucional y permita que todo el catálogo de derechos encuentre al fin garantía en un Chile que avanza con esperanza y convicción en el proceso constituyente. Este 3 de diciembre entregaremos junto a 14 agrupaciones, colectivos y fundaciones de Chile, un resumen con propuestas, reflexiones y demandas al vicepresidente de la Convención Constitucional, Jaime Bassa, fruto de reveladores diálogos y cabildos que sostuvimos junto a destacadas personas de larga trayectoria.

Ha sido un honor escucharnos y aprender de manera colectiva. Ahora esperamos con ansias nutrir el debate constituyente para avanzar hacia la justicia social que merecemos todas y todos, sin excepción.