Argentina llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar un millonario crédito otorgado en 2018, sumando un nuevo capítulo en su conflictiva historia con el organismo, que comenzó a finales de los años 50 del siglo pasado, cuando el país recibió su primer préstamo.

Tras más de un año de intensas negociaciones, el Gobierno de Alberto Fernández anunció que llegó a un entendimiento con el FMI, que, de ser refrendado por el Congreso, permitirá reformar el pago de préstamo de más de 44.000 millones de dólares contraído durante el mandato de Mauricio Macri (2015-2019), y despejar en gran medida el negro panorama que arrastra.

Pero este es solo el último de los muchos acuerdos desde que Argentina se incorporó al organismo multilateral de crédito en 1956, durante el régimen militar que derrocó a Juan Domingo Perón.

Según un estudio de la economista Noemí Brenta, desde su adhesión al FMI hasta 2021, Argentina firmó 21 acuerdos de "condicionalidad fuerte" -que conllevan medidas que los gobiernos se comprometen a adoptar en el marco de programas de ajuste- y además tomó otros tipos de financiamiento.

Aramburu a fernández

Una relación de idas y vueltas, de crisis y ajustes -sumada a la también conflictiva historia de impagos a los acreedores de deuda privados- que ha dejado capítulos como el que vivió el país durante la grave crisis del 'corralito' de 2001, cuando acabó declarando el mayor cese de pagos de su deuda externa: 102.000 millones de dólares.

Fue en abril de 1957 cuando el FMI realizó su primer préstamo a Argentina, por 75 millones de dólares, durante el Gobierno de facto de Pedro Eugenio Aramburu (1955-1958).

Según datos del Museo de la Deuda Externa de Argentina, al finalizar la última dictadura (1976-1983), la deuda aumentó un 449 % -de 8,2 mil millones en 1976 a 45 mil millones en 1982-, una pesada herencia que recibiría Raúl Alfonsín (1983-1989).

Durante el Gobierno de Carlos Menem (1989-1999), caracterizado por su política de apertura económica y privatización de empresas públicas, el papel del FMI fue clave para mantener la convertibilidad entre el peso y el dólar. Y la bola de la deuda siguió creciendo.

Una situación que estalló durante el mandato de Fernando de la Rúa (1999-2001), cuando se acordó un 'blindaje' a cambio de un fuerte ajuste fiscal. Sin embargo, el FMI acabó suspendiendo el desembolso de fondos por no cumplir metas y, tras una crisis, por primera vez en la historia, el presidente presentaba su renuncia.

Néstor Kirchner (2003-2007) quiso cancelar en un pago la deuda con el FMI -por un total de 9.500 millones de dólares-, solo durante nueve años -con Gobiernos de diferentes colores- y el país no estuvo bajo acuerdos con el organismo.

Durante los Gobiernos de Kirchner y su esposa, Cristina Fernández (2007-2015) -actual vicepresidenta- Argentina dejó de someterse a las revisiones anuales económicas por parte del FMI, pero en 2016, tras la llegada de Macri al poder, la relación con el FMI volvió.

Fue en 2018 cuando el país adquirió el mayor préstamo que el organismo ha otorgado en su historia, el mismo que sigue trayendo problemas.

A partir del martes de la próxima semana, Dinamarca eliminará todas las restricciones que impusieron a raíz de la cuarta ola de coronavirus, considerando la menor gravedad que ha implicado la variante ómicron y el gran número de personas vacunadas en el país.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, señaló que "estamos listos para salir de la sombra del coronavirus, decimos adiós a las restricciones y le damos la bienvenida a la vida que teníamos antes. La pandemia sigue, pero hemos pasado la etapa crítica".

"Puede parecer raro y paradójico que eliminemos las restricciones con las actuales cuotas de contagio, pero hay que fijarse en más cifras, una de las más importantes es la de enfermos de gravedad y esa curva se ha roto", agregó la autoridad.

Uno de los números decisivos que le permitió al gobierno dar ese paso fue el porcentaje de vacunación: el 80,6% de los daneses han recibido el esquema completo y un 60% cuenta con dosis de refuerzo.

Tres fases

Por otro lado, en cuidados intensivos informaron 40 pacientes, disminuyendo la cantidad, y de acuerdo a la primera ministra estos registros confirman que ómicron es una variante "menos dañina".

Frederiksen indicó que habrá tres fases. La primera será hasta primavera y seguirán con recomendaciones para proteger a los grupos de riesgo, promoviendo el uso de mascarillas en asilos y obligación de test para quienes viajen a Dinamarca sin estar vacunados.

Hasta otoño del hemisferio norte tendrán la segunda etapa que será de vigilancia y preparación para la tercera, en invierno, donde ven "muy posible" que, ante la nueva estación y los cambios de clima, parte de la población o toda deba vacunarse otra vez.

Este país ya había eliminado las restricciones en septiembre y fue uno de los primeros en retirar la obligatoriedad de la mascarilla, pero la nueva ola de ómicron obligó a retomar una serie de medidas.

Un juez peruano ordenó 18 meses de impedimento de salida de Perú para cuatro directivos de la refinería La Pampilla, entre ellos el director ejecutivo en Repsol en ese país, Jaime Fernández-Cuesta, como parte de la investigación que se sigue por su presunta responsabilidad en el delito de contaminación ambiental.

La decisión también comprendió al jefe del Terminal Marítimo 2 de La Pampilla, Renzo Tejada Mackenzie, y los gerentes de Repsol en Perú para Calidad de Medio Ambiente, Cecilia Posadas Jhong; y para Producción, José Reyes Ruiz.

El magistrado aceptó un pedido de la Fiscalía al que se sometieron los cuatro directivos de Repsol, cuyos abogados defendieron que han colaborado con la Justicia y no tenían intención de salir del país.

En esta etapa preliminar de la investigación, la Fiscalía consideró a Fernández-Cuesta en "calidad de autor" y a los otros cuatro implicados como "cómplices" en la presunta comisión del delito de contaminación ambiental.

El Ministerio Público recordó que el Código Penal peruano establece para este delito una condena no menor a cuatro años ni menor de seis años de prisión y remarcó en la necesidad de que los imputados permanezcan en el territorio nacional para esclarecer los hechos.

Tras indicar que los elementos de convicción que se tienen hasta el momento generan "la sospecha simple" para iniciar las diligencias y evitar un "potencial peligro de fuga", el juez defendió que el impedimento de salida del país es "estrictamente proporcional... ante el interés de la sociedad en la averiguación de la verdad".

Luego de conocer la decisión, tanto la Fiscalía como la Procuraduría del Estado, que participó como parte agraviada, y los abogados de los cuatro investigados, manifestaron su conformidad.

La Fiscalía peruana hizo la solicitud como parte de las investigaciones que sigue tras el derrame que se produjo el pasado 15 de enero de unos 6.000 barriles de combustible de la refinería La Pampilla en el mar del puerto limeño del Callao.

El derrame se produjo en coincidencia con la llegada a costas peruanas del tsunami causado por la erupción volcánica en Tonga, lo que provocó un inusitado aumento del nivel del mar en el momento que el buque Mare Doricum descargaba casi un millón de barriles a la refinería La Pampilla.

Inicialmente se dijo que el tsunami había causado el derrame, lo que fue descartado.