Intenso debate por fallo que ordena a autoridades solucionar toma en Viña
SOCIEDAD. Tras la decisión de la Corte Suprema por ocupación de terreno privado en Reñaca Alto, varios abogados alzaron la voz.
Un intenso debate entre abogados y personalidades políticas ha generado el fallo que la Corte Suprema emitió la semana pasada respecto a la ocupación ilegal de un terreno de más de 13 hectáreas en Reñaca Alto, Viña del Mar.
El recurso había sido rechazado en diciembre de 2021 por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, pero fue apelado y el 19 de enero de este año el máximo tribunal del país tomó una decisión definitiva.
"Se declara que se acoge el recurso de protección deducido, solo en cuanto se dispone que los propietarios de los terrenos involucrados, Carabineros de Chile, la Municipalidad de Viña del Mar, la Seremi de Salud de la región, el Servicio de Vivienda y Urbanismo y el Ministerio de Desarrollo Social deberán coordinarse a fin de que, de manera conjunta, se otorgue una solución global y efectiva a la situación que actualmente viven los recurridos", dice la sentencia.
El abogado que representa a los dueños, Waldo del Villar, se mostró conforme con el resultado del recurso, manifestando, entre otras cosas, que "algunos interpretan que se estaría desconociendo el derecho a propiedad, pero por el contrario, con mis clientes pensamos que nos da un camino de solución", mientras que el consejero regional independiente pro UDI, Manuel Millones criticó duramente la decisión: "Agrava la situación de las ocupaciones irregulares de terreno y debilita el derecho de propiedad privada consagrado en la Constitución".
Diversos abogados analizaron el fallo y comentaron lo que les parecía la medida adoptada por la Corte Suprema, en torno a si es o no una negación del derecho a la propiedad privada.
"Sí lo vulnera"
Marcela Peredo, profesora de Derecho Constitucional de la U. de Los Andes, dice que la lógica del fallo judicial es tomar una decisión en un tema en concreto, por lo que "sí vulnera el derecho a la propiedad, porque el problema es que la Constitución asegura la disposición de los bienes, todos podemos disponer de lo que somos dueños, esa es la base de ser propietario. El problema que se produce es que estas personas, a partir de este fallo, no pueden disponer, sino que los obliga a algo nuevo que no existe en la legislación chilena. Da una nueva obligación muy compleja, que es que tienen que dialogar con las personas que ocupan su propiedad y es algo que no se les puede exigir verdaderamente. El Estado no puede desproteger y obligarte a hablar con las personas que te están vulnerando. No se protege el derecho a la propiedad privada ni tampoco se protege el derecho a la vivienda de las personas que están afectadas por eso. No se produce una solución definitiva".
El abogado Miguel Alfaro plantea algo similar a lo que dijo Millones: "Por supuesto que atenta, puesto que priva al legítimo propietario de las acciones que nuestro ordenamiento jurídico da para recuperar la propiedad usurpada o el derecho de reivindicar la propiedad, cuya posesión ha perdido. Ello ocurre cuando la magistratura o no cree en el derecho a la propiedad privada en cuanto sea subordinada a un interés público superior o, simplemente, se dejan influenciar políticamente en sus fallos; interesándoles más la opinión pública que el interés individual de los justiciables".
Situación similar
Su par Christian Lucero recordó que tuvieron hace tres años una experiencia similar con la toma Naciones Unidas de Miraflores. "Al señalar que deben coordinarse los organismos públicos con los propietarios y otros para ellos buscar una solución integral a las tomas, de alguna forma está desviándose el problema y su solución. La función de los tribunales de justicia es resolver los problemas prácticos, no traspasarlos a los particulares o a otras autoridades respecto a materias diferentes, como las soluciones habitacionales. A lo menos la facultad de uso y goce de ese terreno que está siendo tomado ilegalmente está siendo afectada".
El abogado Juan Carlos Manríquez menciona que "lo que parece adelantar la Corte Suprema es que los organismos regulares son totalmente ineficaces en el corto plazo para otorgar un remedio en un plazo razonable y podría crear una solución de gobernanza al mandar a que el Estado se coordine para dar una solución que por la vía de procesos judiciales no se va a obtener. He ahí donde está el mayor foco de conflicto. (...) Para muchos eso es una actuación de gobierno judicial".
En tanto, Gabriel Muñoz, abogado, manifiesta que "se refiere solo al caso en particular y no plantea una jurisprudencia sobre la Constitución Política ni tampoco respecto a lo que ésta establece. Por el contrario, el fallo plantea que se reconoce el derecho a la propiedad respecto de esta situación de la falta de vivienda en Chile, pero también pone una carga en el Estado de Chile en cuanto a hacerse cargo del derecho a la vivienda, y en ese sentido la palabra colaboración es la que se repite en el fallo y eso significa que la autoridad es llamada a entregar una vivienda digna a las personas en situación de pobreza".
"Sí lo vulnera, porque la Constitución asegura la disposición de los bienes, todos podemos disponer de lo que somos dueños".
Marcela Peredo, Abogada constitucionalista
"Podría crear una solución de gobernanza al mandar a que el Estado se coordine una solución que por procesos judiciales no se obtiene".
Juan Carlos Manríquez, Abogado penalista
"Se refiere solo al caso en particular y no plantea una jurisprudencia sobre la Constitución Política ni respecto a lo que ésta establece".
Gabriel Muñoz, Abogado