Sebastián Mejías O.

Era completamente predecible que, en una región como la nuestra, la iniciativa Constituyente que deroga el actual Código de Aguas y establece la caducidad de todos los derechos otorgados, que fue aprobada en general por la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico de la Convención Constitucional, generara tantas reacciones y tan contradictorias entre sí. Mientras la mayoría de los alcaldes que lideran las comunas más afectadas por la crisis hídrica celebraron este paso que se dio, argumentando que equipara la cancha, los representantes de la industria agrícola quedaron preocupados por la incertidumbre de perder sus derechos de agua, no ser indemnizados por eso ni tampoco tener claridad de cómo es que se proyecta un proceso de redistribución del recurso hídrico.

A grandes rasgos la iniciativa plantea que el uso y administración de las aguas estará regulado "por esta Constitución y las leyes, y en los territorios indígenas, por sus sistemas jurídicos propios". Pero también que, de entregarse licencias para su uso y aprovechamiento, éstas deberán estar asociadas a usos específicos, temporales, con la existencia de un caudal mínimo para mantener los ecosistemas.

Además, el artículo primero transitorio, que fue aprobado con 11 votos a favor, 6 en contra y 2 abstenciones, anuncia la caducidad de "los derechos de aprovechamiento de agua que fueron entregados bajo la vigencia del Código de Aguas 1981. Este proceso de restitución tendrá una duración máxima de dos años a contar de la entrada en vigencia de la Constitución".

Ya lo dijo el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Cristián Allendes, que la aprobación de una iniciativa así "es una pésima noticia que impactará gravemente a más de 100.000 agricultores y regantes de los cuales, según clasificación del Servicio de Impuestos Internos (SII), más del 90% son pymes".

Algo parecido piensa el presidente de la Asociación de Agricultores Santa Rosa de Los Andes y director nacional de Fedefruta, Víctor Catán, quien opina que todo esto es "lamentable, especialmente si se toma en consideración que cambiar las reglas del juego abruptamente genera una incertidumbre que trae consecuencias".

Tampoco ve que hay una propuesta de cómo es que se van a redistribuir, una vez sean recuperados por el Estado, los derechos de agua, ni tampoco un compromiso por el tema de fondo: "La eficiencia y la creación de nuevas fuentes de agua, como por ejemplo poner el pie en el acelerador en la desalinización, que ayudaría muchísimo al Valle del Aconcagua".

"Podríamos quitar presión al estrés de la cuenca si es que generáramos nuevas fuentes. Acá el tema no tiene que ver con los derechos, sino con la eficiencia, como lo han hecho países como España o Israel", agregó.

Mensaje a la convención

Un alerta dejó Víctor Catán a la Convención, asegurando que se está informando de manera errónea, dado que el 80% de la tierra del valle que riega el Río Aconcagua está en manos de pequeños agricultores, cuyas propiedades no superan las 10 hectáreas. "Esa es la gente que va a tener una afectación muy grande", sentenció.

Por su parte, como presidente de la Asociación de Agricultores de Quillota y Marga Marga, Carlos Pruzzo insistió en la incertidumbre que esta iniciativa podría generar en el sector.

De todas formas, Pruzzo reconoce que, como agricultores, venían conversando en torno a la alta posibilidad de que esto ocurriera tarde o temprano. E insistió en la necesidad de que las autoridades se reúnan con los líderes de su gremio, dado que "ellos piensan que una medida así va en beneficio de la pequeña agricultura, cuando en realidad los perjudica".

Posición muy delicada

Para el presidente de la Asociación de Agricultores de la Quinta Región, Cristian Gwinner, esta decisión pone en una situación delicada al sector agrícola nacional y a todas las industrias que lo acompañan.

A su juicio, "si hoy se establece algún tipo de caducidad a los derechos de agua, se pierde cualquier incentivo a la inversión, pensando en los proyectos de largo plazo". Su pronóstico es que "nadie va a invertir sabiendo que, a los diez o doce años, perderá los derechos de agua, por lo cual muchos proyectos se verán truncados".

Otro que se mostró en desacuerdo fue el convencional por el Distrito 6, Ruggero Cozzi (RN), quien calificó la iniciativa, como "inoportuna, considerando que se acaba de reformar el Código de Aguas". Cree que "expropiar derechos de aguas, sin indemnizaciones, es propio de regímenes populistas o autoritarios".

Perspectiva de alcaldes

Posiciones a favor de la iniciativa las encontramos en los alcaldes de Olmué, Catemu, Petorca y La Ligua, todas comunas que padecen las consecuencias más graves de la crisis hídrica. Por ejemplo, Jorge Jil, de la comuna de Olmué, agradeció que la Convención "esté avanzando con iniciativas que buscan modificar la estructura jurídica de cómo concebimos este recurso".

La alta concentración de los derechos de agua para usos distintos al consumo humano, lleva a Jil a pedir una "priorización en su uso, con la idea de que se garantice y priorice el acceso al agua de las comunidades como derecho".

En ese sentido, Jil ve la necesidad de que exista "una reorganización de los derechos de agua y caducar los derechos a quienes actualmente no los explotan".

Desde Catemu su alcalde, Rodrigo Díaz, contó que una vez, hablando con un gran empresario agrícola de la zona, éste le aseguró que tenía derechos para mil hectáreas demás. Cifras que, bajo su mirada, son "escalofriantes" y no se condicen con la sequía que afecta a prácticamente toda su comuna, así como a la agricultura familiar campesina. "La pequeña y mediana agricultura se han ido reduciendo hasta casi desaparecer, con todo lo que eso conlleva", sostuvo.

"Una iniciativa como la que aprobó la Convención nos da la tranquilidad de que ese empresario no volverá a tener los derechos para explotar mil hectáreas demás", añadió.

En cuanto a las advertencias, por parte de algunos empresarios, de que una iniciativa como la planteada por la convención perjudicará a los pequeños propietarios, el alcalde de Catemu fue tajante: "Es tal su demagogia que ¿puede realmente esta iniciativa perjudicar todavía más a los pequeños agricultores?".

Más responsabilidad

Patricio Pallares, alcalde de La Ligua, es testigo de cómo algunos empresarios tienen cultivos de palta y, además, comercializan el agua que poseen entre aquellos que no la tienen. "Es mucho el abuso que hay en las comunas del interior", recalcó.

Ya desde la época en que era concejal, este alcalde viene denunciando irregularidades y pozos no inscritos. De ahí que sienta que lo mejor es que la cancha se equipare para todos con la redistribución de los derechos de agua, que está avanzando en la Convención.

En tanto Ignacio Villalobos, alcalde de Petorca, ve que las comunas de la zona son el "epicentro cero de las malas prácticas". Que la iniciativa aprobada es "devolver la dignidad a las familias precarizadas con el recurso hídrico, algo que cada día que pasa se sigue agudizando".

"Claramente, el mundo empresarial necesita ser obligado por un nuevo instrumento a tener un poco más de responsabilidad social en los territorios", sentenció.

"Piensan que una medida así va en beneficio de la pequeña agricultura, cuando en realidad los perjudica".

Carlos Pruzzo, Asociación de Agricultores, Quillota-Marga Marga

"Hay demagogia en los empresarios agrícolas ¿Puede esta iniciativa perjudicar todavía más a los pequeños agricultores?".

Rodrigo Díaz, Alcalde de Catemu

"Debe existir una reorganización de los derechos de agua y caducar los derechos a quienes actualmente no los explotan".

Jorge Jil Herrera, Alcalde de Olmué

"El mundo empresarial necesita ser obligado por un nuevo instrumento a tener un poco más de responsabilidad social en los territorios".

Ignacio Villalobos, Alcalde de Petorca