Incertidumbre ante "cheques en blanco"
Fallo de la Suprema sobre tomas en Viña del Mar o propuesta de "amnistía anticipada" contribuyen a clima de dudas y desconfianza. Carabineros afirma que ante casos de tomas denunciadas por propietarios, se requiere una orden judicial para actuar, es decir para frenar la ocupación cuando está en marcha o se ha concretado.
Tras la reciente declaración de la tercera sala de la Corte Suprema que intenta aclarar su fallo sobre una toma en Viña del Mar, Carlos Peña plantea una interrogante a los magistrados: "Si efectivamente quiso conferir protección a los afectados y si, como acaba de declarar, consideró ilegal la toma de su propiedad ¿por qué entonces no ordenó restablecer el derecho amagado?",
La pregunta es pertinente ante la ocupación ilegal de terrenos privados que generó el fallo del máximo tribunal y la posterior explicación, como resulta también pertinente ante una toma de 2019 en la cual una sentencia estableció que se debía buscar una "solución global" a la usurpación de un precio en el sector Limonares.
El fallo de entonces fue emitido tras un recurso de habitantes del sector afectados por la toma, inicialmente compuesta por 38 familias y que ahora alcanza a 100.
Carabineros por su parte, afirma que ante estas situaciones se requiere una orden judicial para actuar, es decir para frenar la ocupación cuando organizadamente está en marcha o cuando ya se ha concretado el ilícito.
El fallo inicial de la Tercera Sala de la Corte Suprema ha sido cuestionado, pues dejaría la puerta abierta a nuevas ocupaciones para las cuales propietarios y ocupantes junto a otras autoridades deberían buscan solución, dejando en entredicho el derecho de propiedad.
Explicando los alcances del polémico fallo los magistrados expresan que "se incluyó en la coordinación a los afectados para entregarles legitimación ante la Administración y garantizar sean informados y consultados de todas las gestiones necesarias para que se les restituyan sus terrenos y puedan exigir -ante las autoridades competentes- una solución a su problema. En ningún caso para que ellos solucionen el conflicto". Pese a este alcance posterior es válida la interrogante planteada por Peña.
Cuando aún no se disipa la incertidumbre generada por el fallo, aparece en la Convención Constitucional una propuesta de 16 de sus miembros que plantea una "amnistía adelantada". Así el beneficio sería ante hechos "que hubieran acaecido entre el 7 de octubre de 2019 hasta el día de ratificada la presente Constitución en el plebiscito de salida, en el contexto de protestas, manifestaciones o movilizaciones sociales o con ocasión de ellas". Se pide que está moción sea debatida en la Comisión de Sistemas de Justicia. Es posible que no llegue a concretarse y se trate solo de un gesto de populismo extremo.
Sin embargo, muchos pueden ver en estos casos -fallo aclarado o presentación de convencionales- "cheques en blanco" que dañan, en medio de las dudas e incertidumbres propias del cambio de Gobierno y del contenido mismo de la propuesta constitucional que a mediados de año deberá ser sometida a un plebiscito de salida.