Una compleja situación relacionada con el patrimonio porteño se registró esta semana tras la intervención de la fachada de un edificio en calle Condell con Bellavista, en Valparaíso, pintado con los colores institucionales de la farmacia Cruz Verde, perteneciente a la empresa Solventa.

Los colores llamaron la atención. El problema es que, tras realizar las consultas, el municipio local y el seremi de Vivienda y Urbanismo (Minvu), Felipe Vergara, confirmaron que el privado no contaba con los permisos para dichos trabajos, por lo que los antecedentes fueron derivados al Juzgado de Policía Local para fijar la multa respectiva.

La alcaldesa (s) de Valparaíso, Cecilia Ugalde, corroboró que "el municipio envió a fiscalizar la situación cursando las citaciones correspondientes" y reconoció que "tomamos contacto con la empresa propietaria, quienes se manifestaron a favor de subsanar dicha situación" de intervenir el edificio que está catalogado como Inmueble de Conservación Histórica (ICH).

La empresa reconoció que fueron notificados y afirmaron, a través de una declaración pública, que "lamentamos constatar que, por errores u omisiones operativos, y en el ánimo de recuperar parte de un edificio que se encontraba en mal estado desde fines del 2019, se ejecutaron obras de refacción de la fachada del inmueble sin tramitar todos los permisos correspondientes". Afirmaron que ya están trabajando con las autoridades para subsanar la situación e incluso están en gestión "de un plan para enmendar la fachada en el menor plazo posible".

Prohibiciones

El seremi Minvu, Felipe Vergara, explicó que el inmueble fue gravado como ICH en la modificación del Plan Regulador Comunal del 2005 y, por este motivo, en el lugar se aplica "el artículo 60° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC)" que prohibe demoliciones o refacciones sin contar con permiso de la autoridad.

Y como tampoco cuenta con el permiso municipal, dijo Vergara, "se puede considerar como una infracción a las normas de la OGUC (Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones) y la LGUC, por lo que queda sujeto a multa por parte de los inspectores municipales".

El presidente de la Comisión de Patrimonio, Daniel Morales, en tanto, precisó que "estamos viendo que en Valparaíso se está instalando una cultura de la ilegalidad permanente, donde claramente los equipos fiscalizadores son insuficientes y en muchos casos no tienen la posibilidad de fiscalizar situaciones de alta informalidad. En el caso del inmueble de Bellavista es decepcionante constatar que una empresa que cuenta con recursos (...) haya hecho una intervención sin el más mínimo permiso".

"El municipio envió a fiscalizar la situación enviando las citaciones correspondientes".

Cecilia Ugalde, Alcaldesa (s)

"Se puede considerar como una infracción a las normas de la OGUC y la LGUC, por lo que queda sujeto a multa".

Felipe Vergara, Seremi Minvu

Este lunes, en Viña del Mar, se iniciará el juicio oral en contra de los cuatro acusados por el crimen del empresario Alejandro Correa, registrado el 18 de mayo de 2020 en las afueras de su domicilio, en Bosques de Montemar. El fiscal a cargo de la causa, Stefan Kramar, llevará a juicio a los imputados por los delitos de homicidio calificado, homicidio frustrado, porte de arma y receptación.

Respecto al sicario colombiano Víctor Gutiérrez Londoño, autor material del homicidio calificado, se le considera haber cometido el delito por un pago en dinero y la premeditación, y se solicitó la pena de 20 años de presidio mayor en su grado máximo. La irreprochable conducta anterior del acusado impide solicitar la pena de presidio perpetuo respecto de este delito. Se le suma una pena de 10 años por el homicidio frustrado del amigo de Correa, quien estaba junto a él el día de los hechos. Finalmente, se requiere además la pena de 5 años por el delito de porte ilegal de arma de fuego y municiones; y por la receptación del arma, la pena de 3 años de presidio menor en su grado medio.

En relación al imputado como autor intelectual del crimen, Renato López Fuentes, se solicitó la pena de 20 años de presidio mayor en su grado máximo por el delito de homicidio calificado. Debido a que no mantiene condenas previas anotadas en sus registros, no se le puede solicitar la pena de presidio perpetuo por este delito.

Para Claudio Riveros, conductor del vehículo el día de los hechos, imputado como cómplice de homicidio simple, a su respecto se requiere la pena de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo. Además, se solicita la pena de 5 años por el delito de porte ilegal de arma de fuego y municiones, más 3 años respecto del delito de receptación del arma.

En su calidad de cómplice del homicidio calificado, a Melissa Palma -pareja del sicario- se requiere la pena de 15 años de presidio mayor en su grado máximo.

Tras el último informe emitido por la Dirección de Control de la Municipalidad de Valparaíso, se informó que, durante el último trimestre de 2021, el déficit financiero disminuyó en un 62,5% en comparación al cuarto trimestre del año anterior, alcanzando los $3.174 millones, cifra muy distante de los $19 mil millones de déficit con que se encontró la actual administración luego de la auditoría realizada por Contraloría en el primer semestre de 2017.

El municipio enfatizó que, pese a la crisis financiera vinculada al estallido social y pandemia, donde por razones evidentes existió una baja importante en el turismo y la economía local, se logró una disminución sostenida del déficit en base a una política de manejo responsable de las finanzas internas.

"Sabemos que falta mucho y en distintas dimensiones, pero si seguimos en esta dirección podremos destinar a proyectos comunitarios recursos que hoy financian el pago de deudas históricas", sostuvo el alcalde Jorge Sharp.

La reducción se explica, entre otros puntos, por el incremento en los ingresos en un 10%, esto gracias, en parte, a los pagos de patentes y permisos de circulación en la ciudad; segundo, el fin de contratos nocivos a sobre precio que se arrastraban desde el mandato anterior y, tercero, el incremento de participación en el Fondo Común Municipal en un 13%.

Un menor de solo 4 años falleció tras caer a la piscina de una vivienda en Olmué, hecho que causó conmoción en dicha comuna. Familiares trasladaron al niño hasta el Cesfam "Manuel Lucero" en un desesperado intento por reanimarlo, sin embargo habría ingresado sin signos vitales al centro de salud.

De acuerdo a la información policial sobre este caso, "se recibió un comunicado en la Tenencia Olmué para que Carabineros concurriera al Cesfam de la comuna, donde se mantenía un menor fallecido de 4 años, quien fue encontrado por un familiar al interior de la piscina del inmueble, siendo trasladado por su padre hasta el Cesfam, donde se constata su deceso", consignó el Diario El Observador.

El Fiscal de turno instruyó investigar las circunstancias en que ocurrió este hecho y la concurrencia del Servicio Médico Legal.