IDEAS & DEBATES Agricultura regional: con la sequía hasta el cuello
El grave déficit de lluvias -del 75%- que vive la región de Valparaíso, nos tiene con la sequía hasta más arriba del cuello y la amenaza de un racionamiento, en sus principales centros urbanos, está a la vuelta de la esquina. El cambio climático, y la mega sequía que afecta a gran parte de nuestro país, y muy particularmente a nuestra región, nos está alertando, sobre importancia del agua, al ir transformándolo en un recurso cada vez más escaso, que debemos asegurar y proteger de modo urgente.
El agua es vital para la subsistencia y desarrollo humano de nuestros habitantes, como también lo es para el desarrollo de nuestra economía regional, en especial de la agricultura en los valles interiores, y su menor disponibilidad impacta negativamente nuestras vidas en forma diaria. Aparte del fantasma del racionamiento, ¿qué más están haciendo nuestras autoridades, políticos y convencionales para enfrentar esta crisis? Hasta ahora ha faltado visión de Estado, espíritu de grandeza y sentido de urgencia, por una parte, y ha habido un exceso de ideología trasnochada y pachamamica, por el otro.
Hay quienes ilusamente estiman -erradamente- que la solución al problema de la escasez hídrica está en estatizar el agua por la vía de la confiscación o en terminar con los derechos de agua. Tal como lo han explicado destacados profesionales y expertos a través de diversos medios, la primera medida no es necesaria ya que las aguas son bienes nacionales de uso público, es decir, de todos los chilenos, y la segunda terminará con la estabilidad regulatoria que tenemos hoy.
Un buen ejemplo de lo anterior lo reflejan las recientes actuaciones de la Comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional, donde se aprobó la extinción de la propiedad del agua, poniendo termino al Código de Aguas -ignorando que fue recientemente modificado por el Congreso después de 10 años de tramitación- y los derechos de aprovechamiento vigentes. No hace falta ser experto para saber lo que ello generará: una drástica caída en las inversiones agrícolas y el desamparo e indefensión en que quedarán miles de pequeños y medianos agricultores de nuestro país y región (donde hay más de 85.000 hectáreas de riego y más de 17.000 productores, de los cuales un 80% son pequeños agricultores), a quienes el Estado le confiscará sus derechos de agua, sin indemnización alguna, e iniciará un proceso de distribución de aguas en forma política y arbitraria, para los parientes y amigos y para pagar favores políticos. Del mismo modo, la Convención excluyó a la agricultura como sector prioritario en el uso del agua.
Aún cuando todo sistema de gestión, incluyendo el del agua, puede ser perfeccionado para, entre otras cosas, priorizar el consumo humano y la fiscalización, lo cierto es que la discusión de las políticas públicas y de la Convención parece haberse focalizado en el marco regulatorio y no en medidas tendientes a asegurar su disponibilidad o un uso eficiente del mismo. No habiendo agua, ni el mejor sistema jurídico es capaz de garantizar su consumo a la población ni a actividades agrícolas.
Por ello, más que un problema de diseño institucional, estamos frente a un problema de disponibilidad del recurso. ¿Se imaginan como le habría cambiado la cara al país si una parte de los US$50.000 millones de los retiros de fondos previsionales su hubieran destinado a invertir en infraestructura hídrica? Podríamos haber convertido al país en un vergel, pero la miopía y mezquindad de la clase política ha podido más. Mientras tanto, la agricultura regional deberá seguir gestionando una severa e histórica sequía, hasta morir por deshidratación a causa de la inacción de las autoridades.