El economista de la Universidad de Chile Óscar Landerretche publicó "Siete nudos" (Paidós), un ensayo en el que describe las tensiones económicas del proceso constituyente frente a dilemas como el equilibrio de la propiedad privada y el interés público. Acá un adelanto del texto que ya está en librerías.

El problema del boticario

El problema es que el poder siempre contiene el peligro del abuso; y, sin embargo, necesitamos el poder. Así de simple y así de complejo.

El Estado siempre tiene el potencial de explotar su monopolio sobre la base de herramientas coercitivas, de excederse en el ejercicio de atribuciones y entrometerse en la autonomía de individuos, familias y comunidades. Siempre existe la posibilidad de que ese monopolio sea usado en forma oportunista o impropia; y, sin embargo, necesitamos que el Estado tenga ese monopolio. Esa tensión es uno de los más antiguos nudos constitucionales. Es el problema original que da el puntapié a casi todas las doctrinas constitucionales de la historia: desde la democracia ateniense hasta la República romana, desde el parlamentarismo inglés hasta la constitución estadounidense. ¿Cómo hacemos para establecer un Estado, con herramientas y facultades, pero evitamos que se convierta en fuente de abuso y explotación, de autoritarismo y esclavitud? No es un problema simple, tampoco es evitable.

La civilización moderna requiere del Estado porque es un tejido intrincado de sistemas sociales, económicos y culturales. Consideremos las dos emergencias globales contemporáneas: la pandemia y el clima. No hay ninguna forma en que estas puedan ser superadas por individuos o comunidades locales. Se necesita la acción del Estado, incluso de muchos Estados. Ahora bien, esa acción del Estado, inevitablemente se expresa en una intervención coercitiva sobre la autonomía individual, familiar o comunitaria: vacunas y mascarillas, impuestos y regulaciones, aforos y cuarentenas.

Esa coerción es inevitable; el problema es que puede ser abusada. A veces, el abuso proviene del oportunismo de autoridades que buscan beneficiarse o perpetuarse en el poder; otras veces, proviene de enfermizas exageraciones doctrinarias.

El poder comparte los atributos de la farmacéutica: es veneno y necesidad. La solución constitucional para ello también se emparenta con la del boticario: prescribir dosis con cuidado; si muy poca, no habrá efectividad en la acción pública; si demasiada, se corre un riesgo mortal.

Mutaciones subsidiarias

Las soluciones para establecer un Estado, con poder y atribuciones, pero también límites, son tan variadas como los países y épocas.

La separación de poderes es una de estas soluciones. Este ancestral principio constitucional se expresa no solamente en la separación entre Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sino en una intrincada subdivisión de esos poderes. En sociedades modernas vemos una plétora de instituciones independientes, celosas de sus atribuciones, sospechosas de intromisiones, pero entusiastas en la vigilancia de otras. Las vemos siempre sacando chispas: fiscalías y superintendencias, contralorías y bancos centrales, tribunales y defensorías. Otra solución es la famosa doctrina del Estado subsidiario. La subsidiariedad es el principio bajo el cual una autoridad central o estatal debe intervenir lo mínimo posible, realizando solo aquellas tareas que no pueden abordarse a un nivel más local o descentralizado.

El origen de esta doctrina se remonta a la época de las revoluciones liberales de los siglos XVIII y XIX. En esos tiempos, el Estado estaba controlado por aristocracias, y la percepción de las clases burguesas era que se abusaba de ese poder en defensa de privilegios o persiguiendo ambiciones. En esas épocas, las clases burguesas (hoy diríamos empresariales) y los artesanos (hoy trabajadores calificados) se sentían vulnerables frente al poder hegemónico del Estado aristocrático. No es de extrañar que frecuentemente aparecieran como aliados burgueses, artesanos y proletarios; esto es, trabajadores y empresarios, decididos a contener al Estado, restringiéndolo a un ámbito de acción subsidiario.

Hacia fines del siglo XIX, sin embargo, el concepto cambia y se convierte en un pilar del pensamiento socialcristiano a raíz de la influyente encíclica Rerum Novarum (1891) del papa León XIII. La Iglesia católica, en esos tiempos, buscaba soluciones doctrinarias a los conflictos de la modernidad capitalista que generaban un rol cada vez más disruptivo del mercado y, como contrapartida, cada vez más intrusivo del Estado. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, esta doctrina se constituyó en un eje del pensamiento democratacristiano europeo. En este caso, el Estado que se buscaba limitar no era aristocrático, sino totalitario, comunista, nazista o fascista. Para los socialcristianos de posguerra, la entidad a proteger no era solo el individuo sino la comunidad, sus costumbres y cultura, amenazadas por la modernidad.

Entendida así, una aplicación de la subsidiariedad podría ser la gestión local, la descentralización territorial, la autonomía de comunidades con identidad originaria, o, incluso, formas de democracia directa. Sin embargo, claramente no es esa la connotación que tiene actualmente en nuestro país.

Hacia fines del siglo XX, en el marco de las revoluciones neoliberales, el concepto volvió a mutar. Para los neoliberales, el adversario no era solamente el estatismo fetichista del comunismo, sino más bien el Estado de bienestar socialdemócrata con sus garantías sociales y regulaciones económicas. Para ellos, esas intervenciones sistemáticas y comprensivas del Estado de bienestar se inmiscuían en espacios que les eran propios a los individuos. Por tanto, eran peligrosas, ya que contenían un embrión autoritario.

El término "Estado subsidiario" ha adquirido una connotación política de altísimo calibre en Chile. Esto se debe a que fue usado como concepto ordenador del proyecto político de la dictadura.

Bajo esa interpretación radical, el Estado solo puede intervenir si es que hay un ámbito crucial que ha sido abandonado por los privados. No es razón suficiente que los privados no estén aprovechando oportunidades estratégicas o no estén logrando resolver externalidades y mitigar impactos. Basta con que estén presentes para que la acción del Estado sea vetada o severamente restringida y condicionada.

Esto tiene consecuencias económicas y políticas muy serias. Una, es la limitación de la acción estratégica del Estado para direccionar el proceso de desarrollo. Otra, es la concentración del poder en el ámbito de la empresa privada y la deflación del poder político y su potencial democrático. En definitiva, la doctrina, aplicada en su interpretación más extrema, termina con tribuyendo a la concentración de capital.

El Samurái DE LOS LIBROS

Título: "Siete nudos".

Autor: Óscar Landerretche.

Editorial: Paidos.

Extensión: 120 páginas.

Precio: $ 9.900.