Mayoría de los convencionales locales no apoya solicitar una extensión de plazo al Congreso
CONSTITUCIÓN. María José Oyarzún (FA) confía en que habrá más acuerdo y eficiencia. Cristóbal Andrade (LDP) es el único que pide más tiempo, pero con menos salario.
El pasado miércoles, el vicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Domínguez, se refirió a la posibilidad de que la Convención necesite ampliar sus plazos y, así, concluir sin presiones la redacción de un nuevo texto constitucional. Si bien recordó que, como convencionales, tienen un mandato que finaliza el 4 de julio y que su trabajo está orientado a terminar en ese plazo, hizo un llamado a que los "colegisladores, a través del Congreso, y también del Ejecutivo evalúen, eventualmente, si a ellos les parece razonable considerar una modificación a través de una reforma reglamentaria".
Pese a que insistió en que una posibilidad así no debería darse sino hasta fines de marzo, fecha en que estará listo el primer informe de cada una de las comisiones, el debate por la extensión de plazos nuevamente se abrió, generando una serie de dudas, a la espera de que el Congreso entre en la discusión por otorgar tres meses más, o seis, o bien un año.
La mirada crítica del analista político Mauricio Morales, de la Universidad de Talca, entiende que una solicitud por ampliar el plazo profundizaría la desconfianza que existe hacia la Convención. A su juicio, pasa que cualquier trabajador en Chile está sometido al estrés que implica cumplir con los plazos laborales, por lo que "si se hace una excepción con la Convención, ésta podría ser percibida como un órgano con privilegios".
Morales, además, piensa que nada garantiza que, con un plazo adicional, "el texto mejore de manera sustantiva en comparación con el borrador que se está construyendo". "Si la Convención tiene un problema, éste no responde al plazo asignado constitucionalmente, sino a los contenidos", recalcó.
Que el congreso ayude
La negativa del convencional de Renovación Nacional (RN) por el Distrito 7, Raúl Celis, ante la posibilidad de ampliar el plazo, fue contundente: "Se nos convocó para redactar una Constitución en un plazo máximo de un año, por lo que no hay posibilidad de que el Congreso pueda extender ese límite".
Es por eso que plantea la posibilidad de que si la Convención no termina antes del plazo, se convoque a un plebiscito con todo lo que hasta ese momento se haya aprobado en el pleno, con el quorum de los dos tercios. "Lo que falte por redactar será tarea del Congreso que, bajo el mandato del presidente, deberá terminar el trabajo que los convencionales no pudieron concretar", propuso.
Opinan squella y cozzi
Ruggero Cozzi, también convencional RN, dice no estar de acuerdo con pedir más plazo, primero, porque un año es suficiente si se mira la experiencia comparada y porque esta incertidumbre no le hace bien a nuestra economía.
"Además, se estaría reconociendo que el tiempo fue mal administrado y, sin embargo, nadie asume responsabilidades políticas", añadió.
Ante lo que considera "sería un fracaso gravísimo", Cozzi cree que es el Presidente Boric quien debe solicitar mayor plazo al Congreso. De lo contrario, le parece "una discusión poco seria".
Para Agustín Squella, convencional del Colectivo del Apruebo, se perdió demasiado tiempo en aprobar cinco reglamentos "y no fuimos capaces de poner atajo a eso", lamentó.
"Ahora, que estamos en aprietos de tiempo como poder constituyente, ¿vamos a esperar que el Congreso Nacional, con el que hemos sido muy despectivos, nos conceda ese tiempo?", se preguntó.
Más diálogo y eficiencia
Pese a lo ajustado del cronograma, la convicción de la convencional frenteamplista María José Oyarzún, es que sí se pueden dar los acuerdos necesarios, con la suficiente eficiencia, para alcanzar a cumplir el plazo. Su proyección es que los convencionales no solo deben ser realistas, sino responsables.
"Cuando falten unos meses para terminar y aún exista discusión, no por cumplir con plazos vamos a dejar de cumplir nuestro deber con el pueblo de Chile", sostuvo.
Por su parte, el convencional de La Lista del Pueblo por el Distrito 6, Cristóbal Andrade, calificó el ritmo de trabajo del último tiempo como "matador", tanto así "que obliga a dejar de lado a la familia por estar hasta tan tarde sesionando en el hemiciclo".
"Es insalubre la presión con la que estamos trabajando y por eso creo que hay que extender el tiempo, eso sí, no más allá de dos meses y con una reducción de salario", sostuvo.
"Es insalubre la presión con la que estamos trabajando, por eso creo que hay que extender el tiempo, eso sí, no más allá de dos meses y con una reducción de salario".
Cristóbal Andrade, Convencional LDP
"Ahora que estamos en aprietos de tiempo como poder constituyente, ¿vamos a esperar a que el Congreso nos conceda tiempo?".
Agustín Squella, Convencional
4 de julio se cumple el plazo máximo de doce meses de la Convención Constitucional.