Con el cambio de Gobierno llueven los pedidos. Es parte de la rutina de la llegada de un nuevo inquilino a La Moneda, especialmente si se considera que, hasta ahora, en nuestra normativa constitucional la figura del Presidente tiene un carácter dominante, con amplísimos poderes que debe administrar, se supone, con sabiduría.

El problema está en que se deben establecer prioridades, prioridades, las malditas prioridades para quienes estiman que hay que hacer todo rápidamente para satisfacer tanta demanda pendiente. Claro está que quien mucho abarca poco aprieta, dice el viejo dicho, y no se puede despreciar la sabiduría popular.

Pero en esto de la prioridades se debe entender que hay que saber delegar y saber en quien se delega con el objeto que el delegado sepa, con sus facultades, fijar un orden para hacer las tareas pendientes, en la medida de lo posible, otra expresión que no se puede dejar de lado.

Y ahí, entrando a lo local, llegamos a lo que son las prioridades de Valparaíso, que, pese a su honrosa patente patrimonial, arrastra muchos problemas que deben ser resueltos y, a la vez, está al debe en una proyección futura. En esa dirección, concejales entrevistados por este Diario establecen sus demandas. Para Vladimir Valenzuela, Territorios en Red (TER), una necesidad urgente es un nuevo hospital, en tanto que su camarada Gilda Llorente sostiene que "necesitamos avanzar y recuperar esta ciudad para todos los ciudadanos y ciudadanas".

Marianela Antonucci, concejal RN, insiste en la reactivación económica y en la seguridad, materia esencial en una ciudad víctima de una pandemia delictual. Por su parte, Camila Nieto (CS) destaca la importancia de la participación y de un "gobierno feminista y verde". Bueno, es lo que se lleva. Insiste, además, en la necesidad de crear fuentes de trabajo, pensando en la reactivación especialmente en el turismo. Optimista, en tanto, Carla Sánchez pide sacar partido a la condición patrimonial y si bien "estamos en decadencia, tenemos todas las herramientas para salir adelante". El concejal Daniel Morales, mirando al mar, postula "un correcto plan de expansión portuaria, donde recuperemos nuestra costanera".

Muchas ideas, buenas todas, pero es necesario articularlas en un plan fijando, nuevamente, prioridades para un trabajo de rescate de la ciudad que se puede ver favorecido por la cercanía de concejales y del propio jefe comunal con La Moneda. Y esta articulación debe ir en sintonía con las urgencias regionales, que son comunes.

Ahí están materias como seguridad, salud, vivienda y conectividad, por ejemplo, sobre las cuales se pueden realizar demandas conjuntas a partir de propuestas concretas y factibles, considerando, como se dijo, que al momento del cambio las peticiones llueven y, fatalmente, desde arriba se establecen prioridades mirando la exigida billetera fiscal.

La opinión pública posee amplias expectativas sobre la gestión del nuevo del Presidente Gabriel Boric, en base a sus promesas de campaña. Sin embargo, no se debe olvidar que una idea o una promesa, por muy espectacular que parezca, requiere financiamiento.

En ese sentido, se hace vital para el nuevo gobierno promover una nueva reforma tributaria, situación que ya fue prevista y anunciada durante la campaña. En ese contexto, el objetivo de esta columna es revisar las propuestas tributarias del nuevo gobierno con respecto a las últimas reformas llevadas a cabo.

En primer lugar, se debe recordar que en los últimos años se han realizado dos profundas reformas tributarias, una de ellas el 2014, de la mano de la Presidenta Bachelet, y la última, vigente a contar del 2021 promovida por el Presidente Piñera. En el caso de Bachelet, lo más relevante fue la eliminación del FUT y la incorporación del concepto de renta atribuida. En el caso de Piñera, se volvió parcialmente a la integración y se creó un régimen general y otro para pyme.

Sobre la base de esto, el Presidente Boric ha planteado una desintegración total del sistema, vale decir, separar la tributación de la empresa de la de sus socios, bajo la premisa que, con esto, se eliminan posibilidades de evasión. Por otro lado, espera subir los impuestos a las personas naturales en los tramos más altos. No obstante, se indica que se pretende mantener regímenes diferenciados para pymes.

Respecto del impuesto de primera categoría, se indica que no habrá aumentos de tasas, ni tampoco se modificara el régimen para inversionistas extranjeros ni se revisarán los convenios para evitar la doble tributación internacional. Adicionalmente, se indica que se establecerán mecanismos para que en el sistema desintegrado la carga tributaria máxima sobre utilidades distribuidas, esto es, considerando impuestos corporativos y personales conjuntamente, se ubique en torno a la mediana de la OCDE, vale decir, un 33%, aproximadamente.

Por otro lado, se pretende modificar exenciones tales como a las propiedades DFL2, Renta Presunta, Ganancias de Capital, entre otras, a pesar que gran parte de ellas ya fueron modificadas a propósito del financiamiento de la Pensión Garantizada Universal recientemente aprobada.

Para finalizar, se debe tener presente que esta reforma tributaria es clave para el nuevo gobierno y, probablemente, la disyuntiva sea simplificar o no simplificar el actual sistema, buscando equilibrar las propuestas y fuentes de financiamiento, sin olvidar que cualquier modificación en los impuestos siempre tendrá una repercusión en la economía. Ahora bien, como opinión pública, estamos llamados a seguir el proyecto que se enviará, esperando que haya un correcto equilibrio entre el componente técnico de la reforma y el aspecto político de la misma.