Sin duda una de las normas más importantes fue el artículo 1, el cual consagra a Chile como "un Estado Regional, plurinacional e intercultural conformado por entidades territoriales autónomas, en un marco de equidad y solidaridad entre todas ellas, preservando la unidad e integridad del Estado. El Estado promoverá la cooperación, la integración armónica y el desarrollo adecuado y justo entre las diversas entidades territoriales"; recibiendo 112 votos a favor, 34 en contra y 2 abstenciones.

Entre las características de este nuevo modelo, destaca que regiones, comunas y autonomías territoriales indígenas "están dotadas de autonomía política, administrativa y financiera para la realización de sus fines e intereses en los términos establecidos por la presente Constitución y la ley"; y sobre el principio de "solidaridad, cooperación, reciprocidad y apoyo mutuo", se apunta que dos o más entidades territoriales puedan buscar "convenios y constituir asociaciones territoriales con la finalidad de lograr objetivos comunes, promover la cohesión social, mejorar la prestación de los servicios públicos, incrementar la eficiencia y eficacia en el ejercicio de sus competencias y potenciar el desarrollo social, cultural, económico sostenible y equilibrado".

Además de estas indicaciones, el viernes de la semana pasada volvieron al pleno las normas que fueron rechazadas en un primer momento, siendo una de las que más expectativas generaba la de Asambleas Legislativas Regionales, órgano fundamental para la nueva concepción de Estado y cuya negativa provocó distancia en la izquierda. Finalmente, la creación y objetivos de esta entidad fueron validados por 132 votos a favor, aunque no tendrá el carácter legislativo inicial, el cual quedaría en manos del Consejo o Cámara Territorial, pronto a discutirse.

Revés en las votaciones

Pese al amplio apoyo que tuvieron los primeros informes, lo que vendría después no sería precisamente auspicioso. Entre el 24 y 25 de febrero fue sometido a deliberación el texto de la Comisión de Conocimientos, Culturas, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonios, ocasión en que se aprobaron en general 13 de los 30 artículos y en la deliberación en particular, nueve normas recibieron el visto bueno, siete de ellas de forma íntegra.

Entre los puntos aprobados, resalta el derecho a la rectificación, que dice que "toda persona ofendida o injustamente aludida por un medio de comunicación e información tiene derecho a que su aclaración o rectificación sea difundida gratuitamente por el mismo medio en que hubiese sido emitida"; otra indicación que garantiza el derecho al acceso universal a la conectividad digital, tecnologías de la información y comunicación; y el derecho a la repatriación de objetos de cultura y restos humanos pertenecientes a los pueblos y naciones preexistentes.

Siguiendo la tónica más tendiente al rechazo, la semana pasada fue el turno del informe de la mesa de Medio Ambiente y Modelo Económico, que presentó un total de 40 artículos, los cuales hacían relación a temas como la responsabilidad del Estado en el combate a la crisis climática mundial; garantizar y promover los derechos de la naturaleza; una norma sobre la "sintiencia" de los animales y la obligatoriedad del aparato estatal de protegerlos.

Pero para mala fortuna de los coordinadores de la instancia, el pleno terminó rechazando 39 de los artículos presentados, varios de los cuales recibieron tan escaso apoyo que ni siquiera volvieron a la Comisión. Lo único que obtuvo respaldo fue el segundo inciso del primer artículo, que indica que "El Estado promoverá el diálogo, cooperación y solidaridad internacional para adaptarse, mitigar y afrontar la crisis climática y ecológica y proteger la Naturaleza", con 106 votos a favor, 27 en contra y 18 abstenciones. Asimismo, se agregó el epígrafe de "Crisis Climática", como título del punto aprobado.

Otro revés fue el que vivió este jueves la Comisión de Derechos Fundamentales, que vio cómo 36 de los 50 artículos que presentó fueron devueltos a la mesa tras el debate en general. De todas formas, cabe destacar que el derecho a la integridad física fue el primero en todo este proceso en aprobarse por unanimidad.

"lección" para todas las comisiones

Estas últimas votaciones, sin duda, han suscitado críticas en la Convención, debido a las horas de trabajo "perdidas" tras el amplio rechazo que han tenido los informes. "¡Dos meses de trabajo perdidos! Igual que con Medioambiente. ¿Y piden más plazo? Quienes tienen los votos en esta Convención, trabajan para que no resulte", apuntó en sus redes sociales Hernán Larraín Matte (Evópoli) tras la votación del jueves, pero que apunta también al mal desempeño del articulado de Medio Ambiente y que recibió un bajísimo respaldo.

Sobre este punto, el cientista político y docente de la Universidad de Talca (UTalca), Mario Herrera, sostiene que el rechazo de dichos artículos "representa una derrota para el sector de los eco-convencionales". En la misma línea, puntualiza que pese a obtener una mayoría en la comisión "esto no garantizó en absoluto que se aprobara en el pleno" y considera que "es una lección, además, para el resto de las comisiones. No basta con los votos de grupos específicos para aprobar artículos en el pleno, sino que más bien una correcta negociación política y sentido de oportunidad sobre su posible aprobación en el pleno".

"Existe cierto componente simbólico en la presentación de artículos en el pleno, pero el bien mayor es la redacción de la Constitución en los tiempos previstos. Ahora tienen la oportunidad de volver a presentar alguno de estos artículos y probablemente fundan parte del contenido de los rechazados con los que también fueron rechazados pero que pueden volver a la Comisión. En cualquier caso, los nuevos artículos deberán recoger las opiniones presentadas en el pleno", complementa el académico del Centro de Análisis Político de la casa de estudios maulina.

Por su parte, Fernando Wilson, académico de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez, asevera que el rechazo de las normas, así como la insistencia de la misma comisión en "proponer visiones radicales" como la nacionalización de la minería, "refleja el problema central de la Convención, en que muchos miembros operan desde una plataforma de activismo y que no comprende a cabalidad que la Constitución debe ser un texto de orden genérico, que ilumine los procesos legales o legislativos".

En ese sentido, el también doctor en Historia hace énfasis en que los integrante de la mesa instalan propuestas que "que obedecen a la legislación y que son muchas veces de carácter puntual y local, antes que realmente planteamientos gruesos que debieran iluminar una estructura de estas características. Una primera señal de eso son los múltiples adjetivos que acompañan prácticamente todas las propuestas de artículos, generando de esa manera una contradicción y una tensión importante"; y además descarta que el resultado de la votación haya sido una muestra de moderación, sino más bien da cuenta de una Convención "extraordinariamente fragmentada, que no tiene grandes de opinión".

Desafíos para la armonización

Por otra parte, Wilson plantea sus inquietudes a la labor que ejecutará la Comisión de Armonización, que estará encargada de ensamblar de la mejor manera los textos aprobados a lo largo de las próximas semanas. Por lo mismo, estima que el desafío que tendrá esta instancia "será muy elevado, tanto porque sus propios reglamentos son restrictivos en relación a su capacidad de intervenir el fondo de los artículos y el hecho de que muchos textos presentan contradicciones importantes.

"Otro problema que se vislumbra es que una serie de temas que se estarían proponiendo como parte del texto constitucional, no corresponden propiamente al nivel constitucional. Mientras que en otros casos, los artículos delegan a la legislación temas, aspectos o principios que sí deberían estar incluidos en la Constitución, generándose una contradicción importante que de cierta manera, escapa a la propia Comisión de Armonización, quedando la responsabilidad en el pleno, con todo lo que ello implica", agrega.

Mario Herrera, en tanto, coincide en las escasas atribuciones de la Comisión de Armonización, explicando que "su mandato es a revisar potenciales errores de escritura y de coherencia en el texto, más no a modificar artículos que eventualmente queden contradictorios Lo anterior sumado a que los integrantes de dicha comisión tendrán un fuerte perfil político". 2

Aún queda un largo camino para la Convención, que todavía tiene que revisar los informes faltantes y también aquellos que deben ser enmendados por sus respectivas comisiones. El futuro del Tribunal Constitucional, el posible fin del Senado y su reemplazo, nacionalización de empresas mineras, entre otros temas, aparecen en el horizonte del órgano para sus próximas jornadas de trabajo, polarizando algunas discusiones. Además, tendrá lugar un debate que promete caldear los ánimos en el órgano, a propósito de la aprobación en la Comisión de Sistemas de Justicia de la iniciativa de norma popular "Cárcel para Piñera", que si bien no busca castigar penalmente al ahora expresidente, sino que estipula la necesidad de "justicia y no repetición, de que nunca más un presidente abuse de su poder y le declare la guerra a su propio pueblo".

Es por esto que Mario Herrera subraya que será clave "para alcanzar en el tiempo que los convencionales de las comisiones establezcan mecanismos de negociación previo al debate en el pleno para acelerar la aprobación de artículos. De lo contrario, los tiempos previstos no serán suficientes. Si bien en un inicio se pensó que con el porcentaje de representación de la derecha sería más fácil la aprobación de los artículos, hemos observado diferencias entre los convencionales del Frente Amplio, el Colectivo Socialista y las listas de independientes".

Por su parte, Fernando Wilson estima que en las semanas venideras "vamos a ver una mecánica relativamente similar a la que hemos visto hasta ahora, donde algunas comisiones donde hay posturas de orden radical -sobre todo la de Medio Ambiente-, van a insistir en algunas aproximaciones, en el entendido que será una puntualización o insistencia en esquemas valóricos que para ellos son relevantes y para los cuales no resulta particularmente crítico que sus ideas no queden representadas en la Constitución: lo que les interesa es participar en la coyuntura".

"El problema es de constituyentes que no entienden su rol y que actúan desde la trinchera o plataforma del activismo", agrega el académico de la UAI. 2