Katherine Escalona M.

"El homicidio calificado de Alejandro Correa tiene una historia que podría retrotraerse hasta el 2016", esbozó ayer el fiscal Stefan Kramar, quien expuso por casi dos horas en los alegatos de clausura del juicio oral -que ha durado un mes- en el caso de asesinato por encargo (sicariato) contra el empresario de 60 años, arquitecto de profesión, quien fue acribillado a la entrada de su vivienda, en Bosques de Montemar, Concón, en mayo de 2020.

Tras la exposición, el persecutor, al igual que los querellantes, dieron a conocer detalles clave de cómo se gestó el crimen, los argumentos dados por los acusados, la declaración de testigos en el juicio, pruebas, interceptación de llamadas telefónicas, participación de terceros, ayuda entre los acusados y confirmaron el móvil de usurpación de terreno de Alejandro Correa, causa que tiene una arista civil pendiente en Quilpué.

Los antecedentes fueron claramente expuestos. Kramar, al igual que los querellantes, buscan las penas de cárcel efectiva para los cuatro acusados en el crimen: Renato López, que habría pagado para matar a Correa; Víctor Gutiérrez, conocido como el "Parce", ciudadano colombiano que disparó a la víctima; Melissa Palma, pareja de Gutiérrez que habría sabido del asesinato; y Claudio Riveros, conductor que hizo el recorrido dos veces a la casa de Correa a sabiendas de lo que se planeaba.

Los cuatro acusados, argumentó el fiscal, tenían antecedentes previos y conocen cómo se maneja el sistema. Incluso habrían tenido comunicación una vez estando recluidos, lo que fue verificado por allanamientos. López tenía contacto con Gutiérrez y lo protegía; y Palma se comunicaba con Gutiérrez, con quien aún tendría una relación amorosa.

Es más, el defensor público de Riveros, Cristián Sandoval, argumentó que su defendido es el único de los cuatro acusados que dijo estar arrepentido y tener temor. Pidió cambio de penal y está en Los Andes. Mientras, los otros tres acusados fueron representados en el juicio por abogados privados.

Los alegatos de clausura duraron ocho horas. En casi dos horas, el fiscal Kramar desacreditó la tesis de las defensas y detalló que los hechos no están por separado, sino que existe "un engranaje", "porque, efectivamente, se eliminó de la ecuación a una persona que resultaba un obstáculo, precisamente, para ciertos intereses de una persona determinada".

Conflicto del 2016

Además, por parte de la Fiscalía quedó establecido que el conflicto entre López y Correa se suscita en el año 2016, "cuando quedó acreditado que Renato López, la empresa que representa, llegó al lugar de los terrenos colindantes con Alejandro Correa", dijo el fiscal. Ese hecho habría desencadenado desencuentros que no se pudieron resolver y el 2019 la causa fue formalizada en el Juzgado Civil de Quilpué.

Pero esto no es todo. Después de formalizada la causa llegaron al terreno de Correa terceras personas y aparece la figura de Luis Alarcón -también formalizado por usurpación-, quien tenía relación estrecha con López. En conversaciones se logró establecer que López denostaba a Correa y lo acusaba de usurpación.

"Renato López, al declarar en juicio, reconoció al señalar que los terrenos colindantes a los suyos -Rellenos Controlados (...)- no eran de Alejandro Correa, sino que eran de su propiedad, una afirmación desmentida en documentos precisamente ingresada en la causa civil", aclaró Kramar.

Sin embargo, la causa avanzó y en 2020 el juzgado tomó la determinación de presentar a testigos. Ahí López habría tomado la determinación de eliminar a Correa. Según el fiscal, el acusado habría dicho que "a esta persona (Correa) hay que sacarla del camino", algo que alertó a la víctima, quien presentó una denuncia por usurpación días antes de morir.

Gutiérrez, en tanto, transitaba por la Villa Olímpica, en Quilpué, sector cercano al terreno del conflicto y era conocido por el manejo de armas. Un "Toño" hizo el contacto entre López y Gutiérrez. En abril de 2020, López retiró $10 millones de su cuenta y, en conversaciones posteriores de Gutiérrez con Riveros, queda establecido que el colombiano dijo que "ese huevón costaba más de lo que yo cobré".

Gutiérrez contactó a Riveros para hacer unos viajes "especiales" de reconocimiento de terreno. López ya había enviado la dirección al sicario y todo ello lo sabía Palma. "Melissa Palma no estuvo en el colectivo de Claudio Riveros el 18 de mayo, pero sí el 18 de mayo estuvo acompañando a Víctor Gutiérrez en su encargo", afirmó el fiscal. Riveros, según su propia declaración, recibió un pago de 1 millón en billetes de $20 mil y Palma figura en su celular con una foto con un abanico en billetes de $20 mil.

Una vez en prisión -sostuvo la Fiscalía- continúa la relación entre Palma, Gutiérrez y López, incluso este último ayudó a Gutiérrez para que lo cambiaran de celda, pagó a un brujo $80 mil y ejerció supuestas influencias para "chantajear" a jueces y hasta el fiscal con la intención de ayudar al sicario. Pero en su declaración en juicio oral, López dijo que había ayudado a Gutiérrez porque éste era amigo de un amigo suyo.

"La explicación que dio Renato López fue que 'cómo no voy a ayudar a esa persona si mi amigo Juan Saavedra, que está condenado por homicidio, me lo pidió'", precisó el fiscal, quien reconoció que no hay certeza de que el tal Juan exista.

Defensa de López

El abogado de López, Héctor Petit, alegó falta de imparcialidad en la investigación. Descartó punto por punto lo presentado en el juicio y explicó que los audios están tomados bajo un supuesto. Su defendido, aclaró, solo estaba ayudando a la gente de la toma.

Recalcó que existe "una insistencia por tratar de atribuir como hecho cierto cosas que carecían de todo fundamento, ejemplo, atribuir como hecho cierto un supuesto pago a Víctor Gutiérrez careciendo de fundamento a quien lo acredite o establezca, incluso la georreferenciación. No se pudo establecer ninguna ubicación cercana de un acusado con otro, ni menos la existencia de un pago".

Argumentó que "no existe ninguna prueba en el juicio oral que establezca que mi representado decidiera dar muerte a Alejandro Correa y menos que existiera una motivación de dar muerte basado en un juicio civil", dando a conocer que la franja entre ambos terrenos no perjudicaba a la empresa de López.

Asimismo, el defensor dijo que la empresa Rellenos Controlados contaba con permisos y que la firma de su representado era un obstáculo para la inversión de un mall que pretendía hacer la víctima "y no al revés". Agregó que su defendido prestó declaración, que Correa habría ofrecido pago para salir del terreno y que no se tomó en consideración la situación de las personas en toma. Pidió que López sea absuelto en tenor de la prueba vertida.

El abogado de Palma solicitó también su absolución y el de Gutiérrez cuestionó la indagación. Riveros reconoció hechos y apeló a la colaboración sustancial para eventual rebaja de pena.

"Efectivamente, se eliminó de la ecuación a una persona que resultaba un obstáculo".

Stefan Kramar, Fiscal del caso

"No existe ninguna prueba en el juicio oral que establezca que mi representado decidiera dar muerte a Alejandro Correa".

Héctor Petit, Abogado de Renato López

En audiencia, el abogado de la familia, Juan Pablo Hermosilla, apeló a la crueldad con que ocurrieron los hechos. Solicitó las máximas penas y dio a conocer que sí hubo relación entre los acusados y, por lo mismo, el sicario no prestó declaración en el juicio, pero sí López, quien habría desvirtuado la información.

Recalcó que López "sabiendo quién es, que lo puede incriminar, decide tomar el riesgo porque sabe que si no ayuda a Víctor Gutiérrez, este puede hacer lo contrario que hizo ahora, mantuvo silencio, pero podría haber abierto la boca. Si siente que no lo apoyan, puede decir 'este sujeto me contrató'".

Respecto a la declaración de López, sostuvo que "esto es una invención y es una especie de reconocimiento de su participación" que despierta dudas y afirmó que López tiene en su poder diversas armas que lo describen como "una persona de violencia extrema".

Además, confirmó que Correa no quería vender su predio y "quería construir un mall en el terreno", por lo que López solicitó la paralización de la obra e incluso se escucharon conversaciones entre abogados que daban cuenta que Correa había ido a Contraloría y la municipalidad por la situación.

La hija de la víctima, Valentina Correa, afirmó ayer que "estamos aliviados y en parte también satisfechos en llegar a este punto, que es un punto ya de cierre de una etapa penal que ha sido bastante larga. No deja de sorprendernos, de horrorizarnos, todo lo que hemos podido escuchar a través de los alegatos".

Agregó que "acá estamos frente a lo más perverso de la humanidad, alguien quiso darle muerte a una persona y contrató a otro para que hiciera ese encargo. Ambos se podrían haber arrepentido, pero no, hicieron lo contrario, involucraron a más personas. Acá hay un crimen horrendo que habla de que en nuestro país el crimen está siendo organizado y que el sicariato es posible".