Surge preocupación por lenguaje en artículos de la futura Constitución
SOLICITUD. A solicitud del convencional del D6 Claudio Gómez, la mesa directiva autorizó contratar a lingüista.
La mesa directiva de la Convención Constitucional (CC) autorizó la contratación de la experta en lingüística de la PUCV Claudia Poblete, para apoyar el trabajo de la Secretaría Técnica en la redacción de textos normativos, tras la solicitud que hiciera el convencional Claudio Gómez (PS), del Distrito 6, de evaluar la contratación de personal experto en el idioma castellano, a fin de que puedan evacuar informes preliminares sobre aspectos gramaticales, semántica, sintaxis y ortografía de las normas ya aprobadas, de modo de asegurar una redacción clara en la futura Carta Magna.
"evidentes problemas"
En el oficio, dirigido a la presidenta de la CC, María Elisa Quinteros, el constituyente Gómez advirtió que algunos de los artículos ya aprobados para el proyecto de Constitución "presentan evidentes problemas de redacción, gramaticales, ortográficos, semánticos o de sintaxis".
Al respecto, explicó que la solicitud tuvo por objeto "que mientras se vayan aprobando normas constitucionales, y antes de que se inicie la Comisión de Armonización, exista personal experto en lingüística o en el lenguaje castellano, para efectos de que puedan elaborar informes preliminares respecto de ortografía y temas semánticos y de sintaxis de las normas constitucionales".
En tal sentido, añadió que "nosotros, como convencionales constituyentes, no solamente tenemos la obligación de proponer un texto con contenidos constitucionales de fondo, sino que también las normas sean un ejemplo en estilo, en redacción, en sintaxis, en semántica, ya que ésta va a ser la Constitución que nos va a regir por los próximos 40 o 50 años, va a ser la Constitución que se va a enseñar en las escuelas de Derecho, y va a ser la Constitución que vamos a tener que dar a conocer de manera clara, con lenguaje fácil a la ciudadanía".
Lingüista concuerda
Consultado al respecto, el doctor en Lingüística Juan Pablo Reyes, académico de la Universidad de Playa Ancha (UPLA), coincidió con Gómez, por lo que calificó su requerimiento como "muy bueno", calificando el problema que advierte el convencional como "grave".
El lingüista remarcó que "el papel de la escritura en el proceso constitucional debe cimentar la unidad de un Chile plurinacional y debe redactarse con la intención de que se entienda de manera clara, precisa y concisa, sin que se tenga la necesidad de recurrir al espíritu de la letra, sino a su tenor literal, como decía Andrés Bello, destacado estudioso de la gramática y de las leyes escritas en lengua castellana".
Por su parte, el abogado constitucionalista Alan Bronfman, doctor en Derecho y académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), planteó que "el problema lingüístico tiene, entiendo, al menos tres caras: una de aplicación general, otra de efectividad y otra sistemática. La de aplicación general consiste en que las normas creadas, como mínimo, deben ser entendidas por los encargados de aplicarlas y por quienes resultan protegidos por ellas. Esto exige una redacción sencilla y nítida que permita, simplemente, entender lo que se quiere decir. Textos alambicados, frases largas, el uso del masculino y femenino en cada cargo, etcétera, hacen más difícil la comprensión de los mandatos".
Que tengan efecto
En tal sentido, advirtió que "hace ya bastante tiempo que se ha observado que el problema no solo es de aplicación, sino también de eficiencia. Si quiero que mis normas tengan efecto y se cumplan, debo diseñarlas para tal fin. Hay iniciativas de lenguaje claro en mi Escuela de Derecho que apuntan precisamente a esto. Pero es forma y fondo, no solo una cuestión que se reduce a una correcta gramática u ortografía. Jack Straw, el ministro de relaciones exteriores del Reino Unido, escribía el 2002 que una buena Constitución debía caber en el bolsillo de la chaqueta: 'lo más pequeño es lo mejor cuando se trata de constituciones'".
Lenguaje sistemático
El jurista agregó que "en términos estrictamente jurídicos, el lenguaje no solo debe ser bueno, claro y correcto: debe también ser sistemático, esto es, recibir una aplicación coherente a lo largo de todo el texto".
Consultado sobre qué tipo de problemas de orden jurídico podrían presentarse si ese lenguaje es el que finalmente queda plasmado en la Carta Magna, Bronfman indicó que serían "muchísimos. Problemas con la interpretación y aplicación de las normas, que pueden incluso alejarla de los propósitos de la mayoría convencional. ¿Tiene sentido que una misma palabra se utilice con dos significados distintos en la Constitución? ¿Puede darse a una expresión sentidos distintos de acuerdo a las normas constitucionales que se interpretan? ¿Qué se hará con los sentidos contradictorios u oscuros de una norma?".
Riesgos de la ambigüedad
Por otra parte, advirtió que "una vez vigente un texto constitucional, son sus intérpretes autorizados los que fijan su alcance y sentido en el supuesto de aplicación de que se trate. Si la norma no es clara, es confusa, la cuestión no es que no se aplique, sino si su aplicación se ajusta a la voluntad del constituyente. Una norma confusa permite evadir su cumplimiento, si hay interés en ello. Las normas pueden transformarse en ambiguas cuando no comprenden un determinado supuesto de aplicación, pero eso no es problema de la norma constitucional en un sentido propio".
Consultado sobre si cree necesario que la mesa directiva acceda a esta solicitud, a fin de asegurar una redacción clara que no dé lugar a distintas interpretaciones o algún otro tipo de inconveniente, Bronfman sostuvo que "sí, pero observo que el problema no se agota en los términos planteados por el oficio. Es una tarea que debiese integrarse a la comisión de armonización y allí, como dije antes, no sólo es una cuestión de forma, sino también de fondo".
"Esta va a ser la Constitución que vamos a tener que dar a conocer de manera clara, con lenguaje fácil a la ciudadanía".
Claudio Gómez, Constituyente Distrito 6
"Si la norma no es clara, es confusa, la cuestión no es que no se aplique, sino si su aplicación se ajusta a la voluntad del constituyente".
Alan Bronfman, Abogado constitucionalista, académico de la PUCV