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"Se ha hablado mucho de la tercera vía y yo no la descarto como solución"

La docente pide tener cuidado para que la propuesta de nueva Constitución no termine perdiéndose en una de minorías. Dice, además, que le llama la atención la ausencia de derechos sociales que sí estaban en las demandas de octubre de 2019, y analiza las normas del borrador que ponen en pugna a los poderes del Estado.
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A tres meses de que la Convención Constitucional deba entregar a la ciudadanía su proyecto de nueva Constitución, la profesora de Derecho Constitucional e investigadora de POLIS, Observatorio Constitucional de la Universidad de los Andes, Marcela Peredo, echa de menos que las demandas sociales que originaron este proceso en octubre de 2019 todavía no aparezcan entre los artículos ya aprobados en el Pleno.

Peredo, al igual que el mundo académico, está pendiente de lo que se está aprobando y rechazando cada día y proyectando cómo será la implementación de los cambios al sistema político y judicial, por ejemplo, y expectantes de cómo la ciudadanía irá catalogando el trabajo final.

- ¿Cómo evalúa lo que se está aprobando hasta ahora?

- A ver, creo que hay cuestiones que son muy distintas a lo que se ha hecho en la tradición constitucional chilena y, por lo tanto, habría que ver si eso va a tener asidero en la realidad constitucional del país. En el fondo, lo que estamos viendo es como pintar un cuadro, que uno pone algunos elementos, pero no tenemos el cuadro completo hasta que esté terminado.

- Faltan tres meses de debate y además el trabajo de armonización, que puede ser determinante para darle coherencia al texto, ¿no?

- Lo que pasa con la armonización es que uno la pude entender de dos maneras. Uno podría realizar un proceso en que se integran todas las normas para que no entren en contradicción o también un proceso en el cual pueda hacerse algo más profundo, como una revisión de las normas propiamente tales, aunque entiendo que la armonización es más de formas que de fondo de contenido.

- El tiempo se transforma en un enemigo que crece a medida que se acerca la fecha de entrega del documento.

- Sin duda. Ha habido bastantes discusiones sobre algunos temas que la gente ha ido viendo que dicen relación primero con los sistemas de justicia. Estuve viendo las normas de derechos políticos en que se cambia el sentido de la nacionalidad y de la ciudadanía. Hay una división y una preferencia por ciertas normas de que haya una constitución más bien propia de pueblos originarios; tiene mucho nicho en los pueblos originarios y les da derechos especiales a ellos. También, en otras materias de derechos fundamentales que han causado revuelo, sobre todo en la aprobación del aborto como un derecho, lo cual es complicado, porque son cosas en las que en principio no había consenso social, pero la Convención decidió aprobarla por el consenso que hay entre los 155, lo que no significa que necesariamente sea el consenso de la sociedad toda, a quien representa la Convención.

- ¿Qué está echando de menos?

- Me llama la atención en general la ausencia de derechos sociales. No se ha visto aún en el texto las demandas sociales que sí estaban en octubre del 2019.

- Pensiones, salud, vivienda, educación…

- Claro. En teoría, uno hubiera pensado que es el eje sobre el cual se movería la nueva Constitución, y si uno revisa lo que se ha aprobado, en realidad habla de los derechos en general y hace ciertos derechos específicos, bien, bien específicos, en relación al derecho sexual y reproductivo, por ejemplo, pero no aborda las materias de las demandas sociales que fueron las que motivaron la Convención. La verdad es que no se innova mucho. Tú puedes tomar un catálogo de las convenciones interamericanas de derechos humanos y puedes ver que incluye ahí todos los derechos: sociales, individuales, que tienen que ver con honra; libertad, igualdad, etcétera. Acá ese catálogo amalgamado yo no lo he visto, porque en definitiva lo que se ha hecho es sectorizar los derechos dependiendo de la calidad de las personas. Es decir, si usted es de pueblo originario y tribal, o si usted tiene que reivindicar derechos de las mujeres, con perspectiva de género, entonces tiene un derecho preferente. Pero en realidad los derechos, en sentido universal, como declaración universal de los derechos humanos o cartas -que existen muchas- con los derechos en que se pudo haber inspirado la Convención, no parecen haber sido muy novedosos. Tampoco los adopta, que para mí habría sido un referente. A mi juicio los tratados internacionales de derechos humanos y que están suscritos debieran ser referentes para adoptar a partir de ahí nuevos derechos que podrían ser incorporados.

- ¿Cómo definiría este proyecto?

- Es una Constitución de detalle. Uno puede elegir qué tipo de Constitución quiere, más allá del gusto y preferencia de cada uno. Hay constituciones que son desarrolladas y otras que son más bien breves. Esa clasificación uno se la enseña a los niños en primer año; entonces ¿qué ocurre? Este sería el típico caso de una Constitución desarrollada, parecida al modelo brasileño, ecuatoriano, que tienen muchos artículos y a partir de eso mucho detalle de la regulación de muchas cosas. La Convención está pensando en 500 artículos o algo por el estilo, lo cual es extenso.

- ¿Se está imponiendo una Constitución por un grupo, como han señalado algunos críticos?

- Yo creo que el nudo está en lo que tiene que ver con el poder constituyente, que está siendo este órgano, y su relación con los poderes constituidos, es decir, con el Congreso, el Ejecutivo. El nudo ahí que es lo que se conversó en la semana es el sistema político. Básicamente, cuando tú eliges un sistema político en el cual partes derogando ciertos órganos, como la Fiscalía o el Senado, lógicamente que pones a discutir los pesos y contrapesos del Estado. En el fondo cada una de las funciones tiene un rol que está claramente asignado, como ejercer las políticas públicas a través del Congreso, el Ejecutivo a tratar de poner en marcha esas leyes y el Poder Judicial unificado desde un lado. Eso es lo que siempre hemos visto y este borrador pone en pugna los controles entre los mismos poderes y esto es un problema para el futuro. Por eso digo que hay que ver si estas normas se cumplen en la práctica de la manera en que están estipuladas. Tal vez la idea era disminuir el trabajo legislativo de los senadores, pero me parece que es muy complejo terminar con una tradición de bicameralismo que viene en Chile desde las primeras constituciones. Los casos de unicameralismo que tenemos cerca, como Perú, Ecuador y Venezuela, no han sido grandes ejemplos de estabilidad política. Esta segunda Cámara, como Cámara revisora, es una que modera, y también representa a las regiones, y si esa Cámara está disminuida entonces su capacidad de revisión y moderación también está disminuida.

-¿Qué le parecen las modificaciones al Poder Judicial?

- A mí me preocupa el tema del nombramiento de este famoso consejo para la capacitación de los jueces. En Chile el Poder Judicial se estableció como un órgano técnico, más allá de los bemoles que puedan existir, que son perfectibles. Pero en definitiva esta idea de que el sistema de nombramientos provenga de una especie de comité, cambia la idea de lo que se ha hecho hasta ahora, que es una carrera judicial que tenía esta idea organizada, jerárquica, en relación a los méritos, a partir de una escala de de notas, con una propuesta en que participaban

La aprobación del aborto como un derecho es complicada, porque son cosas en las que en principio no había consenso social, pero la Convención decidió aprobarla por el consenso que hay entre los 155, lo que no significa que necesariamente sea el consenso de la sociedad toda".

Este sería el típico caso de una Constitución desarrollada, parecida al modelo brasileño, ecuatoriano, que tiene muchos artículos y mucho detalle de regulación de muchas cosas. La Convención está pensando en 500 artículos o algo por el estilo, lo cual es extenso".

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