El Gobierno anunció ayer una serie de cambios mayores a la estrategia sanitaria contra el covid-19. Según explicó la ministra de Salud, María Begoña Yarza, el actual sistema de fases que orienta al plan Paso a Paso será reemplazado el 14 de abril, a las 5 de la mañana, por uno de escenarios de riesgo, distinguidos por los colores del semáforo -rojo para el más riesgoso, amarillo para el intermedio y verde para el que permite mayor apertura-, cuya aplicación se hará sobre zonas geográficas específicas, sean comunas, regiones o territorios más pequeños, según lo determinen las condiciones de contagio y la presión sobre la infraestructura hospitalaria.

La misma autoridad confirmó que la próxima semana también se anunciarán modificaciones al plan Fronteras Protegidas -quizás el fin del PCR de entrada a turistas-, con el objetivo global de enfrentar una nueva fase de la pandemia, una que permite proyectar las mejores condiciones de normalidad desde marzo de 2020, cuando llegó el coronavirus al país.

Aunque puedan ser correctos en el fondo que persiguen, los cambios no fueron del todo bien comunicados y poco después del anuncio varios especialistas y autoridades expusieron sus inquietudes sobre cómo se aplicarán los nuevos criterios, cuándo se informarán las decisiones sobre los cambios de fase, cómo se delimitarán las zonas geográficas afectadas y, más preocupante aún, cómo impactan las nuevas reglas los protocolos vigentes en los colegios.

Aún mayor alarma genera el hecho de que toda esta reformulación quedó eclipsada por la decisión que pone fin a la exigencia de uso de mascarilla en lugares públicos, quizás una de las decisiones más esperadas por la ciudadanía, pese a que no genera una opinión unánime entre los especialistas. Ejemplo de esto último son las opiniones dispares expresadas por el presidente del Colegio Médico de Valparaíso, Ignacio de la Torre, quien apoya la medida y la justifica en los bajos índices de contagio que viven la zona y el país en general, y la del jefe de la Unidad de Infectología del Hospital Carlos van Buren de Valparaíso, Gonzalo Wilson, quien aseguró en estas mismas páginas que "el nivel del virus circulante no hace todavía apropiado el poder tomar la decisión de levantar el uso obligatorio de la mascarilla, aunque sea en espacios abiertos". La pregunta instalada es quién esperará hasta el próximo 14 de abril para dejar de usar mascarilla en lugares públicos. Como lo aprendió a punta de críticas el gobierno anterior, en periodos de pandemia se debe cuidar de forma excepcional la comunicación de riesgos y la información sobre los cambios deben abarcar mucho más allá de la cartera de Salud, para involucrar también a gobiernos regionales y municipios. Nada de eso parece haber ocurrido ayer, en otro signo preocupante sobre el manejo de la pandemia, luego del quiebre de stocks de vacunas ocurrido hace unas semanas.

Hemos visto con asombro y preocupación el aumento de la frecuencia y gravedad de los casos de violencia en las comunidades escolares. El Ministerio de Educación dio a conocer 1.500 denuncias, de las cuales un 30% corresponden a hechos de violencia, y la Subsecretaría de Prevención del Delito alertó sobre 32 casos críticos en los entornos de establecimientos educacionales de comunas pertenecientes al Sistema Lazos, entre los que se registran balaceras y golpizas.

Como Colunga, llevamos más de 10 años trabajando en contextos de vulnerabilidad. Sabemos que la violencia es un fenómeno estructural en nuestra sociedad y que los colegios son más que recintos de aprendizajes de conocimientos formales, son también uno de los pocos espacios seguros que tienen miles de niñas, niños y adolescentes en situación de pobreza y vulnerabilidad. No podemos dejar que pierdan esos espacios.

¿Es la desocialización de la pandemia el gatillante en el aumento de esta violencia? Distintas autoridades y personas expertas en la materia han dicho que sí, que la pérdida de herramientas socioemocionales y el deterioro en la salud mental que han vivido las niñas, niños y adolescentes en los últimos dos años, sumado al encierro que implicó la crisis sanitaria, entre otros factores, pueden explicar este aumento, pero su existencia es anterior y un fenómeno que excede nuestras fronteras.

Tenemos la convicción, y la evidencia lo demuestra, que la violencia está vinculada a la desigualdad y a la vulnerabilidad. En Chile, más de 700.000 niñas, niños y adolescentes sufren pobreza por ingresos, más de 200.000 viven en extrema pobreza y más de 186.000 están desescolarizados, por lo que asegurar los mínimos vitales, revertir la escalada de violencia en las calles y volver a hacer de los colegios lugares seguros es un imperativo del que debemos hacernos cargo como sociedad.

Nuestra colaboración con decenas de organizaciones trabajando en el territorio nos muestra que requerimos de un piso de protección social que, en coordinación con la acción integral de las instituciones educacionales, nos permita regenerar el tejido social y la confianza que hemos visto erosionarse en estos años de crisis social y pandemia.