Sebastián Mejías O.

Como una gestión de más reacción que de acción, incluida una buena dosis de improvisación, califica la diputada de Renovación Nacional por el Distrito 6, Camila Flores, lo hecho hasta ahora por el Gobierno de Gabriel Boric. Principalmente, hay dos cosas en las que no se confía del futuro: la primera es que al ser del Partido Comunista la delegada presidencial regional, Sofía González, pueda dejar de lado sus prejuicios para aplicar mano dura en el control de la inseguridad y la delincuencia; la segunda, que el Ejecutivo "no le meta mano a los fondos de pensiones".

- Las últimas semanas han sido difíciles en materia de seguridad. ¿Percibe algo más que palabras en la gestión del Gobierno y, en particular, de la delegada presidencial sobre delincuencia?

- La gestión del Gobierno en términos de seguridad, tanto a nivel central como en nuestra región, ha sido sumamente deficiente. En las últimas semanas vimos hechos de alta connotación que son dramáticos, mientras el Presidente decide nombrar a una mujer comunista a la que no le gusta ejercer la fuerza y la represión legítima. Esa es la razón por la que no hemos visto ningún tipo de acción concreta de su parte. Hasta el minuto, y siguiendo la línea del Gobierno central, de la delegada solo hemos tenido palabras de buena crianza, emocionalidad y mucha retórica, pero nada de acciones concretas y de contenido.

"Aterrizaje forzoso"

- Pese a haber sido oficialista, usted criticó bastante al anterior Gobierno por su incapacidad en estos temas. ¿De qué manera la gestión de Boric podrá pasar de la retórica a la acción?

- Si el Presidente dice que tuvieron un despegue con turbulencias, yo le digo que más bien fue un aterrizaje forzoso hacia la realidad. Recién ahora se están dando cuenta para qué los chilenos los eligieron y cuál es el mandato que tienen. Lo que se le pide al Gobierno es que haga su trabajo, primero, invirtiendo fuertemente en las policías tanto en infraestructura como en equipamiento y, además, dando señales de apoyo político y concreto a las policías y a las FF.AA. Ojalá que ejerzan un trabajo coordinado con ellas, que les de certezas de que estarán protegidos, resguardados y respaldados por sus autoridades.

- ¿Otra cosa es con guitarra? Usted misma lo dijo varias veces.

- La ministra Siches y el Gobierno deben entender que ya no son dirigentes sindicales y que esto no es asambleísmo universitario. La luna de miel con la calle se les terminó. Por ejemplo, con respecto a la violencia en La Araucanía, incansablemente les repetimos que los terroristas no querían dialogar ni creían en la democracia, mientras ellos decían que no era así, que nosotros estábamos haciendo una campaña del terror. Sin embargo, llegaron y bienvenidos a la realidad y lo que es ser gobierno. La ministra Siches creía que por hablar de Wallmapu iba a recibir un trato distinto, pero la realidad la golpeó en la cara.

- Antes habló de la fuerza como el único recurso capaz de resolver el problema de la delincuencia. ¿Lo mismo con La Araucanía?

- La única manera de resolver el conflicto en La Araucanía es la fuerza y ese diagnóstico se tiene que aplicar a todo Chile. Al tener el monopolio legítimo de la fuerza, el Estado debe combatir con todo a delincuentes comunes y terroristas, si no, desgraciadamente, esta será una bola de nieve que no parará de crecer. Paralelo a eso, el Gobierno tendría que hacer una reforma estructural al sistema de Justicia para modernizar el Código Penal y que deje de ser garantista. Hoy día los jueces garantistas son mayoría en nuestro país y no están haciendo su trabajo, de detener a los delincuentes todo el tiempo que sea necesario en las cárceles.

Quinto retiro de fondos

- ¿Pertenece al grupo de los que defiende un nuevo retiro por un tema de popularidad?

- Pasa que siempre defiendo cosas impopulares, así que no lo hago, en ningún caso, por popularidad, sino por mis convicciones y porque estoy segura de que se viene el manotazo a nuestros fondos de pensiones.

- ¿No confía en la promesa del Gobierno de que nadie tocará los ahorros de los trabajadores?

- En la Comisión de Constitución, y delante de todos, les dije a los ministros Marcel y Jackson que no les creo. Ver para creer. Ellos dijeron que harían muchas cosas, comprometiéndose a una cosa que, para mí, es fundamental, relativa a dejar establecido en la reforma al sistema de pensiones que se garantice el derecho de propiedad de los fondos actuales y futuros de los trabajadores. Que en ningún caso se plantee la idea de hacer un sistema de reparto, donde todos recibirán lo mismo, tanto los que trabajaron mucho y los que nunca le trabajaron un día a nadie. Para eso, no estoy disponible.

- Pero sí está disponible a que el Gobierno declare inexpropiables los fondos de pensiones. ¿Eso cambiaría su posición con respecto a los retiros?

- Si el Gobierno me garantiza, como se supone que va hacer, que efectivamente quedará establecido el derecho de propiedad en este proyecto, me opondré a los retiros. Sin embargo, para que eso se dé el Gobierno deberá cumplir otra condición, que tiene que ver con la nueva Constitución: solo si el Gobierno persuade a la Convención de establecer el derecho de propiedad de los fondos de pensiones actuales y futuros, me opondré a los retiros.

- ¿El proyecto del Gobierno no le hace sentido para nada?

- No me hace sentido en lo más mínimo y por una cuestión fundamental. Yo creo en la libertad y en que las personas tienen derecho a elegir lo que hacen con su plata. No puede el Gobierno decirles a los trabajadores que pueden hacer un retiro, pero en base a lo que Boric diga. Es una cuestión de locos. Jamás me imaginé que íbamos a tener a un Gobierno comunista legislando a favor de los bancos, de las empresas sanitarias y de las eléctricas. Porque a esos grupos beneficia el proyecto de retiro del Gobierno.

"Cero acción en todo"

- En definitiva, cree que el Gobierno actúa en base a la improvisación.

- Me parece que el Gobierno ha tenido cero acción en todo. O sea, el martes ingresó, entre gallos y medianoche, un proyecto de retiro reaccionando a los hechos; porque el gobierno no se anticipa, reacciona a los hechos. Parafraseando a la ministra Izkia Siches, las chambonadas de este gobierno ya son de toda índole y en todas las materias. Al final del día, te das cuenta de cómo, desgraciadamente, están teniendo una improvisación brutal.

"Si el Presidente dice que tuvieron un despegue con turbulencias, yo le digo que más bien fue un aterrizaje forzoso hacia la realidad".

"No defiendo un retiro por popularidad, sino por mis convicciones y porque estoy segura de que se viene el manotazo a nuestros fondos de pensiones".

El pasado martes, el pleno de la Convención votó, en general y particular, el tercer informe de la Comisión de Forma de Estado, aprobando por 108 votos a favor, 17 en contra y 21 abstenciones, el artículo referido a la autonomía financiera de las entidades territoriales y comunales.

La norma, que pasó al borrador de la nueva Constitución, plantea que las entidades regionales "gozarán de autonomía financiera en sus ingresos y gastos para el cumplimiento de sus competencias, la cual deberá ajustarse a los principios de suficiencia, coordinación, equilibrio presupuestario, solidaridad y compensación interterritorial, sostenibilidad, responsabilidad y eficiencia económica".

Para el académico y director del Centro de Políticas Públicas de la UC, Ignacio Irarrázaval, se trata de un principio importante, en "términos de que las regiones y los municipios podrán tener capacidad de decidir el manejo de sus recursos". Dice que, como principio, "es bien positivo, aunque hay una dificultad dada porque, hasta ahora, hay muchas normas que no establecen límites operativos".

Se trata, para Irarrázaval, de que la autonomía financiera debe ir de la mano con una buena "coordinación, solidaridad y equidad con otras regiones que podrían quedar en desventaja y con las que hay que contribuir". "Nos falta entender cómo es que estos principios se articulan y como se operacionalizan con la idea de la generosidad y unidad nacional", agregó.

De todas formas, el académico de la UC insistió en que se trata de un principio fundamental, "porque actualmente los recursos que el gobierno central le transfiere a las regiones vienen supeditados con una serie de requisitos". Rigideces burocráticas y operativas que le impiden a las comunas y a las regiones, argumenta Irarrázaval, asignar los recursos de acuerdo a las necesidades que se ven en terreno.

Certezas a las regiones

En palabras simples, lo aprobado por el pleno debería permitir, a juicio de Ignacio Irarrázaval, "que las regiones asignen mejor sus recursos y que estos estén asegurados". Hoy día, al contrario, pasa que los recursos ingresan a las regiones en la medida en que éstas los gastan, "existiendo, en ese sentido, elementos de discrecionalidad".

Para el experto en derecho de la descentralización de la Universidad Central (UCEN), Benoît Delooz, se trata de que, por ahora, "no hay que confundir autonomía financiera con autonomía fiscal, puesto que las regiones solo gozarán de una parte de la primera, recibiendo sus recursos del exterior, es decir, del gobierno central". Por ejemplo, advierte que si se mantiene algo del sistema actual que rige a las municipalidades, "su capacidad fiscal será más bien limitada".

"Todo dependerá de una ley posterior que autorice esos entes territoriales a levantar impuestos", recalca Delooz.

El experto añade que "ya el artículo 27, inciso primero, aprobado por el pleno, señala que será competencias de las regiones establecer contribuciones y tasas dentro de su territorio previa autorización por ley, o sea, una vez más será la ley nacional la que fije las reglas del juego".

"Las regiones solo gozarán de una parte de autonomía financiera, ya que sus ingresos llegarán desde el gobierno central".

Benoît Delooz, Académico de la UCEN