El diálogo respetuoso y abierto es un 'abrir la puerta' a que ocurran cosas, debemos posicionarlo como una necesidad que, como establece el Papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti, 'facilita una nueva cultura y ayuda discretamente al mundo a vivir mejor".

Como si alguien te hablara en otro idioma, de manera confusa o intentara por todas las formas expresarte algo sin poder hacerlo y sin entender. Así es como experimenta un diálogo una persona en situación de discapacidad cognitiva, visual, auditiva o neurodiversa si es que no hay una intención de la contraparte de adecuarse y adaptarse a las formas.

Resolver esto implica modificar nuestro actuar, cambiar en algunos aspectos, salir de nuestra "zona de confort" y entender la comunicación como algo más allá de los límites que tradicionalmente lo definen.

El adaptar las formas de diálogo, otorgar oportunidades sin brechas y reconocer las distintas capacidades, es a lo que apunta la ley 21.015 sobre Inclusión Laboral que este primero de abril de 2022 cumplió cuatro años desde su entrada en vigencia, que obliga a las empresas de más de 100 colaboradores a reservar un 1% de su dotación a personas en situación de discapacidad.

A pesar de evidenciar pasos significativos a lo que respecta la inclusión, la evaluación al avance de la ley aún debe inquietarnos y movilizarnos: a diciembre del año 2021 solamente se ha registrado una ocupación de un 38% de los potenciales cupos laborales existentes y un 39,5% de cumplimiento en base al total de empresas obligadas.

Lo anterior sin duda saca a flote la necesidad de una mayor fiscalización, fortalecer las medidas para su cumplimiento y un mayor compromiso de los actores relevantes; que las empresas adhieran a entender la inclusión laboral no como una mera obligación, sino como respuesta a la necesidad de diálogo social; abrir oportunidades para quienes han sido por largo tiempo excluidos, y reconocerlo como una enriquecida oportunidad de construir comunidades diversas, flexibles y justas, como quien genuinamente hace el esfuerzo de adaptarse para conversar entre diferencias, entendiendo cuánto podemos ganar cuando sumamos fuerzas, cuando llegamos a acuerdos y entendimiento pese al esfuerzo dispuesto.

El abrir oportunidades y espacios en la sociedad a personas en situación de discapacidad no es excluyente, es tarea de todos y todas como ciudadanos; es mantener un diálogo constante pese a las diferencias, adecuando lo que sea necesario y reconociendo el valor de realizado.

La palabra diálogo debe ser una de las más ocupadas en estos últimos 30 días, y no es menor el hecho de que este concepto esté siendo transversalmente utilizado en muchos aspectos de nuestro día a día. Lo hemos escuchado en el primer mes del gobierno entrante y su período de instalación; en las comunidades escolares acechadas por las consecuencias de la pandemia en sus estudiantes y familias; en el proceso constituyente ad portas de proponer una nueva carta constitucional; en las comunidades fronterizas y el problema migratorio; en el sector de la macro zona sur y el conflicto territorial mapuche, y así suma y sigue.

La palabra diálogo, definida como un intercambio recíproco de información con la clara participación alternada de dos o más individuos, aflora como un quehacer imperante al momento de querer recobrar la confianza, rearmar las piezas rotas de comunidades fracturadas, y no como una solución sino que como un primer piso para comenzar a trabajar en conjunto, en resumen "volver a sentarnos a la mesa" como punto de partida.

El diálogo respetuoso y abierto es un "abrir la puerta" a que ocurran cosas, debemos posicionarlo como una necesidad que, como establece el Papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti, "facilita una nueva cultura y ayuda discretamente al mundo a vivir mejor".

Pero con el solo diálogo nos quedamos cortos si es que no hay una real voluntad de humanizar el diálogo, que no es más que un trato en base a la empatía, a un trato personalizado, el reconocer que en la contraparte hay un ser humano de igual dignidad, asumiendo lo difícil que es dejar de lado nuestras creencias, ideologías, nuestras condenas y juicios personales, todas ellas, nuestra mayor discapacidad como sociedad. 2

Director ejecutivo

Asociación de Padres y Amigos

de Personas con Discapacidad, ASPADE

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Podríamos decir que un meteorito cayó sobre la Lista del Pueblo cuando Rodrigo Rojas Vade reconoció que no tenía cáncer y que había inventado la enfermedad. Fue el principio del fin de este grupo que terminó cometiendo las mismas prácticas que había criticado".

En la teoría, el plan funcionaba. La lista del pueblo, un conglomerado conformado por personas comunes y corrientes, ajenas al mundo político, la corrupción, el elitismo y todos los vicios del sistema político chileno, cumplió con el sueño de crear una asociación que reuniera a las "trabajadoras y trabajadores, profesionales, dueñas de casa y personas que soñaban con construir un país mejor, para todas y todos".

Como si se tratara de una revelación, este grupo parecía alcanzar ese modelo virtuoso con el que soñó alguna vez el anarquista ruso Mijaíl Bakunin, de una organización social estructurada "solamente de abajo a arriba, por la libre asociación y federación de los trabajadores, en las asociaciones primero, después en las comunas, en las regiones, en las naciones y finalmente en una gran federación internacional y universal".

En esta misma línea, sus miembros se autoproclamaron como los autores del estallido social: "Somos quienes hemos vivido y crecido en la inequidad y la desigualdad, somos quienes nos levantamos un 18 de octubre para decir basta".

Aunque contrarios al acuerdo del 12 de noviembre, tomaron la decisión de participar del proceso constituyente con el fin de ser ellos, en realidad "nosotres, los y las independientes", los encargados de escribir la nueva constitución.

El espectacular resultado electoral en la Asamblea Constituyente, con 27 representantes, parecía dejarlos encaminados a una revolución del sistema político que acabaría con las viejas estructuras e instalaría una democracia participativa y directa.

Entre los rostros más llamativos estaban Giovanna Grandón, quien se hizo conocida como la "Tía Pikachú", Francisco Caamaño, Ivanna Olivares, Marco Orellano y Tania Madriaga, ex directora de la SECPLA de Valparaíso.

Sin embargo, en el momento en que la Lista del Pueblo parecía una locomotora sin frenos, dispuesta a arrasar con las viejas prácticas de la política, el SERVEL encendió las alarmas y rechazó por unanimidad la candidatura de Diego Ancalao Gavilán a la Presidencia de la República por no cumplir el requisito de presentar un número de firmas válidas. El bochorno fue completo cuando se supo que muchos de los patrocinios se habían realizado con la firma y timbre del notario Patricio Zaldívar, quien había fallecido en febrero del 2021 y cuya notaría había dejado de funcionar hace cuatro años.

Sin embargo, el desastre completo vino después. Podríamos decir que un meteorito cayó sobre la Lista del Pueblo cuando Rodrigo Rojas Vade, uno de los convencionales más emblemáticos de este conglomerado, reconoció que no tenía cáncer y que había inventado la enfermedad para beneficiarse con la lástima del resto. Ahí se inició el principio del fin de este grupo que terminó cometiendo las mismas prácticas que había criticado y que les había dado sentido como asociación.

Después de poco más de 200 días de esa confesión y en un proceso de desmembramiento continuo, esta semana se retiró el último miembro de la famosa Lista del Pueblo: Cristián Andrade. Las razones las explicó en un comunicado en el que argumentaba que el grupo se había alejado de los objetivos planteados al inicio y porque, además, algunos integrantes de la Lista habían comenzado una campaña de desprestigio contra el trabajo de la Convención a través de noticias falsas.

Finalmente, Andrade, paradójicamente, se hizo famoso por disfrazarse de dinosaurio. Con su renuncia a la Lista del Pueblo, se extinguió la última víctima de este meteorito llamado Rojas Vade y con la partida del dinosaurio azul se acabó la representación de este partido de la Convención Constituyente. 2

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